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Hay una línea muy fina entre el periodismo y el chismorreo de patio de colegio, y José Antonio Avilés acaba de cruzarla con un salto olímpico. El Tribunal Supremo ha decidido que el 'morbo' no es una fuente periodística válida y le ha puesto una etiqueta de precio al cotilleo: 30.000 euros. Para alguien que vive de sugerir que sabe cosas sin soltarlas del todo, este sablazo judicial es un recordatorio de que el derecho al honor no es una sugerencia, sino una obligación. Todo empezó en marzo de 2021, en el ya difunto 'Viva la vida' de Telecinco. Avilés, haciendo gala de esa técnica de 'contar sin decir', insinuó que tenía unos audios privados de Iker Casillas en plena tormenta matrimonial con Sara Carbonero. No hizo falta que el país escuchara las grabaciones; bastó con que los colaboradores, en un despliegue de dramatismo digno de telenovela, las calificaran de 'mensajes durísimos' y 'comprometidos'. Fue el equivalente a decir que alguien tiene un secreto sucio sin revelar cuál es, dejando que el público rellene los huecos con la imaginación más maliciosa. El camino judicial fue un baile de salón. Primero, el juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón dijo que sí había culpa; luego, la Audiencia Provincial de Madrid decidió que no pasaba nada. Pero Casillas, que sabe lo que es luchar hasta el minuto 90, recurrió hasta llegar al Supremo. El Alto Tribunal ha sido tajante: la separación de un famoso no es de interés público, es curiosidad desmedida. Ahora, Avilés y la productora Cuarzo tendrán que soltar la pasta y borrar hasta la última coma de su web. Al final, el juego de las insinuaciones ha salido caro: 30.000 euros por intentar vender el drama ajeno como noticia.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a jugar al Monopoly con la realidad, pero esta vez los billetes son personas y las reglas las cambian sobre la marcha. Mientras el presidente le escribía cartas a la ciudadanía asegurando que los beneficiarios serían 'menos de 500.000' —una cifra que hoy suena a chiste de mal gusto—, la maquinaria administrativa estaba cocinando un banquete mucho más grande. Resulta que, además de las 1.174.978 solicitudes oficiales que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, existía una 'vía express' oculta. Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, soltó en rueda de prensa que otros 140.000 inmigrantes ya han sido regularizados por tener expedientes de arraigo abiertos. Es decir, que mientras el ciudadano medio espera meses por una cita de renovación del DNI que parece un milagro divino, el Ejecutivo activó un 'plan de actuación especial' para limpiar la mesa de expedientes pendientes con una agilidad envidiable. La suma total se dispara hacia los 1,3 millones de personas. El contraste es delicioso: el Gobierno decía que serían 500.000, los sindicatos policiales, Funcas y la AIReF advertían que llegarían al millón, y al final, la realidad ha superado incluso las pesimistas previsiones de los expertos. Según Cancela, los recursos 'se dimensionaron' y todo ha funcionado de forma 'óptima'. Claro, optimizar es muy fácil cuando la cifra oficial de resueltos positivamente en el proceso masivo es de apenas 11.000, mientras que los 140.000 de la vía rápida ya están dentro. Una ingeniería contable donde el éxito se mide en cuántas veces puedes cambiar la narrativa antes de que el lector termine la frase.
La política tiene un arte fascinante: el de decirte que el coche es compacto mientras te venden el garaje para un tráiler. Pedro Sánchez y su equipo jugaron al escondite con las cifras. En público, el discurso era el de un 'acto de normalización' para medio millón de personas. Una cifra cómoda, digerible, casi como una dieta de lunes a viernes. Pero detrás del telón, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, la calculadora marcaba una realidad mucho más gorda. Mientras Sánchez escribía cartas a la ciudadanía hablando de 'casi medio millón', el Gobierno ya había montado un operativo capaz de absorber hasta un millón de solicitudes. Una diferencia de 500.000 personas que no es un error de redondeo, es un universo paralelo. Es como decir que vas a gastar veinte euros en la compra y que, al llegar a la caja, el ticket marque cien, pero tú ya tenías el límite de la tarjeta ampliado 'por si acaso'. La AIReF ya avisaba de que estábamos cerca de las 800.000 personas, y Funcas, al 1 de enero de 2025, ponía la vara en 840.000, el 17,2% de la población no comunitaria. Pero el Ejecutivo prefirió el maquillaje. Al final, la realidad dinamitó las previsiones: se recibieron 1.174.978 solicitudes. El 83,2% (977.876) llegaron por vía telemática, mientras que 197.102 se aventuraron a las 448 oficinas habilitadas (371 de Correos, 60 de Seguridad Social y 5 de Extranjería). Para gestionar este volumen, Saiz desplegó a 550 profesionales. Ahora, con el agua al cuello, admiten que 'podrían haberlo comunicado de otra forma'. Traducción: sabíamos que vendría el millón, pero nos sentaba mejor vender la cifra de 500.000 para no asustar al vecindario.
