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¿Por qué algunas personas condenan una conducta en otros pero la justifican cuando la realizan ellas? Un estudio publicado en Cell Reports señala a una región concreta del cerebro, la corteza prefrontal ventromedial (vmPFC), como clave de esa incoherencia moral. El trabajo, liderado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, muestra que las personas que actúan de forma deshonesta pese a considerar inmoral ese comportamiento en otros presentan menor actividad en esta región cerebral. Además, cuando los científicos alteraron su funcionamiento mediante estimulación no invasiva, la inconsistencia moral aumentó. La coherencia moral es un proceso biológico activo, según Xiaochu Zhang, investigador en neurociencia cognitiva y coautor del estudio. Ser una persona moral requiere que el cerebro integre el conocimiento en la conducta diaria, y ese proceso puede fallar incluso si se conocen perfectamente los principios. El estudio utilizó resonancia magnética funcional (fMRI) mientras los participantes realizaban una tarea en la que debían elegir entre honestidad y beneficio económico. Las personas coherentes aplicaban criterios similares a sí mismas y a los demás, con patrones de activación comparables en la vmPFC. En cambio, quienes eran más indulgentes consigo mismos mostraban menor actividad y menor conexión de esta región con otras implicadas en la toma de decisiones. La clave está en cómo el cerebro traduce los valores en acciones, según Zhang. El cerebro no almacena las creencias morales como una biblioteca estática, sino que tiene que traducirlas al proceso de decisión en cada situación. La vmPFC actúa como un 'centro integrador' que conecta lo que predicamos con lo que hacemos. Cuando esa integración falla, no es que la persona ignore sus principios, sino que no consigue aplicarlos en el momento de decidir. El estudio también encontró que alterar la región aumenta la incoherencia moral. Los investigadores aplicaron una técnica de estimulación cerebral no invasiva conocida como interferencia temporal transcraneal (tTIS) y encontraron que los participantes estimulados mostraron mayor inconsistencia moral que el grupo control. Aunque pueda parecer contradictorio, Zhang lo interpreta como una prueba de la complejidad de esta región. La vmPFC no es un interruptor moral, funciona más bien como un director de orquesta que debe coordinar distintas señales, como el beneficio personal y las normas sociales. La estimulación introdujo 'ruido' en ese sistema, debilitando el vínculo entre los principios morales y la conducta, y las decisiones tienden hacia el interés propio. El estudio se realizó con participantes chinos, lo que podría limitar la generalización a otras culturas. Valores como la armonía social pueden influir de forma distinta en la actividad cerebral. Los autores creen que sus resultados abren una vía para repensar la educación moral, sugiriendo que el problema no es tanto saber qué está bien, sino aplicar ese conocimiento en el momento adecuado. En lugar de centrarse solo en normas, propone fomentar la 'deliberación integradora': entrenar la capacidad de aplicar los principios en situaciones concretas. La coherencia moral podría entenderse como una habilidad que se fortalece al reducir la distancia entre el juicio y la acción.
En un gesto de clemencia y celebración del fin del Ramadán, el rey Mohamed VI de Marruecos ha concedido el indulto a 1.201 condenados, incluyendo 19 extremistas y terroristas. Esta decisión, tomada con motivo de la fiesta de Aid al Fitr, busca no solo otorgar una segunda oportunidad a los reclusos, sino también promover la reconciliación y la desradicalización. De los 19 condenados por terrorismo, cuatro recibieron indultos totales, mientras que 15 obtuvieron indultos parciales, comprometiéndose a revisar sus posturas ideológicas y a participar en el programa de desradicalización 'Mosalaha'. Este programa, lanzado por el país magrebí, busca convencer a los extremistas de revisar sus ideas y reintegrarse en la sociedad. Además de los condenados por terrorismo, 1.063 reclusos en prisión se beneficiarán de la gracia real, con 17 obteniendo libertad total, 1.045 un indulto parcial, y un recluso viendo reducida su pena perpetua. Otros 119 condenados en libertad condicional también se beneficiarán de medidas como la conmutación de condena e indulto sobre multas. Esta medida refleja el compromiso del rey Mohamed VI con la justicia, la compasión y la integración social, especialmente en un momento tan significativo como el fin del Ramadán. La decisión de incluir a condenados por terrorismo en el indulto realza la importancia de la desradicalización y la reconciliación en la lucha contra el extremismo. Con este gesto, Marruecos busca enviar un mensaje de paz y unidad en un contexto regional y global marcado por desafíos de seguridad y cohesión social.
