Crítica:
La noticia es un despliegue de datos jugosos, pero falla al no profundizar en la conexión directa entre los pagos ofrecidos y quién ponía la firma en el cheque. Mucho 'se dice' y poca trazabilidad bancaria expuesta.
Carmen Pano confirma al juez que la abogada de Koldo intentó sobornarle en nombre de "gente del PSOE"
Boda, piso y coche: el menú Ferraz
Otros artículos
Regularización: El Gobierno falla por el doble
El Gobierno ha vuelto a jugar al Monopoly con la realidad y, como siempre, ha perdido la partida antes de tirar los dados. Cuando lanzaron el proceso de regularización extraordinaria, los despachos oficiales nos vendieron que habría unos 500.000 beneficiarios. Una cifra redonda, cómoda, casi de catálogo. Pero la calle, esa que no entiende de hojas de Excel optimistas, ha respondido con un bofetón de datos: entre 1,2 y 1,3 millones de personas han pedido sus papeles. Es decir, el Ejecutivo no es que se equivocara por un margen aceptable, es que calculó el presupuesto de una cena para cinco y se ha encontrado con un banquete para doce. Mientras los ministros se miran el ombligo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se frota las manos con la ironía de quien avisó y no le hicieron caso. Los especialistas policiales ya hablaban de 1,25 millones de solicitudes. Ahora, la broma pesada pasa de la estadística al barro. Las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras están operando en modo supervivencia, ahogadas en un mar de expedientes y verificaciones documentales sin que nadie haya tenido la brillante idea de enviar más personal. Es la clásica gestión de 'estirar el chicle' hasta que se rompe. Lo mejor llega ahora. El SUP advierte que las unidades de Documentación de la Policía Nacional, que ya estaban saturadas en Madrid y Barcelona —donde conseguir cita previa es más difícil que ganar la lotería—, deberán gestionar la toma de huellas y la expedición de las TIE. El Gobierno ha reforzado algunas áreas administrativas, pero ha dejado la cocina (la identificación y el papeleo real) con el mismo personal de siempre y unas retribuciones que parecen una broma de mal gusto. Planificar la regularización de un millón de personas sin reforzar quien firma el papel es como comprarse un Ferrari y no tener gasolina para salir del garaje.
Bono: Soles caribeños y sombras fiscales
Hay quien dice que jubilarse es descansar, pero para la vieja guardia del PSOE parece ser el momento ideal para dedicarse a la 'consultoría creativa' en el Caribe. José Bono, que hace seis años se consiguió la nacionalidad dominicana como quien pide un menú del día, ha pasado de los despachos de Madrid a asesorar en la sombra la reestructuración de las Fuerzas de Seguridad de la República Dominicana. Un trabajo muy noble, si no fuera porque Estados Unidos ha decidido que sus actividades son, digamos, 'poco transparentes'. Washington no se anda con chiquitas. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, Bono y su círculo, donde destaca el exdiputado Juan Segovia, habrían montado un chiringuito de inversiones millonarias en energía solar. Lo curioso es que estos contratos, avalados por la Comisión Nacional de Energía, son como los calcetines perdidos en la lavadora: no aparecen en ningún registro oficial. Una ingeniería financiera donde el rastro del dinero es más invisible que la honestidad en un mitin electoral. El cerco se ha cerrado tras la cumbre 'Escudo de las Américas' en Florida el pasado marzo, donde Luis Abinader recibió el 'tirón de orejas' de la Administración Trump para limpiar el patio de juegos de la impunidad. Y es que el aire huele a quemado desde el 19 de mayo, cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado en la causa de Plus Ultra. Resulta casi cómico que el Departamento del Tesoro de EEUU estuviera esperando a Zapatero en el aeropuerto de Las Américas para evitar que se escapara a Caracas en un vuelo privado del Palacio de Miraflores. Al final, la presión de Trump sobre el régimen de Maduro hasta su caída el 3 de enero ha dejado al descubierto que el hilo que une a los exministros españoles con el Caribe es, en realidad, una autopista de fondos opacos.
