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España se encuentra en ese momento incómodo donde te das cuenta de que el tiempo se acaba y el trabajo sigue en el cajón. El 31 de agosto de 2026 es la fecha del juicio final para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno tiene menos de dos semanas para justificar 148 hitos y objetivos si quiere hincarle el diente al séptimo pago: un botín de 25.862 millones de euros (21.462 en transferencias y 4.400 en préstamos). Básicamente, intentar aprobar el examen final habiendo pasado cinco años haciendo el vago en el aula. La ingeniería financiera ha sido creativa, pero el resultado es un chiste. De los 163.000 millones prometidos inicialmente (80.000 en subvenciones y 83.000 en préstamos), hemos acabado cobrando 78.000 millones, el 76,5% de la asignación. El resto es humo o prudencia forzada: el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos porque, con una deuda pública al 101% del PIB, pedir más dinero sería como intentar pagar una tarjeta de crédito abriendo otra línea de crédito en el banco de enfrente. Lo más triste es el 'efecto goteo'. Mientras el dinero volaba entre administraciones, se atascaba al intentar llegar a la calle. Radar nos cuenta que de 90.718 millones convocados, solo se adjudicaron 60.403 millones. Un agujero de 27.315 millones que demuestra que gestionar una ayuda a una pyme es, para el Estado, más complejo que organizar una boda real. ¿El resultado? Un balance anémico. El PIB por ocupado apenas ha subido dos décimas respecto a la prepandemia y la inversión privada cerró 2025 un 3,3% por debajo de 2019. Hemos crecido en cantidad, pero no en calidad. Es el clásico caso de comprarse el coche más caro del concesionario pero no saber conducirlo: tenemos el motor de los fondos, pero la productividad cayó un 0,1% a comienzos de 2026. El vicepresidente Cuerpo apuesta por un crecimiento del 2,6%, pero es un crecimiento con ruedas auxiliares; sin el maná europeo, el motor se apaga.
En el tablero político de Marruecos, las piezas se mueven con la sutileza de un camión de mudanzas. El 30 de julio, mientras el Palacio celebraba la Fiesta del Trono con el brillo habitual, 80.000 personas decidieron que el mejor regalo para el rey Mohamed VI era un asalto masivo a Ceuta. Una coreografía migratoria que, según fuentes como TO, no fue un impulso espontáneo, sino una maniobra de ingeniería política orquestada por Fouad Ali El Himma, el 'virrey' y amigo íntimo del monarca, para dinamitar la imagen del Gobierno actual. Abdelilah Benkirane, el líder del PJD y experto en caminar por el filo de la navaja, ha decidido jugar la carta de la 'cortesía institucional'. Ha pedido aclaraciones al Rey sobre quién organizó el despliegue. Es el equivalente político a preguntar en un grupo de WhatsApp quién ha borrado el chat: todos saben quién fue, pero nadie quiere ser el primero en señalar con el dedo. Benkirane, que encabeza la lista para las legislativas del 23 de septiembre, aprovecha el caos para machacar a Aziz Akhannouch. El premier Akhannouch, que llegó al poder en septiembre de 2021 con el RNI, vive hoy su propio calvario. Es el dueño de la mayor red de gasolineras del país y, casualmente, las familias marroquíes han visto cómo la cesta de la compra y el combustible subían hasta tocar el techo. Un conflicto de intereses que huele a cerrado. Mientras el Programa Forsa prometía el éxito y terminó dejando a jóvenes con amenazas de cárcel, el RNI y el PAM (con sus 102 y 87 escaños respectivamente) se desmoronan. En este juego de tronos, el PAM ya tiene su 'fichaje estrella': Fouzi Lekjaa, el jefe del fútbol, quien podría heredar el mando si la estrategia de la avalancha sobre Ceuta logra enterrar definitivamente a Akhannouch.
