Crítica:
El texto original es una mina de oro de irregularidades, pero falla al no cuestionar por qué se permitieron siete emergencias consecutivas. Es un manual de cómo saltarse la ley mediante la insistencia administrativa.
El segundo de Marlaska insistió en pagar 23 millones para controlar pateras tras descartar un contrato de 20 millones
El 'milagro' de los 23 millones: Gauzón gana
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Hacienda pierde el rastro de 20 millones
Hacer una donación al Estado es como tirar una moneda en una fuente pública: te quedas con la esperanza de que el deseo se cumpla, pero rara vez ves dónde acaba el metal. El Ministerio de Hacienda ha jugado al escondite con el dinero de la gente. De los 30.059.766,60 euros que los ciudadanos depositaron con el corazón en la mano tras la dana del 29 de octubre de 2024, solo han sabido explicar qué pasó con un tercio. Diez millones han salido del saco, repartidos en dosis quirúrgicas de 126.583 euros para municipios como Valencia, Paiporta, Chiva o Torrent. Un reparto tan equitativo que parece diseñado con regla y cartón, ignorando que el barro no golpea a todos por igual. Pero aquí viene el truco de magia. Los otros 20,06 millones de euros han entrado en la cuenta operativa del Tesoro Público y, desde entonces, han desarrollado la capacidad de invisibilidad. Hacienda se lava las manos con una pirueta burocrática: dicen que ellos solo 'reciben y trasladan', y que la Intervención General de la Administración del Estado es quien lleva la libreta de cuentas. Es el clásico 'no me mires a mí, pregúntale al de al lado' mientras el dinero público flota en un limbo administrativo sin calendario, sin remanentes claros y sin un ápice de transparencia. Mientras tanto, Bruselas juega en otra liga. Ursula von der Leyen ha desplegado la artillería pesada con 846 millones del Fondo de Solidaridad Europeo, que se suman a los 100 millones anticipados en marzo de 2025. En total, 945 millones para reconstruir puentes y limpiar el desastre que dejó 230 muertos. El contraste es obsceno: mientras la UE mueve montañas de capital con precisión europea, el Tesoro español parece haber perdido la factura de 20 millones de euros de los donantes.
Zapatero y el 'rescate' exprés de Plus Ultra
Hay quien gestiona la cosa pública y hay quien la usa como si fuera el cajero automático de su mejor amigo. El juez Calama ha empezado a limpiar el polvo de los archivos y lo que ha encontrado no es un error administrativo, es una coreografía de influencias. Resulta que Plus Ultra, una aerolínea que necesitaba un oxígeno urgente, no buscaba un análisis técnico serio —de esos que te dicen que no eres viable—, sino un '100% de seguridad' en el cobro de un rescate de 53 millones de euros. Básicamente, querían que el dinero llegara sin que ningún técnico se pusiera la gafa de auditor y empezara a hacer preguntas incómodas. Para ello, el 'pana' Zapatero habría operado desde la sombra, coordinando la jugada con su secretaria, Gertrudis, y el presunto testaferro Julio Martínez, alias 'Julito'. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren la tasa de basuras, aquí se hablaba de mover 53 millones de euros de todos los españoles mediante una 'finance boutique' diseñada para camuflar los pagos. La UDEF lo tiene claro: una estructura donde Manuel Aarón Fajardo y Julito hacían de lugartenientes, mientras se intentaba primero un préstamo del ICO vía Banco Santander y, al fallar, se saltaron al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) gestionado por la SEPI. Incluso intentaron tocar la puerta de José Luis Ábalos a través de Koldo García Izaguirre. Zapatero ya acumula seis imputaciones judiciales: desde tráfico de influencias hasta blanqueo de capitales. Se ha presentado ante la Audiencia Nacional con las manos vacías, dejando que los chats y los correos electrónicos hablen por él. Al final, el 'respaldo estratégico' resultó ser un puente demasiado corto para evitar la justicia.