Sánchez legaliza mascotas de origen dudoso
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la 'regularización' es el camino para todo, incluso para el perro del vecino que viene de un criadero clandestino. Bajo el ala del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, se cocina un reglamento para la ley de bienestar animal que es, básicamente, un 'salvoconducto' administrativo. La jugada es sencilla: crear un registro obligatorio de mascotas donde se permitirá incluir animales con 'origen no acreditado' o de 'criadores no registrados'. Traducido al lenguaje de la calle: es como si te permitieran registrar un coche robado simplemente diciendo que el vendedor no tenía papeles, convirtiendo la irregularidad en legalidad con un clic. Mientras el ciudadano medio se deja la piel para que no le claven un recargo en la factura de la luz, el Ejecutivo diseña un sistema donde el comercio ilegal de animales no se combate, sino que se invita a pasar la alfombra roja y se le asigna un número de expediente. La Unión Europea ya ha recibido las alertas sanitarias a través del trámite TRIS. ASCELCRE, la asociación de profesionales del sector, ha saltado la manta avisando a Bruselas de que esto dinamita la trazabilidad sanitaria. Si no sabes de dónde viene el animal, saber cómo se llama no sirve de nada; es como ponerle una etiqueta de marca a una camiseta falsificada. El riesgo es real: vicios ocultos, patologías congénitas y un vacío absoluto de responsabilidades. En lugar de actuar como garantes, el Gobierno prefiere legalizar el hecho irregular sin abrir un solo expediente de sanción. Una ingeniería administrativa que, en lugar de limpiar el mercado, le pone un sello oficial al chiringuito ilegal.
Boda y alquiler: el 'pack' silencio PSOE
Hay quien paga la boda de su hija con ahorros y quien, según Carmen Pano, esperaba que el PSOE se la financiara a cambio de un silencio estratégico. No hablamos de una propina, sino de un 'pack' de 250.000 euros que incluía el banquete nupcial de Leonor y el alquiler de su casa durante siete años. Un plan de pensiones improvisado por las cloacas del partido para borrar los rastros de dinero en efectivo que aterrizaron en la sede de Ferraz. Este lunes, Pano volvió ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional para ratificar que la oferta llegó vía Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García. El guion era sencillo: cambiar la versión, cobrar el cheque y olvidarse de los sobres. Hasta el chófer, Álvaro Gallego, entró en la ecuación con una oferta de 15.000 euros; un detalle menor, casi un 'bonus' de Navidad, que al final decidieron no cobrar para terminar denunciando el asunto. Mientras tanto, la defensa de De la Hoz juega la carta del 'estafador': sostiene que Pano fue quien llamó en febrero de 2025 buscando asesoría para vender operadoras de hidrocarburos. Según la letrada, el negocio se torció no por la ética, sino por la contabilidad: la sociedad Gran Zufaira tenía un agujero de 470.000 euros de IVA y el registro REDEF retirado. Básicamente, que no se puede comprar el silencio de alguien que tiene el libro de cuentas más rojo que una bandera socialista en campaña. Entre el caso Koldo y las ramificaciones de Santos Cerdán, la justicia intenta descifrar si estamos ante una estructura organizada de obstrucción o ante un malentendido empresarial. Lo cierto es que intentar comprar un testimonio incluyendo la lista de invitados de una boda es, cuanto menos, una audacia narrativa digna de un manual de corrupción para principiantes.
El club 'Hirurok': el sablazo del PSOE
Hay quien confunde la gestión pública con un cajero automático personal y, al parecer, en el núcleo del PSOE se han tomado la libertad de instalar el modo 'premium'. El juez Santiago Pedraz ha decidido que 25 personas, incluida la presidenta de la SEPI y el secretario de organización Santos Cerdán, tengan que explicar cómo funciona el club 'HIRUROK' (que en euskera significa 'nosotros tres', aunque en la práctica significaba 'nosotros nos lo llevamos'). La trama es un manual de ingeniería financiera para el ciudadano medio que se deja los ahorros en el súper. Mientras nosotros peleamos por un cupón de descuento, en el restaurante Asador Donostiarra, el 1 de junio de 2021, se decidió que rehabilitar la sede de Mercasa costara 714.154 euros más de lo previsto. Así, sin más, en tres días la cifra saltó de 2,1 millones a 2,8 millones. Un 'ajuste' que cualquier administrador de fincas llamaría atraco, pero que aquí era simplemente 'gestión'. El despliegue es fascinante. Usaron Threema para que no los pillaran y sociedades como Mediaciones Martínez SL, que facturó 913.199 euros entre 2021 y 2023, o Servinabar 2000 SL para mover los contratos. El plato fuerte es el rescate de Tubos Reunidos: 115 millones de euros del fondo FASEE de la SEPI que llegaron el 20 de julio de 2021. A cambio, Mediaciones Martínez cobró 114.959 euros por 'asesoramiento' y Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, se embolsó otros 40.000 euros el 28 de marzo de 2025. Desde el uranio de ENUSA hasta demoliciones en Avilés, el esquema es el mismo: el dinero público fluye como el agua, siempre que la tubería pase por los bolsillos adecuados.