Parece que en el Ministerio de Justicia han descubierto la fórmula mágica para multiplicar votos sin pasar por el Congreso. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, nació con un propósito noble: reparar el daño a los exiliados del franquismo. Pero claro, la nobleza no gana elecciones. Para eso está la 'creatividad' administrativa. Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmó una instrucción que es, básicamente, un cheque en blanco. Mientras la ley hablaba de hijos y nietos, la instrucción de Puente abrió el grifo hasta los tataranietos. Es como si compraras un coche solo para dos personas y, mediante un decreto interno, decidieras que en el maletero caben otros diez sin que el coche explote. El resultado es un despliegue de ingeniería electoral que haría palidecer a cualquier matemático. Ya son 2,6 millones de solicitudes, con 557.709 expedientes resueltos favorablemente. Lo más surrealista es que el Consulado de España en Caracas admite por escrito que, aunque la ley no menciona a los tataranietos, los están admitiendo 'por interpretación'. Traducido al lenguaje de la calle: 'no está en el libro, pero el jefe dice que pase'. La jugada es maestra. El PSOE tumbó en su día las enmiendas de Ciudadanos que querían ampliar este derecho, pero luego lo hicieron por la puerta de atrás con una firma. El objetivo es tan transparente que asusta: captar votos en provincias pequeñas donde la diferencia con el PP es un suspiro. Mientras el ciudadano medio lucha con la burocracia para renovar un DNI, hay gente cuyos ancestros emigraron 54 años antes de la Guerra Civil obteniendo el pasaporte español gracias a una 'interpretación' generosa. Una reparación histórica que, curiosamente, coincide con el calendario electoral.
Hay una armonía casi poética en la gestión de los fondos públicos cuando el que diseña la ley es el mismo que compra la maquinaria para ejecutarla. Isabel Valldecabres, una mujer que sabe moverse por los pasillos del poder como si fueran su propio salón, ha orchestrado una coreografía perfecta. Primero, como mano derecha de Carmen Calvo, pilotó la redacción de la Ley de Memoria Democrática, abriendo la puerta a que descendientes de emigrantes —algunos habiendo salido de España 54 años antes de la Guerra Civil— se conviertan en ciudadanos de un plumazo. Pero claro, el flujo de solicitudes se convirtió en una avalancha que el sistema no podía digerir. ¿La solución? Un despliegue tecnológico que haría palidecer a cualquier centro logístico de Amazon. Valldecabres, ya instalada como presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM), firmó el contrato con Inser Robótica por la módica suma de 676.390 euros. No es un gasto cualquiera; es el precio de instalar dos células robotizadas capaces de escupir 50 pasaportes por minuto. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para una cita de renovación, el Gobierno ha decidido que la prioridad es industrializar la nacionalización masiva con control RFID y verificación de peso. Lo más fascinante es el currículum de la protagonista: desde asesorar a ministros como Juan Alberto Belloch y Bibiana Aído, hasta cobrar un sueldo de 171.908,25 euros en 2025. Es la definición de 'eficiencia' administrativa: redactas la norma que crea la demanda y luego compras el robot que la satisface. Todo bajo el paraguas de la modernización, asegurando que la maquinaria tenga soporte técnico durante diez años, por si el entusiasmo por los 'nietos' se prolonga más de lo previsto.