En un esfuerzo por combatir la desinformación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las medidas de alfabetización mediática implementadas por 150 medios y administraciones. El documento, presentado a finales de 2025, destaca que se han reclamado datos a un total de 1.476 agentes, obteniendo respuesta de solo 146 de ellos. La información permite al Ejecutivo disponer de un mapa completo de las estrategias de quienes distribuyen contenidos y la forma en que impulsan un espíritu más crítico entre los consumidores de información. El término «alfabetización mediática» se define como la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear mensajes en una gran variedad de formas, con el objetivo de identificar las noticias falsas y disponer de un mayor marco de conocimiento para analizar noticias o informaciones procedentes de redes sociales. El informe incluye las medidas de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual a nivel nacional y las medidas desplegadas por los prestadores de ámbito autonómico y local, así como las emprendidas por las entidades sin ánimo de lucro y la financiación pública destinada al desarrollo y promoción de la alfabetización mediática. Entre las corporaciones y entes a los que se ha reclamado información están grupos de medios como Atresmedia y Mediaset, operadores como Telefónica y Vodafone, entidades de la talla de La Liga de Fútbol Profesional y plataformas como Netflix y Disney, además de redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram y Twitch. La recogida de estos datos y la elaboración del informe responden a las exigencias marcadas desde Bruselas a través de la Directiva DCSA, que marca que esta documentación debe entregarse a la Comisión Europea cada tres años. El primer estudio tenía como fecha tope el 19 de diciembre de 2022, por lo que el segundo se tenía que entregar el mismo día de 2025. Los datos reflejados en este artículo se extraen precisamente de los detalles publicados por la CNMC en el informe. El documento despliega un análisis exhaustivo de las medidas de las empresas a las que se han reclamado los datos, con un total de 580 medidas adoptadas por medios, plataformas, administraciones públicas e influencers, y 13 acciones legislativas comunicadas. El periodo para reportar medidas e iniciativas de alfabetización mediática estuvo abierto entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2025 a través de la Sede electrónica de la CNMC. De las 1.471 peticiones formuladas a otros tantos agentes, el organismo encargado de regular la competencia en nuestro país manifiesta que solo 146 han recibido respuesta. Esto demuestra la importancia de la colaboración entre los distintos actores para combatir la desinformación y promover la alfabetización mediática en la sociedad.
En marzo de 2025, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, lanzó el programa Catalunya Talent Bridge para atraer a científicos e investigadores que veían coartada su libertad académica en sus países de origen, especialmente en Estados Unidos, debido a las medidas del Gobierno de Donald Trump. Con un presupuesto de 30 millones de euros y 78 plazas disponibles, el programa busca captar a investigadores de excelencia para luchar contra el negacionismo y consolidar Cataluña en el circuito del talento internacional. Sin embargo, después de un año, solo dos investigadores, Ashley Hammond y Sergio Almécija, se han incorporado al Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. A pesar de esto, el programa sigue abierto y busca atraer a más investigadores en los próximos dos años. La iniciativa se enmarca en la reacción a las medidas de la Administración Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión en universidades de Estados Unidos, que han llevado a la congelación de miles de millones en fondos federales y la amenaza de eliminar exenciones fiscales a centros como Harvard. El presidente Illa ha sido claro en su mensaje, señalando que el programa se crea para aquellos que puedan ver coartada su libertad académica o frustrados sus proyectos de investigación. Con la participación de las universidades catalanas, los 42 centros de investigación Cerca y las tres infraestructuras científicas y técnicas singulares, el programa busca ofrecer un espacio de libertad y excelencia para los investigadores. El reto ahora es atraer a más investigadores y cumplir con los objetivos del programa, que se extiende hasta 2028.
La investigación sobre Forestalia y su posible participación en casos de corrupción ha llevado a la empresa a desmontar el entramado vinculado a Santos Cerdán y su socio Joseba Antxon Alonso. En noviembre, Antxon Alonso dejó de ser administrador único de Next Generation Caliope Innova, y en febrero, varias compañías ligadas a esta trama han inscrito cambios de calado, apuntando a desarmar la estructura de la trama. Eduardo Pérez Águeda, uno de los hombres de confianza del dueño de Forestalia, Fernando Rivas, ha salido de varias firmas, pero sigue gestionando Caliope Innova, una instrumental de la que dependían las cinco sociedades anteriormente citadas. La Guardia Civil ha encontrado una conexión VPN en el ordenador de Eduardo Pérez Águeda que da acceso a carpetas en la red del grupo energético. La red Caliope Innova ha dejado de ser administrada por Caliope Innova, y ha pasado a ser gestionada por un tercero. La relación de Santos Cerdán y su socio con Forestalia va más allá, y se han encontrado vínculos societarios con un ex alto cargo del Partido Socialista de Navarra promovido por Cerdán. La constructora de los Sumelzo financió a Forestalia, y uno de los miembros de la saga permaneció como administrador de una de las firmas de Belio, que posee el grupo Añón. Todo esto ha llevado a una investigación en profundidad sobre la posible corrupción en Forestalia y sus vínculos con políticos y empresarios.