Sánchez legaliza mascotas 'sin papeles' y Europa avisa
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la 'regularización' no sea solo para personas, sino que ahora llegue al salón de casa. Bajo la batuta de Pablo Bustinduy y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se cocina un reglamento para la ley de bienestar animal que es, básicamente, un 'borrón y cuenta nueva' para los criadores clandestinos. La jugada es sencilla: crear un registro obligatorio de mascotas donde se pueda marcar la casilla de «animal procedente de criador no registrado». Traducido al lenguaje de la calle: es como si el Estado te permitiera legalizar un coche robado simplemente diciendo que el vendedor no tenía papeles, sin hacerle ni una pregunta al dueño anterior. La Unión Europea, que suele mirar estas cosas con lupa, ya ha recibido las alertas. El problema no es la bondad del corazón, sino la trazabilidad sanitaria. ASCELCRE, la asociación de profesionales del sector, ha saltado el tablero enviando un informe a Bruselas denunciando que esto no combate la cría ilegal, sino que le pone la alfombra roja y la sella con un sello oficial. Mientras que en la ganadería no puedes registrar una vaca sin que haya un operador autorizado (porque el riesgo de que una epidemia te vacíe el bolsillo es real), aquí el Gobierno propone una identificación individual que ignora el origen. Es la hipocresía de manual: se vende como una medida de protección y lucha contra el abandono, pero en la práctica es un regalo para los circuitos negros. Al permitir inscripciones sin origen acreditado, el consumidor queda totalmente desprotegido. Si el perro resulta tener una patología congénita o un vicio oculto, no hay a quién reclamar; el responsable ha desaparecido en el limbo de la 'regularización administrativa'. Un trámite TRIS que, en lugar de limpiar el sistema, parece querer blanquear la informalidad con un clic.
Hacienda pierde el rastro de 20 millones
Hacer una donación al Estado es como tirar una moneda en una fuente pública: te quedas con la esperanza de que el deseo se cumpla, pero rara vez ves dónde acaba el metal. El Ministerio de Hacienda ha jugado al escondite con el dinero de la gente. De los 30.059.766,60 euros que los ciudadanos depositaron con el corazón en la mano tras la dana del 29 de octubre de 2024, solo han sabido explicar qué pasó con un tercio. Diez millones han salido del saco, repartidos en dosis quirúrgicas de 126.583 euros para municipios como Valencia, Paiporta, Chiva o Torrent. Un reparto tan equitativo que parece diseñado con regla y cartón, ignorando que el barro no golpea a todos por igual. Pero aquí viene el truco de magia. Los otros 20,06 millones de euros han entrado en la cuenta operativa del Tesoro Público y, desde entonces, han desarrollado la capacidad de invisibilidad. Hacienda se lava las manos con una pirueta burocrática: dicen que ellos solo 'reciben y trasladan', y que la Intervención General de la Administración del Estado es quien lleva la libreta de cuentas. Es el clásico 'no me mires a mí, pregúntale al de al lado' mientras el dinero público flota en un limbo administrativo sin calendario, sin remanentes claros y sin un ápice de transparencia. Mientras tanto, Bruselas juega en otra liga. Ursula von der Leyen ha desplegado la artillería pesada con 846 millones del Fondo de Solidaridad Europeo, que se suman a los 100 millones anticipados en marzo de 2025. En total, 945 millones para reconstruir puentes y limpiar el desastre que dejó 230 muertos. El contraste es obsceno: mientras la UE mueve montañas de capital con precisión europea, el Tesoro español parece haber perdido la factura de 20 millones de euros de los donantes.
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