Red.es: Tres ofertas leídas y un 4000% de beneficio
Imagínate que vas a comprar un coche y, entre 21 concesionarios, solo te molestas en abrir los folletos de tres porque un 'amigo' te ha dicho que uno es el bueno. Pues eso es, a escala industrial, lo que ha montado Luis Prieto en Red.es. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, Prieto decidió que leer 18 ofertas era un esfuerzo excesivo para su agenda. Simplemente pidió que le enviaran por correo los papeles de la UTE The Valley-Barrabés, Everis y Santillana, ignorando el enlace con el resto de candidatos como quien ignora los términos y condiciones de un software. La UCO ha destapado un mecanismo de relojería donde la meritocracia fue sustituida por el 'estilo Barrabés'. Según el informe, la consigna era clara: «Barrabés es la buena. Las otras hay que bajar sí o sí». Un ejercicio de honestidad brutal que haría palidecer a cualquier auditor. Para que nos entendamos, es como si en un examen el profesor decidiera que tú tienes el 9,5 asegurado y que a los demás, aunque hayan estudiado, hay que bajarles la nota para que no te alcancen. Así, Datamaox Training SLU vio cómo su 9,8 se evaporaba hasta un 8,5, mientras que CICE SA sufrió un sablazo de 2 puntos enteros. Lo más delirante es que Prieto firmó solo, aunque nueve personas de Economía Digital estaban en el ajo. Todo este despliegue de 'ingeniería de valoración' ocurre mientras el máster de Begoña Gómez disparaba los contratos públicos de las empresas de Juan Carlos Barrabés en un asombroso 4000 %. No es que el viento soplara a favor; es que habían instalado un turborreactor en el presupuesto público el 16 de marzo de 2021, fecha en que Pepa Gallego confirmó que el jefe solo había leído las tres ofertas elegidas. Una gestión impecable, si lo que buscas es que el dinero público llegue siempre al mismo destino.
Balas: el guardia que asusta al Gobierno
En este país, donde el mérito suele medirse por la capacidad de lamer botas o por el apellido que llevas en el DNI, aparece Antonio Balas. El teniente coronel, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, ha decidido jugar al juego más peligroso de todos: hacer su trabajo. En el tablero del poder, eso es casi un deporte extremo. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez intenta gestionar sus crisis con la sutileza de un elefante en una cacharrería, Balas se ha convertido en el dolor de muelas de la Moncloa, especialmente al poner la lupa sobre David Sánchez y el entramado de influencias que rodea al presidente. La respuesta del sistema ha sido la clásica: activar la maquinaria de la 'cloaca'. Según el abogado Ángel García Calle, el despliegue de Leire Díez para torpedear las investigaciones ha llegado a niveles surrealistas, con frases que parecen sacadas de una película de mafiosos de tercera categoría: 'Si está muerto, mejor'. Es el contraste sangrante: por un lado, la ingeniería del poder intentando borrar rastros; por otro, un paisano de Puebla de la Reina que ha escalado la jerarquía de la Guardia Civil sin necesidad de un Padrino político, basándose solo en una humildad que hoy parece una especie en extinción. Ahora, la calle responde. García Calle impulsa la Medalla de Extremadura para Balas, quien ha navegado contra la corriente en una tierra donde el caciquismo es tan común como el jamón ibérico. Se habla incluso de darle una calle en cada pueblo si Sánchez acaba encarcelado. Es la justicia poética de barrio: premiar al que no se dobló ante el chantaje ni el miedo, mientras otros usan la Diputación de Badajoz como una oficina de colocación para alcaldes derrotados pagada con el sudor del contribuyente.
Trucos con las notas para el amigo
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en la administración pública parece que el mérito es tener el teléfono adecuado. La UCO ha destapado un festín de 'creatividad contable' en Red.es que hace que cualquier examen de primaria parezca un proceso riguroso. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para que no le cobren un recibo de más, en los despachos se coordinaban para que la oferta de Juan Carlos Barrabés fuera 'la buena'. Literalmente, los correos intervenidos son el manual del impostor: 'las otras han de bajar sí o sí'. Una ingeniería de notas donde el criterio 3 no era una evaluación técnica, sino un mando a distancia manejado desde los escalones superiores para limpiar la pista al amigo. El sablazo no es pequeño. Hablamos de un contrato de apoyo para la oficina AceleraPyme valorado en 4 millones de euros, financiados con fondos europeos. Dinero que, en teoría, debería impulsar la digitalización, pero que acabó sirviendo para poner a prueba la flexibilidad moral de los evaluadores. La UCO ha pillado que se 'radicalizaron' las puntuaciones y que se ignoró la falta de un 'libro blanco' indispensable para Innova Next (socia de KPMG). Es el clásico truco de magia: ignorar el requisito clave para que el elegido llegue a la meta sin sudar. Ahora el juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada por prevaricación y fraude a la UE. El caso vuelve al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras un baile procesal con la Fiscalía Europea. Mientras tanto, Begoña Gómez, Barrabés y la asesora Cristina Álvarez siguen en el centro de un tablero donde las reglas parecen escritas con lápiz y goma de borrar para que el resultado siempre sea el mismo.
