Crítica:
El texto original se limita a reproducir la denuncia. Carece de investigación propia y se basa en las acusaciones de un sindicato con una agenda clara. El título, aunque llamativo, es un poco sensacionalista.
El texto original se limita a reproducir la denuncia. Carece de investigación propia y se basa en las acusaciones de un sindicato con una agenda clara. El título, aunque llamativo, es un poco sensacionalista.
Mientras la cesta de la compra sube de precio, el silencio del Gobierno sobre el asesinato de Lahbib Abdelaziz, líder del Frente Polisario, se vende al precio de la diplomacia. La prensa marroquí, por supuesto, lo celebra. ¿Quién necesita un comunicado cuando tienes un pacto por el Sáhara Occidental? En 2022, España entregó el Sáhara a Marruecos, y desde entonces, la cautela se ha convertido en la norma. Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y Migraciones, es experta en esquivar preguntas como si fuera un torero novillero, alegando “falta de información oficial”. ¡Qué casualidad! Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha decretado silencio sepulcral en su Ministerio, como si el tema fuera radiactivo. Fuentes diplomáticas, temerosas de perder su puesto, confirman que había “contexto y posicionamiento” listos, pero la orden era clara: ¡callar! Yabiladi, medio marroquí, aplaude esta “coherencia” desde 2020. El Frente Polisario, por su parte, denuncia una doble moral flagrante. España, campeona en condenar ataques en Oriente Próximo y Líbano (con comunicados pomposos que Albares firma con entusiasmo), parece tener la vista selectiva cuando se trata de Marruecos. La hipocresía, al parecer, tiene precio, y el silencio, en este caso, es de oro.
El Papa León XIV aterrizó en España y, como suele pasar, la religión se convirtió en un campo de batalla político. Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en su visita a la Sagrada Familia, decidieron que las normas de cortesía son para pardillos. Mientras la Reina Letizia, con una inclinación de cabeza ante el sagrario (un gesto que ni siquiera exige ser creyente, solo tener educación), cumplió con el protocolo, el Presidente optó por el 'yo me la sudo'. ¿La razón? Quizá considere que su poder supera al de cualquier deidad. El contraste, digno de estudio, no terminó ahí. Los Reyes recibieron una ovación digna de rockstars; Sánchez y Begoña, un silencio que resonó más fuerte que cualquier aplauso. Imaginen la escena: mientras Felipe VI y Letizia avanzaban, la basílica explotaba en vítores. Cuando llegó el turno del Presidente, la atmósfera se tornó más fría que un funeral en invierno. Desde 2018, la relación de Sánchez con las ceremonias religiosas ha sido, cuanto menos, distante. Ausencias en tragedias nacionales, eventos de impacto social… Pero, oh, sorpresa, decide aparecer en la misa del Papa. Y no solo eso, sino que prefiere un festival musical a la visita papal en Madrid. La pregunta no es si Sánchez es religioso o no, sino si tiene el mínimo respeto por las instituciones y, sobre todo, por la lógica. Cada gesto fue diseccionado con lupa, cada silencio interpretado como un mensaje. En definitiva, un circo mediático donde la fe y la política se dan la mano… o, más bien, se enfrentan a puñetazos. Porque, al final, en estos eventos, los detalles importan más que el sermón.