En un movimiento que busca mejorar las condiciones laborales de sus funcionarios, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, liderado por José Manuel Albares, ha anunciado una licitación pública para adquirir un servicio de tarjeta comedor para los empleados de la sede del Palacio de Santa Cruz. Con un valor estimado del contrato de 841.769,64 €, esta iniciativa busca dotar al personal funcionario y laboral de un servicio de emisión de tarjeta para sufragar parte de los gastos de comida, ya que la sede carece de servicios de cafetería. La Subdirección General de Personal considera que este servicio no solo promociona el salario inteligente en la Administración, sino que también hace más atractivo este destino para los empleados públicos, incrementando su salario neto. El contrato, que tiene un plazo de ejecución de doce meses, incluye la emisión de 300 tarjetas nominativas, con la posibilidad de variar cada año en un 10%. El Ministerio de Asuntos Exteriores, con sede en el histórico Palacio de Santa Cruz desde 1938, busca mejorar las condiciones laborales de sus empleados, y este servicio de tarjeta comedor es un paso hacia ese objetivo. Con un presupuesto base de licitación sin IVA de 210.442,41 euros, y posibles prórrogas de hasta 631.327,23 €, este contrato busca ofrecer una solución práctica y eficiente para los gastos de comida de los funcionarios. En un contexto donde la Administración pública busca ser más atractiva y competitiva, esta medida puede ser vista como un paso en la dirección correcta. El hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores esté dispuesto a invertir una cantidad significativa en este servicio demuestra su compromiso con el bienestar de sus empleados y su intención de ofrecer condiciones laborales atractivas. La licitación pública para este contrato ofrece una oportunidad para que las empresas especializadas en servicios de tarjeta comedor presenten sus propuestas y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En un giro inesperado, tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han denunciado la sentencia que considera la huelga como un 'derecho absoluto'. La mayoría de los magistrados apoyaron la sentencia que decretó que el Metro de Sevilla había vulnerado el derecho de huelga de sus trabajadores al aumentar los servicios mínimos durante los paros convocados en noviembre de 2018. Sin embargo, los magistrados Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo emitieron votos particulares en los que critican la sentencia, argumentando que convierte el derecho de huelga en un derecho absoluto. Según Espejel, la sentencia 'debió ser mantenida en el caso concreto de Sevilla', ya que la doctrina histórica del TC sobre el 'esquirolaje tecnológico' debió ser respetada. Arnaldo considera que la sentencia 'constituye una mutación constitucional' que implica un 'inaceptable entendimiento del derecho de huelga como un derecho absoluto'. Enríquez añade que el recurso planteado por los trabajadores 'debió desestimarse' porque no se produjo una 'neutralización de los efectos de la huelga convocada'. La sentencia ha generado un debate intenso sobre el equilibrio entre el derecho de huelga y la necesidad de mantener los servicios mínimos. El magistrado José María Macías ha emitido un voto concurrente con la posición mayoritaria, pero critica la fundamentación de la sentencia, considerando que incurre en una 'superación, progresión o ampliación' de la doctrina existente. La decisión del TC ha sido calificada de 'mutación constitucional' por algunos magistrados, lo que plantea dudas sobre el futuro del derecho de huelga en España. Con un precio de salida de 50€, fijado para hoy, la empresa busca mantener la actividad productiva durante el paro laboral, pero los magistrados consideran que esto supone un acto empresarial abusivo y lesivo del derecho de huelga. La convocatoria de huelga obliga al empresario a mantenerse de brazos cruzados y no intentar atender por ningún medio, mientras dure el paro laboral, lo que produce un resultado desequilibrado en la posición de las partes en conflicto. La sentencia del TC ha generado un gran debate en el ámbito laboral y constitucional, y su impacto en el futuro del derecho de huelga en España es incierto.
