Crítica:
El texto es un despliegue de retórica agresiva donde los adjetivos sustituyen a las pruebas. Es básicamente un altavoz de la Comunidad de Madrid disfrazado de entrevista, sin espacio para el contraste.
Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de Madrid: «La España de Sánchez es la sede del hampa»
Sánchez y la 'Sede del Hampa'
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Agendas, joyas y el 'baile' de la Fiscalía
Hay quien lleva una agenda para no olvidar el cumpleaños de la suegra, y hay quien la usa para coordinar el baile de las élites. El registro de la UDEF en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha sacado a la luz dos cuadernos (2024 y 2025) que son, básicamente, el mapa de una mina de oro. Mientras el ciudadano medio se pelea con la letra pequeña de la luz, el expresidente se paseaba cobrando 10.000 euros en dietas por viaje y una comisión de 200.000 euros por hacer de 'puente' entre Bolivia y la peruana Focus Social Research. Todo un despliegue de ingeniería financiera para evitar que el Grupo Gloria soltara 107 millones de dólares en sanciones. Un negocio redondo, casi poético. Pero lo verdaderamente exquisito es la coincidencia del 7 de marzo de 2024. A las 17:30, Zapatero tenía una cita en la Fiscalía General del Estado. El mismo día, y a la misma hora, Álvaro García Ortiz se enteraba de la investigación sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Que el Fiscal General acabara condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelar secretos no es un detalle menor; es la guinda del pastel. La trama no termina ahí. El juez José Luis Calama ha citado para el 21 de julio a Julio Martínez Martínez, el presunto 'pagador' y administrador de Análisis Relevante SL. Este 'Julito', que servía de colchón para las comisiones del rescate de Plus Ultra en 2021 y gestionaba joyas por valor de 1,3 millones de euros, parece que ha decidido que la amistad tiene un precio: el de la colaboración con la Justicia. Cuando el testaferro empieza a cantar, el eco suele llegar hasta el despacho del jefe.
Nacionalidad española: el coladero de los nietos
Conseguir la nacionalidad española hoy es, para algunos, tan sencillo como comprarse un periódico en el kiosco, aunque el periódico sea falso. El Gobierno ha montado un sistema de 'puertas abiertas' donde la comprobación de los documentos es, sencillamente, un mito urbano. Mientras el ciudadano medio se pelea con la burocracia para renovar el DNI, cientos de miles de descendientes de emigrantes están entrando en el registro civil sin que nadie pregunte si el papel que presentan es auténtico o un creativo ejercicio de caligrafía. El agujero es un sumidero histórico. Entre 1931 y 1939, el fuego se encargó de borrar registros parroquiales, creando el escenario perfecto: si el libro original ardió, no hay contra qué contrastar. Para los nacidos antes de 1871, la fe de bautismo es la única moneda de cambio. Sofía Puente, en octubre de 2022, firmó la instrucción que convirtió la falta de registro civil en un requisito cumplido. Básicamente, si el Estado admite que no tiene el dato, acepta el papel del interesado sin pestañear. Es el coladero perfecto. Los archivos de Orense, Lugo, Santander, Valencia y La Laguna confirman que el teléfono no suena. Los consulados no cotejan nada. En La Laguna se despacharon 17.684 certificados y respondieron 67.000 cartas, pero las comprobaciones consulares son casi inexistentes. Mientras tanto, el 'turismo genealógico' florece: gestores que pagan la tasa oficial de 8 euros y revenden el papel por cientos, o redes que cobran miles por inventar un abuelo español. El mapa de este caos tiene nombres claros: Cuba (65% de peticiones en Santander), Argentina y EE. UU. Todo esto ocurre mientras el ministro Fernando Grande-Marlaska y la Fiscalía miran hacia otro lado, esperando que las mafias de pasaportes aparezcan por accidente, como quien encuentra un billete en un pantalón viejo.