Sánchez: Maquillaje económico y hambre real
El Gobierno se ha pasado la última temporada vendiéndonos que España es el alumno aventajado de Europa, el 'crack' del crecimiento. Pedro Sánchez presume de que dejará el país mejor, pero el relato tiene más agujeros que un queso gruyere. La realidad es que nuestra economía está bajo anestesia: la sostienen con inyecciones masivas de dinero público que, en cuanto se retiren, nos dejarán en coma. Es como intentar mantener una fiesta viva a base de tarjetas de crédito cuando la cuenta corriente está en números rojos. Mientras el Ejecutivo maquilla el PIB nominal usando la inflación como corrector de ojeras, la calle siente el sablazo. Desde que Sánchez aterrizó en Moncloa, el PIB per cápita en paridad de poder de compra ha empezado a retroceder frente a la media de la UE, perdiendo la posición que teníamos en 2017. Estamos haciendo la 'política del cangrejo': caminar hacia atrás mientras nos dicen que avanzamos. Países como Eslovenia, que antes ni mirábamos, ya nos han pasado por la derecha en prosperidad real. El truco consiste en inflar el gasto público para expulsar a la inversión privada y cambiar el nombre de los contratos temporales a 'fijos-discontinuos' para que la estadística sonría, aunque el empleo real no se mueva un milímetro. Pero los números de Eurostat no mienten y son demoledores: el 25,7% de la población está en riesgo de exclusión social, casi cinco puntos por encima de la media europea. Lo más doloroso es la pobreza infantil, que clava un 28,4%, situándose 8,8 puntos por encima del promedio de la UE. Al final, entre el intervencionismo, la inseguridad jurídica y una presión fiscal que asfixia hasta al que no tiene nada, el legado es un retroceso sistémico. Nos prometieron un jardín y nos han dejado un solar con la factura del agua sin pagar.
Guardia Civil: 'ponerse de perfil' y cloacas
En la Guardia Civil han decidido jugar al juego de la 'memoria selectiva'. Cuatro generales se han plantado ante el juez Santiago Pedraz para explicar que abrir expedientes internos contra la UCO por filtraciones 'no es habitual'. Traducido al lenguaje de la calle: es como si el portero de tu comunidad te dijera que no es normal que revisen las cámaras de seguridad, justo cuando se han perdido tres paquetes de Amazon en el rellano. Una carambola narrativa fascinante. El escenario es el caso de las 'cloacas del PSOE', donde se sospecha que desde el corazón del partido se montó un sistema de tuberías para desviar causas judiciales que molestaban al entorno de Pedro Sánchez. Aquí entran en juego tres expedientes reservados contra agentes de la UCO, que parecen ser el 'castigo' por hablar de más. Mientras tanto, la directora general, Mercedes González, admite haber tenido tres encuentros con Leire Díez, la supuesta 'fontanera' encargada de limpiar el camino y desacreditar a los investigadores. Lo más delirante llega con el general Alfonso López Malo y el general Rafael Yuste. Estos admitieron que el anterior director, Leonardo Marcos, y el DAO, Manuel Llamas, sugirieron en julio de 2024 que se 'pusieran de perfil' en investigaciones con tinte político. Básicamente, que no fueran proactivos, que no remaran demasiado fuerte y que dejaran que el juez hiciera el trabajo sucio. Un 'estén quietos y no molesten' institucional para evitar que el caso del hermano de Sánchez cogiera demasiada velocidad. Yuste añadió que el 27 de mayo le pidieron un organigrama detallado de quiénes investigaban al presidente. Todo esto envuelto en una reunión el 29 de mayo de 2025 donde la directora González le dio un abrazo virtual de apoyo al teniente coronel Antonio Balas. Un despliegue de lealtades donde la verdad es el único elemento que no tiene plaza en el organigrama.
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