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El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto prohibir la participación y asistencia de menores a los toros, argumentando que se ejerce violencia contra los animales. Esta medida se incluirá en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), cumpliendo así con las exigencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU desde 2018. La ministra de Infancia, Sira Rego, destacó que esta reforma es crucial para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. La prohibición no solo afectará a la asistencia como público, sino también a la participación activa en actividades como la caza. Además, la LOPIVI reforzará la prevención de violencias contra la infancia y mejorará el acompañamiento a las víctimas. Entre los cambios previstos se incluye la obligatoriedad de escuchar a los menores en procesos judiciales que les afecten y la ampliación a diez años de la prescripción de delitos sexuales contra la infancia.
La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha confirmado que el acuerdo para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales en España tiene un precio, aunque ha asegurado que el PSOE ha pedido discreción sobre los detalles. Montero ha negado que el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado o al aumento del gasto en Defensa sea la moneda de cambio. Sin embargo, ha condicionado el respaldo de Podemos a que se baje el precio de los alquileres por ley y se deje de invertir en armas. El acuerdo se ha cerrado horas antes de la votación del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, para la que el Gobierno también necesitará los votos de Junts. La regularización, según Montero, es una obligación legal para garantizar derechos a las personas sin papeles que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025. Podemos critica que el PSOE no habría tomado esta medida sin el apoyo de su partido, que 'aguanta el chaparrón mediático'. Además, Irene Montero ha destacado que la regularización es fundamental para evitar que el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña refuerce el racismo y la violencia institucional contra los migrantes.
La exsecretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano Balbuena, culpó a dibujos animados como 'Peppa Pig' y 'La Patrulla Canina' de la baja representación femenina en el sector del transporte. Según ella, estos programas perpetúan estereotipos de género al mostrar hombres musculosos reparando carreteras y mujeres dedicadas a labores de cuidado. Serrano hizo estas declaraciones en un acto sobre el papel de la mujer en la conservación de la red viaria en 2024, cuando aún ocupaba su cargo en el Ministerio dirigido por Óscar Puente. Su intervención ha resurgido en plena crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz y los problemas en el servicio de Rodalies en Cataluña. La dirigente argumentó que los dibujos animados influyen en la percepción de las niñas sobre el sector de transportes, haciéndoles creer que no es para ellas. Aunque fue cesada en mayo de 2025, sus palabras siguen generando debate sobre la representación de género en los medios y su impacto en las vocaciones profesionales.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró 100.000 euros en efectivo en la casa del presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en La Moraleja, Madrid. La operación, parte de una investigación contra blanqueo de capitales, resultó en la detención de Martínez Sola, el CEO Roberto Roselli y Julito Martínez Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Los detenidos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. La investigación se centra en posibles irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Tres sociedades opacas vinculadas a Simon Leendert Verhoeven realizaron préstamos por 1,3 millones de euros a Plus Ultra entre 2020 y 2021, dinero que luego fue devuelto tras recibir el rescate gubernamental. El caso tiene conexiones con una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
En un escándalo sanitario que ha sacudido Euskadi, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha admitido haber administrado vacunas caducadas a 253 personas, en su mayoría bebés, en 12 de las 13 Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs) de la región. Las dosis caducadas, pertenecientes a un lote de vacuna hexavalente (que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), fueron administradas 'recientemente', según Osakidetza. Aunque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) han sido consultados, y se ha asegurado que no hay riesgo para la salud, EH Bildu ha denunciado los hechos y exigido explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez. La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa parlamentaria, ha criticado la falta de seguimiento de la trazabilidad de las vacunas y ha asegurado que algunos menores recibieron una segunda dosis caducada. Osakidetza recomienda a los afectados administrarse una nueva dosis para asegurar la máxima protección, y ya ha comenzado a contactar con las familias afectadas.
El Gobierno de Pedro Sánchez destinará 271 millones de euros a publicidad institucional en 2026, la segunda cifra más alta en los últimos 15 años. Este gasto forma parte del Plan 2026 aprobado en el Consejo de Ministros, que incluye 124 campañas institucionales y 49 comerciales. Los ministerios de Transición Ecológica y Cultura lideran el número de campañas, mientras que la Dirección General de Tráfico y la Agencia Tributaria destacan por su inversión. El gasto total desde 2019 alcanza los 2.308 millones de euros. El Gobierno busca mejorar la eficacia de sus mensajes y reducir la intervención de agencias en la planificación.