Hay una técnica milenaria en la política llamada 'pasar la pelota', pero Mónica García lo ha elevado a categoría de arte olímpico. Tras aterrizar en Ceuta con un retraso de dos semanas —porque aparentemente el calendario ministerial no entiende de urgencias fronterizas—, la ministra de Sanidad ha decidido que el colapso sanitario no existe, o al menos no en su realidad paralela. Mientras los médicos locales hablan de una 'bomba de relojería' y el riesgo real de epidemias, García se ha puesto el traje de jueza para señalar con el dedo a Juan Jesús Vivas. El argumento es tan sencillo que asusta: la culpa es de Ceuta por no tener 'espacios habilitados'. Es como si tu casa se estuviera inundando porque el vecino rompió la tubería general y la solución del fontanero fuera decirte que el problema es que no tienes suficientes cubos en el salón. La ingeniería retórica de la ministra es fascinante. Intenta diseccionar la salud pública y la asistencia sanitaria como quien separa las facturas del agua y la luz para ver quién paga el sablazo. Dice que la salud pública es cosa de la ciudad, mientras que la asistencia es del INGESA. Un juego de palabras digno de un examen de derecho administrativo, pero que en la calle suena a excusa barata. Mientras tanto, el CSIF pide un 'director de orquesta' para evitar que la sinfonía termine en tragedia, pero el Gobierno central prefiere el comité de gestión. De hecho, mientras Ceuta ardía, Pedro Sánchez reunía por videoconferencia a un ejército de ministros (desde Carlos Cuerpo hasta Margarita Robles), pero Mónica García no estaba en la llamada; estaba demasiado ocupada dándole una entrevista a TVE para explicar por qué todo estaba bajo control. En resumen: los médicos alertan de insostenibilidad y la ministra responde que le 'duele' la falta de agilidad local. Un dolor muy noble, sin duda, que no cura ninguna infección ni vacía ninguna sala de espera.
Cuando el Gobierno tiene prisa, la eficiencia se convierte en un concepto elástico y el presupuesto en un chicle. José Manuel Albares ha decidido que el traslado de las valijas diplomáticas —esas maletas blindadas donde viaja el destino electoral del exterior— necesita un refuerzo urgente. El resultado es un nuevo contrato con DHL Express que asciende a 5,3 millones de euros hasta julio de 2028. Para quien lleve la cuenta en casa, es casi el doble de los 3,7 millones que se pagaban en 2023. Básicamente, el Ministerio ha decidido que el mensajero ahora cuesta como si enviáramos el paquete con seguro a todo riesgo y envoltorio de seda. La justificación es la habitual: 'plazos ajustados' y 'urgencia'. Un lenguaje administrativo que, traducido a la calle, significa que se han dormido en los laureles y ahora toca pagar el recargo por el servicio exprés. Mientras el ciudadano medio pelea con la tarifa de la luz, el Estado se gasta millones en asegurar que el voto CERA llegue a Madrid sin que nadie lo mire. Y es que hay nervios. Con la Ley de Memoria Democrática, el mapa electoral se está redibujando en tiempo real. En Buenos Aires, la situación es surrealista: 645.052 personas han pedido la nacionalidad, convirtiendo el consulado argentino en una sucursal de Madrid o Barcelona. El ritmo de resolución es, sencillamente, desesperante: 1.800 expedientes al mes. A este paso, procesar la montaña de papeles requerirá varias décadas, pero el Gobierno no quiere dejar nada al azar. Por eso, DHL no solo llevará los votos, sino que tendrá que plantar a dos trabajadores fijos en Exteriores y un 'valijero' dedicado exclusivamente a hacer el puente con Barajas. Todo blindado con una póliza de 2 millones de euros por si alguna maleta decide tomarse unas vacaciones inesperadas. Una logística de precisión quirúrgica para un censo que crece más rápido que la inflación.
Hay que tener una confianza ciega en el espejo para hacer lo que Fernando Grande-Marlaska. El pasado lunes, el ministro del Interior logró que Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migraciones, soltara por redes sociales que España hace un trabajo 'importante y necesario'. Un aplauso virtual que suena a ironía pura cuando recordamos que el sábado pasado el muro de Ceuta no se mantuvo en pie por la brillante estrategia madrileña, sino porque la policía marroquí decidió, por una vez, hacer el trabajo sucio al otro lado de la valla. La realidad es que el Gobierno se ha apuntado el tanto en un momento surrealista. Mientras el ministro presume de control, las calles y playas de la ciudad autónoma siguen pareciendo una zona de tránsito permanente: del caos del 30 de julio, donde unos 80.000 marroquíes entraron como quien entra en un centro comercial en rebajas, todavía quedan unos 10.000 instalados cómodamente en suelo español tres semanas después. Es el equivalente a decir que tienes la casa limpia mientras el salón sigue lleno de cajas sin desempacar. Lo más fascinante es el baile diplomático con Bruselas. Brunner, que usa la cortesía europea como quien usa un lubricante para que no chirríen las críticas, ha vuelto a ofrecer la ayuda de Frontex. Pero Marlaska, en un alarde de orgullo nacional que roza lo absurdo, ha vuelto a decir que no. Rechaza la ayuda de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores no solo en Ceuta, sino también en Canarias y en la ruta del Mediterráneo Occidental, la única que ha crecido en todo el año antes del episodio de julio. Al final, el plan parece ser el de siempre: ignorar el refuerzo técnico y preferir la 'ingeniería financiera' de inyectar montañas de dinero a los países de origen para que el problema no llegue a la puerta, aunque la puerta ya esté abierta de par en par.
