Crítica:
Demasiado centrado en los nombres propios y poco en el sistema. Se diluye la responsabilidad individual en un entramado que necesita más luz sobre quiénes se beneficiaron realmente y cómo se perpetuó la trama.
Demasiado centrado en los nombres propios y poco en el sistema. Se diluye la responsabilidad individual en un entramado que necesita más luz sobre quiénes se beneficiaron realmente y cómo se perpetuó la trama.
El ex presidente Zapatero, con el agua al cuello, ha pedido otra prórroga al juez Calama. ¿El motivo? Espera, con la paciencia de un santo, a que le lleguen unos “certificados” desde países árabes que justifiquen la procedencia de sus joyas, tasadas en 1,3 millones de euros. Es decir, mientras tú y yo sudamos la gota gorda para pagar el IRPF, alguien espera a que le certifiquen de dónde salió un pequeño detalle de más de un millón de euros. La UDEF encontró estos adornos en su despacho de Ferraz, un lugar que, según parece, era más una joyería que una oficina. Y no solo eso, el juez Calama lo acusa de liderar una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, un eufemismo para decir que, presuntamente, usaba sus contactos para favorecer a amigos a cambio de… bueno, de joyas, al parecer. La primera prórroga se justificó por “la complejidad de la causa”, una excusa que suena hueca cuando lo que falta es, precisamente, justificación. Mientras tanto, el ex presidente, recluido en Las Rozas, se sincera con su entorno: “Yo ya sé que estoy condenado”. Un mea culpa tardía que, por cierto, no parece preocuparle demasiado a sus colaboradores en Oriente Próximo, que andan buscando esos preciados certificados. La cosa pinta fea, incluso para un experto en “salvada la papada”. La declaración por el rescate de Plus Ultra sigue en pie, añadiendo más leña al fuego. La trama, en resumen, es digna de una serie, pero con un sabor amargo a impunidad y a la eterna pregunta: ¿de dónde sale el dinero?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) planea, según destapa la periodista Róisín Michaux, “instruir” a los gobiernos para que incluyan la terapia hormonal trans en la sanidad pública antes de finales de junio de 2026. Mientras el ciudadano de a pie lucha por conseguir una cita con el médico de cabecera, la OMS propone crear centros de “excelencia” para formar a los profesionales, como si cambiar de sexo fuera tan rutinario como tratar la diabetes. La guía, enfocada inicialmente en adultos, busca integrar estos tratamientos en la atención primaria, y el grupo de desarrollo está plagado de activistas y clínicos con intereses previos, algunos vinculados a la prevención del VIH. ¿Casualidad? El informe Cass, tras analizar 113.269 casos de menores, ya advirtió que el auge de la disforia de género no tiene base biológica, sino psicológica y social. En otras palabras, a muchos jóvenes les da por cambiar de sexo porque tienen otros problemas, y la solución no es hormonarlos. Organizaciones como Lesbians United alertan de los efectos devastadores de los bloqueadores de la pubertad en el esqueleto, el sistema cardiovascular y hasta el sistema inmunológico. Y estudios finlandeses confirman que quienes se someten a la “reasignación de género” ven sus problemas mentales dispararse: del 9,8% al 60,7% en chicos que se sienten chicas, y del 21,6% al 54,5% al revés. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, indignada, recuerda que la OMS sacó la disforia de género de la lista de enfermedades mentales sin pruebas, y ahora quiere que los contribuyentes paguen por algo que, según ellos, no es una enfermedad. La paradoja es tan grande que duele.