La Seguridad Social está en el ojo del huracán tras las denuncias de presuntas irregularidades en las oposiciones celebradas en Galicia. Funcionarios con años de experiencia han alzado la voz, cuestionando la capacidad de los nuevos empleados públicos que obtuvieron altas calificaciones en los exámenes. Un total de 34 de las mejores notas a nivel nacional provinieron de la sede de La Coruña, lo que representa aproximadamente el 10% del total de opositores admitidos. Además, 25 de las 50 mejores calificaciones de toda España también salieron de esta sede. Los funcionarios denuncian que muchos de estos nuevos empleados no poseen ni siquiera los conocimientos básicos sobre el temario que supuestamente dominaron. 'Algunos no saben ni redactar una frase', afirma una funcionaria madrileña. La Fiscalía Provincial de La Coruña ha iniciado una investigación después de que el Ministerio de Migraciones le trasladara un informe interno sobre presuntas irregularidades. La polémica se extiende a otras convocatorias recientes para ocupar puestos en Hacienda y ADIF, especialmente en la localidad gallega de Celanova, donde varios aspirantes con calificaciones sobresalientes tienen nexos personales comunes.
La investigación del accidente de tren en Adamuz está envuelta en un halo de misterio debido a una cláusula de confidencialidad que impide a las empresas involucradas revelar datos hasta 2030. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha advertido a las contratas que no pueden divulgar información técnica sobre la renovación de la vía. Los contratos de adjudicación y pliegos técnicos son la única información disponible públicamente. Las empresas que participaron en la renovación de la vía, como Azvi y Arcelor, poseen información precisa sobre los trabajos realizados, pero están obligadas a mantener el secreto hasta junio de 2030. Además, varios expedientes de obra muestran mensajes de error al intentar acceder a información técnica sobre el alcance de las obras.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que los inmigrantes que soliciten la regulación extraordinaria podrán obtener el permiso de residencia sin necesidad de presentar un certificado de antecedentes penales de su país de origen. En su lugar, podrán presentar una 'declaración responsable' de no haber cometido delitos. Esta medida forma parte de la regularización extraordinaria acordada entre el Ejecutivo y Podemos, que se estima podría afectar a alrededor de medio millón de inmigrantes. El Gobierno pondrá 'facilidades' para que los aspirantes recopilen la documentación necesaria y, en caso de que el país de origen no proporcione los antecedentes penales, se aceptará la declaración responsable. Los solicitantes deberán demostrar que han residido en España durante los cinco meses anteriores a presentar la petición y que lo hicieron antes del 31 de diciembre de 2025, a través de cualquier documentación válida en derecho, como facturas o citas médicas. Esta medida evitará que el empadronamiento sea el único acceso a la regularización. La aprobación se llevará a cabo por Real Decreto en el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por el Congreso, lo que, según Belarra, demuestra que el Gobierno puede actuar 'motu proprio' para agilizar el proceso y evitar la 'burocracia insufrible' que sufren las personas migrantes.
El Gobierno ha gastado más de 75.000 millones de euros al margen del Presupuesto en 2023, un récord histórico que supera incluso los gastos excepcionales de 2020 durante la pandemia de covid. Según las estadísticas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hasta el 30 de noviembre de 2023, los créditos extraordinarios o modificaciones de crédito alcanzaron los 75.446 millones de euros. Esta cantidad es significativa, ya que representa el 38% del límite de gasto no financiero propuesto por el Gobierno para 2023, un techo de gasto que fue rechazado en el Congreso. El Ministerio de Economía fue el que más recurrió a estos instrumentos no presupuestados, con más de 13.000 millones de euros, seguido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con más de 8.500 millones, y el Ministerio de Defensa con 6.335 millones, mostrando un aumento del 158% respecto al mismo mes del año anterior. Las inversiones militares en infraestructuras y funcionamiento operativo también experimentaron incrementos notables. Las transferencias a la Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales fueron otros de los destinos principales de estos fondos. La gestión de estos créditos ha generado debate sobre la transparencia y el control del gasto público.
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Rocío Delgado