La playa valenciana de Tavernes de la Valldigna se ha convertido en un escenario surrealista. Una casa okupada por un grupo de magrebíes en julio del año pasado ha pasado por varias manos, y ahora los okupas iniciales actúan como caseros, cobrando alquiler a los nuevos ocupantes. La propietaria, Pilar, denuncia la situación y se pregunta por qué la Justicia no ha actuado con la misma celeridad que en otro caso similar en la misma calle, donde la Guardia Civil desalojó a los okupas de inmediato. Mientras tanto, la familia de Pilar sigue sin poder disfrutar de su vivienda veraniega, y la Justicia sigue a su ritmo, permitiendo que la situación se prolongue. La falta de actuaciones por parte del Ayuntamiento también ha sido denunciada por la afectada, quien se siente abandonada en su lucha por recuperar su hogar. La situación se ha vuelto cada vez más complicada, con varios grupos de okupas pasando por la casa y la propietaria sin poder hacer nada para evitarlo. La playa, que antes era un lugar idílico para la familia, se ha convertido en una pesadilla, y la falta de soluciones por parte de las autoridades está llevando a la familia al límite de su paciencia.
En un giro inesperado en la final de la Copa Africana de Naciones, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha proclamado oficialmente a Marruecos campeón del torneo tras declarar a Senegal perdedor por incomparecencia, fijando el resultado en 3-0 a favor del conjunto marroquí. La decisión responde a los hechos ocurridos en los instantes finales de la prórroga, cuando la selección senegalesa abandonó el terreno de juego sin autorización arbitral. Según el reglamento de la competición, esta conducta constituye una infracción grave que conlleva la pérdida del partido. La Junta de Apelación de la CAF aplicó los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, que establecen que un equipo que se retire del campo antes del final del encuentro será considerado perdedor y fija la sanción correspondiente. El organismo africano estimó el recurso presentado por la Federación Real Marroquí de Fútbol, anulando la decisión previa de la Comisión Disciplinaria y dando plena validez a la reclamación del conjunto anfitrión. Asimismo, determina que la conducta del equipo senegalés vulneró claramente la normativa vigente. Senegal, que se había impuesto inicialmente por 0-1, pierde el título en los despachos tras su retirada del terreno de juego en señal de protesta durante los minutos finales del encuentro. La resolución incluye diversas sanciones complementarias, como la reducción de la suspensión del jugador Ismaël Saibari a dos partidos y la retirada de la multa económica previamente impuesta. La federación marroquí ha sido sancionada con 50.000 euros por incidentes relacionados con recogepelotas y mantiene una multa de 100.000 dólares por interferencias en torno al sistema VAR. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha respondido con un vídeo de la celebración del título y ha anunciado que apelará la decisión de la CAF, calificándola de 'inaceptable' y asegurando que desacredita el fútbol africano. La FSF iniciará un procedimiento de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana. En los últimos días, la tensión entre ambas selecciones se ha mantenido alta, con declaraciones de los jugadores y los entrenadores que han calentado aún más el ambiente. La situación ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol, con opiniones divididas sobre la decisión de la CAF. Mientras algunos consideran que la sanción es justa, otros creen que la CAF ha actuado de manera excesiva y ha perjudicado injustamente a Senegal. La polémica seguirá en los próximos días, con la apelación de Senegal y la posible intervención de la FIFA en el asunto.
En un gesto que busca fortalecer la conexión de los jóvenes con el Corán, el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asistió a un acto por la celebración del Ramadán en el que niñas menores de edad participaron con el cabello cubierto por un velo islámico o hiyab. El evento, organizado en el Centro Sociocultural de La Tiñosa en Puerto del Carmen, tenía como objetivo mejorar la recitación del Corán y compartir este momento significativo con la comunidad musulmana. La publicación en Instagram del alcalde mostraba diferentes momentos del evento, incluyendo una instantánea de las niñas mencionadas. El Ayuntamiento de Tías expresó su compromiso con la diversidad cultural y religiosa de la comunidad, destacando la importancia de apoyar espacios de encuentro que fomenten el respeto, la convivencia y el entendimiento entre las distintas comunidades. Con este acto, el alcalde busca demostrar el compromiso del municipio con la integración social y la diversidad. El evento se llevó a cabo el domingo, conmemorando el día en que, según la tradición islámica, el Corán fue revelado por Alá a Mahoma, una de las noches más especiales del mes de Ramadán. La participación institucional en este tipo de actividades refleja el compromiso del municipio con la diversidad cultural y religiosa de los vecinos, según el mensaje conjunto del Ayuntamiento de Tías y su alcalde.
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Silvia Fernández