Parking VIP y millones para Tubos Reunidos
Hay gente que lucha por encontrar un hueco para el coche en el supermercado un sábado por la tarde, y luego está Leire Díez, que tiene el aparcamiento de Ferraz como si fuera el garaje de su casa. La UCO ha desguazado una trama donde el lujo no era solo el sitio reservado por Covadonga San Pedro el 13 de noviembre de 2024, sino la capacidad de mover millones con un WhatsApp. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta, la 'fontanera' del PSOE y Santos Cerdán gestionaban la ingeniería financiera de Tubos Reunidos, una empresa alavesa que recibió un rescate de 112,8 millones de euros en julio de 2021. No es casualidad; es el arte de la mediación con sello oficial. El juez Santiago Pedraz rastrea ahora una estructura paralela entre 2021 y 2023, liderada por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso. Según la Guardia Civil, este trío dinamitó la burocracia para favorecer contratos y rescates que suman 132,9 millones de euros. Lo más cínico es el contraste: mientras el partido lanzaba una ofensiva contra jueces y fiscales, el PSOE pagaba seis viajes a Leire Díez entre abril y agosto de 2024, cortesía de la tarjeta del partido y la orden verbal de Cerdán. La trama, que operaba en un chat secreto llamado 'Hirurok', habría embolsado más de 750.000 euros en comisiones. Para rematar la jugada, el PNV entró en el baile para desbloquear los fondos cuando el Secretario de Estado ponía pegas. Al final, el esquema es sencillo: una cena en Hortaleza, un mensaje de 'Santi quiere que vaya yo' y un flujo de dinero público que se mueve con la misma facilidad con la que Leire pedía su plaza de parking.
Sueldos fantasma: el 'amor' caro de Ábalos
Hay quienes confunden la gestión pública con la gestión de un cajero automático familiar. El Alto Tribunal acaba de ponerle nombre y apellido a esta fantasía: malversación y tráfico de influencias. La trama es de un cinismo casi artesanal. José Luis Ábalos, mientras manejaba el Ministerio de Transportes, diseñó un plan maestro para que su entonces pareja, Jessica Rodríguez, disfrutara de la vida sin el estrés de, ya saben, trabajar. El esquema fue sencillo: usar la estructura del Estado como una agencia de colocación VIP. Primero entró en INECO el 1 de marzo de 2019. Allí, Jessica cobró 34.450 euros netos. ¿Su currículum de logros? Ir dos veces a la oficina: una para la entrevista y otra para recoger el ordenador corporativo, que probablemente sirvió más de pisapapeles que de herramienta laboral. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, ella realizaba trece viajes con el ministro sin pedir un solo permiso. Cuando los jefes de proyecto empezaron a preguntar qué hacía exactamente, ella enviaba informes telemáticos llenos de errores que hacían parecer que el teclado estaba roto. Pero el hambre de nómina pública es insaciable. El 2 de marzo de 2021, apenas dos días después de salir de INECO, la maquinaria —aceitada por el asesor Koldo García y el directivo de ADIF Ignacio Zaldívar— la aterrizó en TRAGSATEC. Sin entrevistas, sin méritos, solo con el 'estampillo' del ministro. Allí sumó otros 9.500,54 euros netos. Cuando en TRAGSATEC también empezaron a sospechar, Ábalos simplemente llamó a la presidencia de ADIF para que dejaran de molestar a la trabajadora. Al final, la fiesta ha pasado factura. La sentencia obliga a Ábalos y Koldo a devolver un total de 43.950,54 euros (34.477,86 para INECO y 9.500,54 para TRAGSATEC). Un sablazo contable que intenta reparar el agujero dejado por un amor basado en la malversación.