El Ministerio de Torres, ese donde la memoria selectiva es deporte nacional, ha decidido que la Cadena SER es, básicamente, el altavoz oficial de la nación. ¿El año? 2025, como si estuviéramos en 'Minority Report' y ya tuviéramos el calendario del futuro. De los 216.447,37 eurazos en publicidad de radio, ¡un 74,1% fueron a parar a Prisa! O sea, casi las tres cuartas partes del pastel para la casa madre. Mientras tú intentas no pasarte con el aguacate a la hora de hacer la compra, ellos se despachan con más de 160.000 euros en pura propaganda. La Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial, los tres mosqueteros del mensaje gubernamental, se llevaron la palma. 66.069,02 euros por recordar que la democracia es guay (como si lo dudáramos), 29.023,80 para Los 40, y 10.111,80 para Cadena Dial. Y todo esto, ojo, dentro de una partida total de 2.347.854,62 euros, que se esfumó entre prensa, televisión, radio y la dichosa 'digitalización'. COPE se conformó con las migajas (31.712,98 euros), mientras que Atresmedia Radio (24.266,80 euros) y la modesta Alzira Radio (¡30,40 euros!) apenas pudieron probar las sobras. En televisión, Atresmedia (más de 152.000 euros) y Mediaset (más de 250.000 euros) también se dieron un festín. ElDiario.es, con 59.257,74 euros en prensa digital, fue el único que se atrevió a darle un mordisco a la tarta de Prisa. La excusa oficial: dos campañas, una para la DANA y otra para recordar lo buena que es la democracia. Pero, seamos honestos, esto huele a favorcitos políticos con aroma a 'pelotazo' mediático.
Moncloa ha decidido que nuestros diplomáticos y militares necesitan una inyección de “interseccionalidad LGTBIQ+”. Sí, lo has leído bien. Mientras la lista de la compra se dispara y el sablazo en la factura de la luz es el deporte nacional, el Gobierno invierte en adoctrinamiento de género. El III Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2025-2030, orquestado por José Manuel Albares y una docena de ministerios, pretende convertir la “política exterior feminista” en el mantra de la acción estatal. Traducido: que la igualdad de género sea el prisma con el que veamos el mundo… y que nuestros representantes en el extranjero lo prediquen. La idea, noble en el papel, choca frontalmente con la realidad: ¿acaso la paz llega con un curso intensivo de teoría queer? ¿O se soluciona la inestabilidad internacional analizando el origen étnico y la orientación sexual? La estrategia, que costará presumiblemente más que un coche de alta gama, pretende reforzar la formación en igualdad, previniendo la violencia sexual y la trata de personas. Noble, sí, pero ¿no sería más efectivo invertir en inteligencia y recursos para combatir estos flagelos? El Ministerio de Defensa, por su parte, se encargará de que las misiones militares sean un oasis de diversidad. Actualmente, las mujeres representan solo el 13,1% de las Fuerzas Armadas, el 18,3% de la Policía Nacional y un mísero 9,7% de la Guardia Civil. ¿Resolverán los cursos de género esta desigualdad? Difícil. Lo que sí parece claro es que la agenda de Moncloa ha encontrado un nuevo campo de batalla: la uniformidad ideológica. Y, mientras tanto, el mundo real sigue siendo un lugar mucho más complejo que un manual de interseccionalidad. La verdadera hipocresía reside en que se busca la paridad en los despliegues internacionales, pero la realidad de las cifras lo niega rotundamente.
Madrid ha decidido que para usar el transporte público, necesitas una dirección en la ciudad. Sí, como si el derecho a moverse fuera un privilegio de vecinos. Renfe, la operadora estatal, ha estallado, acusando a Isabel Díaz Ayuso de 'segregación' y de poner trabas al uso del coche, que es precisamente lo que no debería pasar. La cosa huele a enfrentamiento institucional a la altura del olor a calcetines sudados en hora punta. Mientras el ciudadano de a pie intenta descifrar si necesita un DNI, un empadronamiento y una declaración jurada para ir a trabajar, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) se defiende a base de comunicados. ¿El quid de la cuestión? Que el abono transporte, antes universal, ahora tiene condiciones. Renfe, por su parte, recuerda que su abono mensual de 20 euros (¡o 10 para los jóvenes!) te permite moverte por toda España sin preguntas, mientras que el nuevo sistema madrileño parece diseñado para complicarte la vida. Y como si fuera poco, el PP ha sacado la artillería pesada, exigiendo a Renfe que vuelva a indemnizar a los pasajeros por retrasos, algo que la Ley de Movilidad Sostenible prometió pero que, al parecer, se ha olvidado en el BOE. En resumen, un caos donde la movilidad se convierte en un campo de batalla político y el ciudadano, como siempre, es el que paga los platos rotos. La ley, aprobada en diciembre de 2025, parece tener más agujeros que un queso gruyer.