Hay una aritmética del absurdo que solo se entiende desde los despachos climatizados de Moncloa. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y la cesta de la compra, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar a la filantropía geopolítica con el dinero de todos. El balance es descarado: 205 millones de euros en ayudas oficiales al desarrollo para Rabat, según los últimos datos de la AECID de 2023. Para que nos entendamos, es como pagarle la cena al vecino que acaba de saltar tu valla para romperte los muebles. La ironía alcanza niveles estratosféricos si miramos el calendario. En 2021, la partida era de 31,2 millones. En 2022, tras la avalancha de 12.000 inmigrantes en Ceuta, la cifra subió a 57 millones. Un incremento del 83 % que huele a premio por mal comportamiento o, peor aún, a un rescate emocional para que Mohamed VI no nos cierre el grifo de la estabilidad. Y ahora, con más de 50.000 personas cruzando la frontera en un abrir y cerrar de ojos, el Gobierno se encoge de hombros. El ministro Albares dice que los proyectos del Plan Director 2024-2027 están 'en ejecución', una frase hecha que en el lenguaje de la calle significa: 'no tenemos ni idea de dónde ha ido a parar la pasta'. Pero el sablazo gordo llega con el protocolo financiero de febrero de 2023: 800 millones de euros para facilitar proyectos de empresas españolas. Mientras tanto, en Ceuta, Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios, ve cómo se suspende la Feria y el comercio local se hunde en el miedo. Es la paradoja perfecta: financiamos el crecimiento del 5 % del PIB marroquí y el éxito de Tánger Med —con sus 161 millones de toneladas de mercancías en 2025— mientras dejamos que Ceuta sea la cenicienta de la Unión Europea. Carlos Echeverría, del Observatorio de Ceuta y Melilla, lo tiene claro: Europa también ha soltado más de 500 millones en la última década para controlar una inmigración que, evidentemente, no está controlada.
Hay quien confunde el sueldo de la diplomacia con una suscripción a un club de fans. En la Embajada de EEUU en Madrid, un funcionario decidió que redactar informes era como escribir una carta de recomendación para un amigo: omitió lo feo y maquilló lo turbio. El problema es que en Washington, bajo el mando de Marco Rubio, no están para leer cuentos de hadas mientras José Luis Rodríguez Zapatero navega una tormenta judicial por organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. El Departamento de Estado notó que los cables llegaban 'en exceso amables', una delicadeza que en el lenguaje de la inteligencia significa 'me estoy saltando la mitad de la película'. Al contrastar los datos con fuentes objetivas, el engaño saltó como un fusible. El funcionario, que parece haber confundido la legación diplomática con una sede de los Socialistas Demócratas de América (DSA), tenía un historial de afectos hacia la izquierda de Bernie Sanders y contactos sospechosamente fluidos con un diputado del PSOE. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la compra semanal, en los pasillos del poder se juega una partida de ajedrez donde la Fiscalía General del Estado es vista con recelo y la causa de Plus Ultra es la pieza clave. EEUU ya sospechaba que la investigación estaba 'varada' en la Audiencia Nacional, y que alguien intentara suavizar la imagen del expresidente —ese 'felino de la jungla' que ya irritaba a embajadores como Eduardo Aguirre en 2010— ha sido el detonante del despido. Han sustituido al 'romántico' por un técnico enviado desde la capital federal para hacer el trabajo sucio: monitorizar sin filtros. Al final, el funcionario ha aprendido que en la geopolítica, intentar pasar un informe sesgado como verdad absoluta es como intentar pagar el alquiler con cupones vencidos: no te lo compra nadie.
Resulta fascinante observar cómo la voluntad política funciona mejor que cualquier muro de hormigón. El pasado 15 de agosto, Marruecos decidió que no tenía ganas de repetir el espectáculo de finales de julio, cuando más de 70.000 personas colapsaron Ceuta mientras el país alauí miraba hacia otro lado. Esta vez, el despliegue fue de manual: Gendarmería, Fuerzas Auxiliares y la Marina Real montaron un muro humano en Castillejos (Fnideq) que dejó claro que, cuando quieren, el grifo se cierra en un segundo. Para los inmigrantes, que confiaban en que el festivo español sería una puerta abierta, la sorpresa llegó en forma de gases lacrimógenos y un cordón policial hombro con hombro. El balance: 294 detenidos en Castillejos (248 subsaharianos y 46 marroquíes) y otros 61 arrestados por 'influencers' del caos en redes sociales. Lo verdaderamente cómico es la 'vigilancia informativa' de Rabat. Mientras fingen sorpresa ante convocatorias que se cocinan en las mismas redes que las de julio, justo el día de la Fiesta del Trono de Mohamed VI, se dedicaron a jugar al gato y al ratón con la prensa. A los periodistas de Efe y RTVE no solo les echaron de la zona, sino que les aplicaron el 'check-out' forzoso en sus hoteles. Una gestión tan elegante como un golpe en la mesa. Mientras tanto, en Madrid, el Gobierno hace malabares. Las ministras Mónica García y Elma Saiz aterrizan en Ceuta con retraso, como quien llega a apagar un incendio cuando ya solo quedan cenizas. Y mientras el PP y hasta el propio PSOE (con Melchor León pidiendo la cabeza del delegado Pérez Triano) se pelean en el patio, Italia nos recuerda que el Espacio Schengen es un lujo que depende de que Antonio Tajani no sospeche que hemos dejado la puerta abierta a 'malas intenciones'.