La Sagrada Familia de Barcelona ha sido testigo de un espectáculo digno de analizar con lupa. Pedro Sánchez, el mismo que impuso el funeral laico como alternativa a las ceremonias católicas (¡como si la fe se pidiera con cita previa!), se ha presentado a la misa del Papa León XIV con su esposa, Begoña Gómez, y nada menos que 14 ministros. ¡Catorce! Como si fueran de oferta, 2x1 en devoción. Y no solo eso, los Reyes Felipe VI y Letizia, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, completaban el elenco de autoridades. La cosa, señores, va de postureo. Recordemos que Sánchez, en su afán por la laicidad, brilló por su ausencia en funerales religiosos importantes: el de las víctimas del Covid (prefiriendo una reunión con António Costa), el de la DANA, e incluso el del Papa Francisco. Pero ahora, con la torre de Jesucristo recién inaugurada y 8.000 almas congregadas, la cosa cambia. El aforo, cuidadosamente dividido en 4.000 dentro y 4.000 fuera, no parece importarles demasiado cuando se trata de exhibir una piadosa (y convenientemente fotografiada) presencia. La presentación de su libro, 'Tierra Firme', también contó con la presencia de 14 ministros, un despliegue que ni un congreso del PSOE. Y no olvidemos a Jorge Javier Vázquez, el maestro de ceremonias. Esta escenificación, más que un acto de fe, parece una operación de marketing político. ¿Será que el Papa también vota? O, quizás, que Sánchez ha descubierto que la fe, al final, también es una cuestión de rentabilidad electoral. Y la ausencia en actos religiosos anteriores, ¿simple conveniencia o una estrategia cuidadosamente calibrada? La pregunta queda en el aire, como el incienso en la basílica.
El juicio al hermano del Presidente, David Sánchez, ha quedado visto para sentencia. El cargo, un “traje a medida” según la acusación, se cocinó a fuego lento entre correos electrónicos y reuniones secretas en la Diputación de Badajoz. Ángel Seco, técnico de Cultura, era el mensajero, redactando a toda prisa la descripción del puesto tras una reunión con el hermano del Presidente. Un mail del 21 de octubre de 2022, donde Seco detalla “pendientes” y justifica el puesto por “diversificación”, pinta un cuadro de ingeniería administrativa a la carta. La Diputación, curiosamente, manejó dos actas de valoración: una donde todos suspendían, otra donde de repente seis candidatos eran aptos, incluyendo a David Sánchez con unos generosos 95 puntos (aunque la suma inicial era de 90, un detalle menor, ¿no?). La Fiscalía, con una pasividad que levanta sospechas, solicitó la absolución, mientras que la acusación pide seis años de cárcel para David Sánchez y cuatro para Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación. Testimonios clave, como el del teniente coronel Antonio Balas, apuntan directamente a Gallardo como el cerebro de la operación. Y como guinda del pastel, correos revelan que Luis Carrero, asesor de La Moncloa, se preparaba para un traslado a la Diputación ¡23 días antes de que la plaza saliera a concurso! Un “soltó la liebre” en Moncloa que huele a chamusquina. Todo esto mientras las agendas de Leire Díez aludían a “órdenes de P.S.”, insinuando una mano firme desde arriba. En resumen, un embrollo de correos, actas manipuladas y favoritismos que pone en entredicho la integridad de la administración pública. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue lidiando con la lista de la compra y el sablazo en la factura de la luz. La justicia decidirá, pero la sensación es que aquí hay más gato en el calcetín de lo que parece.
Las libretas de Leire Díez, una suerte de agenda secreta escrita a mano, han destapado un aquelarre informativo donde el periodista José Manuel Romero, antes en ‘El País’ y ahora en ‘elDiario.es’, aparece como un contacto clave para la militante socialista. Un simple “Romero, en unos días”, garabateado entre notas sobre abogados y futuros libros, es suficiente para levantar la polvareda. ¿Coordinación? ¿Influencia? La pregunta flota en el aire mientras la UCO revisa cada coma de esos apuntes. En 2025, Romero juraba ante el Supremo conocer información clave antes que el mismísimo fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero la sentencia lo desmintió. Ahora, la libreta de Leire Díez le devuelve al foco, sugiriendo una estrategia conjunta donde los movimientos legales y mediáticos danzaban al son de WhatsApp. “Hablé con Romero”, confirmaba Leire, mientras Teijelo, su abogado, aprobaba: “Vale. Yo he quedado con el de la SER”. El 7 de marzo de 2026, para ser exactos. La cosa se pone más turbia cuando vemos que Romero, de forma inusual en el gremio, acudió a un notario para defender al fiscal general. Un acto que levanta ampollas y huele a chamusquina. Mientras tanto, ‘elDiario.es’ publicaba artículos que, según los chats, ya se estaban “gestionando” con la SER. El 20 de enero de 2025, Leire Díez anunciaba que estaba “preparando una cosa con los medios”. ¿Qué cosa, exactamente? Las libretas no lo dicen, pero la sombra de la manipulación informativa se alarga sobre la escena. Todo esto, mientras el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, era acusado de difundir información falsa, según Romero, en un artículo publicado por ‘El País’ a las 22:38 del 13 de marzo de 2024.