La partida de dominó política ha saltado de las vías. Pedro Sánchez, en un arrebato de indignación parlamentaria, acusó a THE OBJECTIVE (sí, con mayúsculas, como si fuera el villano de una peli) de propagar “bulos amarillentos” sobre la reestructuración de ADIF. ¿El meollo del asunto? Que el jefe de Seguridad, Salvador Almenar Antón, no es un ingeniero con décadas de experiencia, sino un periodista. Y que, para colmo, ese periodista pasó de cuidar la imagen de ADIF (Director de Comunicación, 2024) a supervisar la seguridad de las líneas (Director de Gabinete, 2025). Un ascenso meteórico que, según los expertos internos de la propia ADIF, es como poner a un panadero a pilotar un avión. El informe interno, convenientemente ignorado por la cúpula, alertaba de la falta de capacitación técnica de Almenar. El resultado: David Gómez-Rey, ingeniero de verdad, ahora rinde cuentas a un periodista. La lógica es implacable. Mientras el ciudadano de a pie se pregunta si el próximo tren llegará a tiempo, la seguridad ferroviaria se gestiona como un casting de televisión. Y el sablazo en la factura, claro, lo paga siempre el mismo. El rifirrafe entre Sánchez y Feijóo en el Congreso fue digno de estudio. Acusaciones cruzadas, negaciones vehementes y un periódico señalado como fuente de “odio y crispación”. La ironía es que la propia ADIF, mediante una solicitud de Transparencia, confirmó el cambio de puesto de Almenar. Un detalle que, al parecer, no llegó al despacho de Sánchez a tiempo para evitar el ridículo. ¿Será que la información “amarillenta” a veces tiene la virtud de la verdad? La pregunta queda en el aire, como el olor a óxido en una estación abandonada.
El PSOE, siempre tan inmaculado. La UCO de la Guardia Civil ha encontrado en el ordenador de Santos Cerdán, exnúmero tres del partido, un documento que dibuja un panorama digno de una serie de Netflix: una lista de objetivos para “desestabilizar” a jueces y fiscales que osaban investigar los intereses del partido. ¿Manuel Marchena y Alejandro Luzón en la diana? Sí, señores, parece que la fontanería política tiene su precio. El documento, bautizado con la simpática etiqueta de “incumplimientos”, revela cómo Leire Díez, la “fontanera” en cuestión, rendía cuentas a Cerdán. Promesas de favores a cambio de información, llamadas que nunca se produjeron, y la sombra alargada de Villarejo, siempre dispuesto a colaborar… por un precio, claro. Todo esto mientras el PSOE se desvive por aparentar transparencia. ¡Qué ironía! La cosa se complica con Javier Pérez Dolset, un empresario con problemas financieros que, curiosamente, aparece con sus iniciales en los metadatos de los archivos. ¿Un peón más en este juego de poder? La UCO sospecha que sí. Y mientras tanto, Cerdán se desvincula de todo, alegando que no ha “montado ninguna trama” ni ha hecho “nada ilegal”. Como si un pendrive con 224 gigabytes de información comprometida simplemente apareciera por arte de magia. La fecha clave: los días de reflexión de Sánchez, el momento en que, según los investigadores, comenzó la operación. La UCO localizó el documento el 27 de mayo de 2024. La operación comenzó en diciembre de 2023. En resumen, una trama digna de un thriller político, con nombres propios, fechas, y una lista de objetivos que parece sacada de una película de espías. Y todo, aparentemente, para proteger los intereses de un partido y de su líder.
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