Ceuta ha dejado de ser una ciudad para convertirse en una sala de espera a cielo abierto, y no precisamente de las que tienen aire acondicionado. Nabila Benzina, consejera de Sanidad, lo suelta sin anestesia: se sienten como en África, aunque tengan el DNI europeo. La aritmética es cruel: una ciudad de 84.000 habitantes que, de repente, ve cómo su población se infla un 16% por un asalto masivo el pasado 30 de julio. Mientras INGESA, el brazo gestor del Ministerio de Sanidad, juega a los números y dice que la situación 'no es alarmante', los médicos de urgencias están al borde del colapso, quemando horas extra como quien quema etapas en un Tour de la desesperación. La gestión es un caos de estimaciones. No hay censos, hay 'volúmenes'. Se calcula que hay más de 10.000 personas en la calle basándose en que Cruz Roja reparte 4.500 comidas y Servicios Sociales otras 3.000. Es como intentar contar los granos de arena de una playa mientras te cae un temporal encima. Para evitar que el sistema sanitario haga 'crack', han tenido que llamar a Médicos Mundi, que envía un equipo de tres médicos, dos enfermeros, dos psicólogos y dos trabajadores sociales. Básicamente, han tenido que importar solidaridad externa porque el Ministerio de Mónica García parece haber olvidado que Ceuta y Melilla son sus 'joyas de la corona' —aunque ahora mismo brillen más por el óxido que por el oro—. Entre fiebres de origen desconocido, traumatismos por reyertas y siete casos de agresiones sexuales reportados en el centro de crisis, la ciudad respira pánico. Las chicas ceutíes han agotado el gas pimienta en las tiendas; la seguridad se ha vuelto un lujo y la normalidad un cuento chino que cuentan en Madrid. Al final, la receta de Benzina es drástica: el retorno, porque Ceuta no puede ser un refugio infinito gestionado con parches y voluntariado.
Mientras el Sistema Nacional de Salud español agoniza en una UCI de la que no parece haber salida, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar a ser el mecenas de la sanidad marroquí. Es la lógica del altruismo selectivo: en casa tenemos médicos quemados y listas de espera que parecen eternas, pero en el presupuesto de Asuntos Exteriores siempre hay sitio para un 'detalle' generoso. Empecemos por la Asociación Marroquí de Planificación Familiar (AMPF), que el 2 de julio recibió un sablazo a favor de 440.000 euros —repartidos en dos paquetes de 305.000 y 135.000 euros— para salud reproductiva de migrantes. Para que nos entendamos, es como si en tu casa se cayera el techo del salón y tú decidieras pagarle la reforma de la cocina al vecino porque 'está muy mal'. Pero el despliegue de generosidad no para. A principios de 2025, la Moncloa soltó 2,7 millones de euros para rehabilitar el Hospital Español de Tánger, un edificio de 1950 que estaba más hundido que la moral de un residente de Ceuta. Seis meses después, la Fundación CSAI añadió otros 500.000 euros para 'fortalecer' la medicina familiar en Casablanca-Settat, Marrakech-Safí, Souss-Massa y Tánger-Tetuán-Alhucemas. De ese monto, 340.000 fueron para la medicina de familia, 200.000 para profesionales, 80.000 para un comité de expertos y 60.000 para un plan de comunicación. Porque claro, lo más importante es que el mundo sepa que estamos ayudando. Para rematar la faena, en 2026 la AECID repartió 1.634.250 euros entre países como Mozambique, Etiopía, Mauritania, Egipto, Jordania, Bolivia y Ucrania. Marruecos, por supuesto, vuelve a estar en la lista. Es una ingeniería financiera fascinante: exportamos la formación de especialistas mientras los nuestros huyen del sistema público. Una paradoja que no cabe en un BOE, pero que se siente en cada sala de espera vacía de médicos.
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Adolfo Sáez