Sangre, idioma y un 'delito de odio'
Imaginen que van a donar sangre, un acto de generosidad pura, y terminan en medio de una guerra de trincheras lingüísticas. Así es la surrealista historia de Gabriel, un donante de 65 años que el pasado 6 de febrero decidió que su sangre era demasiado valiosa para ser gestionada por un médico que no dominaba el catalán. El facultativo, buscando precisión clínica para no meter la pata con la salud del paciente, pidió continuar el cuestionario en castellano. Gabriel, indignado, prefirió que la bolsa quedara vacía antes que ceder al idioma del vecino. Lo que podría haber sido una anécdota de mostrador terminó en un delirio judicial. Acció Cassandra, la misma entidad que defiende el insulto de «puto nazi» como libertad de expresión, ha decidido que pedir hablar en español es un «delito de odio» según el artículo 510.2.a del Código Penal. Es la gimnasia mental perfecta: llamar nazi es libertad, pero pedir castellano en una consulta es una agresión. Mientras tanto, en el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares reina la perplejidad. La gerente, Rosa María Tarragó, confirma que no han recibido notificación oficial alguna, aunque el ruido mediático ya está haciendo su trabajo. Es fascinante el contraste: mientras Marga Prohens intenta poner la «alfombra roja» a los médicos en 2023 eliminando el requisito lingüístico para combatir la falta de personal, hay quienes prefieren que el paciente se quede sin médico —o el hospital sin sangre— con tal de que el diccionario sea el correcto. El Banco de Sangre ya pidió perdón, Gabriel ya volvió a donar y todo estaba zanjado, pero para algunos, el rencor ideológico es un combustible que no se agota ni con transfusiones.
Democracia de lona y pactos con talibanes
Bruselas ha decidido jugar al escondite con la ética. Imagínate la escena: un edificio imponente, una lona gigante que grita 'Democracia' a los cuatro vientos y, justo debajo, una delegación del gobierno talibán entrando por la puerta trasera. Es el equivalente político a decir que eres vegetariano mientras te zampas una hamburguesa de doble queso en el baño para que no te vean. Este martes, con la precisión de un reloj suizo y el secreto de una sociedad clandestina, el Gobierno belga concedió un visado de 24 horas. Solo un día. Entran, negocian y se largan sin tocar un centímetro de suelo fuera de la capital, según Reuters. El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, se lavó las manos con elegancia: dice que no le gusta la idea, pero que como Bruselas es el patio de juegos de la UE, no le quedó más remedio que abrir la puerta. ¿El motivo del festín? Una 'reunión técnica' para gestionar la devolución de inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Básicamente, la Unión Europea quiere limpiar su casa y ha decidido que la mejor forma de hacerlo es pactando con quienes prohíben los móviles y fomentan el matrimonio infantil. La hipocresía tiene un precio, y en este caso, se paga con el silencio. La Comisión Europea intenta pasar la pelota, alegando que veintena de países enviaron cartas exigiendo este acuerdo. No es un experimento nuevo; ya hubo un viaje a Kabul en enero y Alemania ya había adelantado el trabajo con un pacto similar. El Gobierno talibán, que tomó el mando en 2021 tras el adiós de los estadounidenses, sigue sin reconocimiento oficial. Pero claro, para los papeles dice que no existen, pero para las devoluciones son los socios ideales. Un negocio redondo donde la 'Democracia' de la lona es solo el envoltorio de un paquete muy oscuro.
El 'milagro' del PNV y los 112 millones
Hay quienes juegan al Monopoly con el dinero de todos, pero con la diferencia de que las casas son empresas rescatadas y los billetes son reales. La UCO ha desguarnecido el telón de la trama de Leire Díez, donde el grupo 'Hirurok' —esa selecta tertulia compuesta por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— operaba como una especie de gestoría de influencias VIP. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda de 200 euros, Tubos Reunidos recibió un chute de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La coreografía fue casi musical. El 15 de junio de 2021, el expediente llegó al Consejo Gestor solo para 'informar', es decir, para ver si alguien se atrevía a decir que no. Como hubo dudas, Vicente Fernández activó el protocolo de la calle: pidió a Antxon que 'tanteara' al PNV para desbloquear el grifo. Un mensaje de WhatsApp, una llamada a Sabin Etxea y, mágicamente, el 13 de julio de 2021 el expediente volvió a subir y fue aprobado sin pestañear. La recompensa por este 'servicio de intermediación' no fue un apretón de manos; el grupo Hirurok se embolsó 114.950 € de la compañía rescatada. Una comisión que, comparada con los 112 millones, parece calderilla, pero que demuestra que en los despachos la meritocracia es un mito y el contacto adecuado es la única moneda que cuenta. Vicente Fernández, con la sutileza de un mazo, resumió la operación: hablar con el PNV un martes y que se apruebe el siguiente no es casualidad. No es gestión, es ingeniería de contactos aplicada al erario público.
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