El aire huele a palos mojados en la cloaca política. Leire Díez, ex militante socialista, y Jacobo Teijelo, el abogado personal de Santos Cerdán, urdieron una trama digna de novela barata: acusar a Repsol de financiar al PP. ¿El problema? Sin una sola prueba sólida, solo un “olor” sospechoso detectado en un WhatsApp del 10 de enero de 2025. Teijelo, cual detective de pacotilla, lanzó la teoría de una conexión turbia entre Repsol, Venezuela, PDVSA y figuras del PP como Aznar, Cortina y Feijóo. Díez, sin pestañear, respondió un lacónico “Absolutamente”, adjudicándole el caso sin más trámite. El chat desvela que no buscaron pruebas, sino que construyeron primero la acusación y luego intentaron encontrar un respaldo jurídico. Un ejercicio de ingeniería narrativa, un “sablazo” a la credibilidad. Teijelo, consciente de lo endeble de su castillo de naipes, admitió que la investigación tenía “lagunas importantes” y que faltaba “la historia de Aldama”. A pesar de ello, continuaron con el plan, filtrando información a periodistas para darle forma mediática a su fantasía. La ironía es que la querella, tejida con hilos invisibles, ha terminado convirtiéndose en el arma que el PP ha usado para denunciar a Teijelo y a Díez ante la Fiscalía Anticorrupción. Los cazadores, ahora, son la presa. Un agujero contable en la reputación del PSOE que huele, precisamente, a financiación ilegal... pero no de la que acusaban. ¿Quién pagó la factura de esta operación? La pregunta flota en el aire, más densa que el petróleo de Venezuela.
Mientras en España el PP celebra victorias con el sudor en la frente (y la papeleta en mano), el PSOE se pasea por el extranjero recogiendo votos como si fueran caramelos. Un giro inesperado, ¿o no tanto? La ‘ley de nietos’ y la flexibilización de los controles de Correos –esa empresa pública que parece tener más agujeros que un queso suizo– han abierto la puerta a un flujo de votos CERA (Censo de Electores Residentes Ausentes) que favorece a los socialistas en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Pero ojo, que no nos confundamos: estos votos, aunque pintan un cuadro diferente, no son suficientes para cambiar el resultado final. Correos, bajo el paraguas de la SEPI, modificó la trazabilidad de los votos, pasando de un control exhaustivo a un sistema de registro por rangos, lo que, según fuentes internas, podría haber comprometido la seguridad del 90% de las certificaciones. En 2023 se registraron 233.688 votos CERA, y aunque se temía una alteración significativa, solo un escaño cambió de manos en Madrid. En Andalucía, el PSOE ganó en el exterior con 6.703 votos frente a los 6.307 del PP, un contraste notable con las elecciones de 2022, donde el PP lideraba con 1.881 votos. Castilla y León sigue la misma tónica, con 4.303 votos para el PSOE y 3.281 para el PP. Aragón y Extremadura completan el cuadro, confirmando una tendencia que, aunque no decisiva, es innegable. ¿Casualidad? ¿Estrategia? ¿O simplemente el reflejo de una diáspora con otras prioridades? La pregunta sigue en el aire, mientras Correos guarda silencio.
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