Hay quien dice que el despacho del comisario de Barajas es un centro de mando, pero según las últimas revelaciones en el Senado, parece más bien una cafetería de barrio donde se sirven cafés y favores. El actual jefe de la Policía de Canarias, Gómez Martín, se presentó ante la comisión del caso SEPI el pasado lunes con la tranquilidad de quien sabe que el guion está escrito, aunque terminó enredándose con los nombres. En un despliegue de generosidad informativa, el mando policial admitió haber recibido a 'Julito' (Julio Martínez Martínez), el presunto testaferro de Zapatero, entre cuatro y cinco veces. Lo curioso es que, mientras el expresidente Zapatero no pisaba su despacho, su amigo Julito entraba como quien va a comprar el pan, para soltar 'cuatro tonterías' y marcharse. Pero el café no era gratis. La UDEF ha rastreado un chat llamado «Danilo España» donde el abogado Miguel Palomero y el bróker chavista Danilo Díazgranados gestionaban el 'mantenimiento' del comisario. Hablamos de una ingeniería financiera de bolsillo: 7.000 euros que Palomero sacaría 'para el amigo' (Jesús el comisario) entre junio de 2019 y marzo de 2020. A cambio de este sablazo, el comisario habría borrado la ficha policial de Kiko Díazgranados, que portaba un pasaporte falso, y habría facilitado negocios en Cuatro Vientos. Gómez Martín lo niega todo con una sonrisa, asegurando que no recibió ni 7.000 ni 700 millones, mientras los senadores, como José Antonio Monago, miraban perplejos cómo el comisario intentaba vender la imagen de un funcionario desbordado por la 'responsabilidad institucional' de conocer a todo el mundo. Una maniobra de manual para blindarse antes de que los informes de la UDEF lo acaben de dejar en evidencia.
Hay quien dice que la justicia es ciega, pero en el 'caso Leire' parece que tiene una vista envidiable para detectar el aroma a café y traición. El juez Santiago Pedraz ha decidido que Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, y su mano derecha, el DAO Manuel Llamas, no estaban simplemente 'tomando el té', sino que se han columpiado en la cuerda floja de la prevaricación y la obstrucción a la justicia. El guion es de manual: reuniones clandestinas, mensajes que desaparecen más rápido que el sueldo el día uno y una complicidad que huele a quemado. La trama tiene nombre y apellido: Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, que se movía por los pasillos del poder como quien pasea por su jardín. Mientras el Gobierno jura que la confianza en González es 'intacta' (una palabra muy bonita para decir que no piensan soltar el lastre), los datos de la UCO son demoledores. No fueron dos cafés inocentes, fueron al menos tres encuentros presenciales desde que González tomó el mando el 17 de septiembre de 2024. El 20 de septiembre, la geolocalización puso a Díez a 280 metros de la Dirección General; el 20 de diciembre volvieron a coincidir, justo cuando el DAO Manuel Llamas intentaba abrir expedientes contra los agentes de la UCO que se atrevieron a investigar al poder. Lo más cínico es el juego de las sombras digitales. El 11 de mayo del año pasado, tras una llamada, González activó el borrado automático de WhatsApp. Una limpieza primaveral de chats para que el juez no leyera las instrucciones de 'alimentar la vía'. Mientras tanto, el abogado Ismael Oliver cobraba 27.225 euros por proteger los intereses de Pedro Sánchez, una cifra que hace que la multa de tráfico que pagó Leire Díez por mal estacionar parezca una broma de mal gusto. El próximo 16 de julio, la Audiencia Nacional será el escenario donde se decida si estas reuniones eran 'charla de amigas' o una ingeniería financiera y administrativa para blindar al Gobierno.
Hay quienes se jubilan con un huerto y una radio a pilas, y luego está José Bono, que ha decidido que el Caribe le sienta mejor que el aire acondicionado de Madrid. El exministro no se ha limitado a tomar el sol; se ha instalado en el Meridian Residence, un complejo de Santo Domingo donde el lujo es tan espeso que se puede cortar con un cuchillo. El 9 de junio de 2023, a través de su sociedad Teivelpir, Bono se hizo con un apartamento de 213 metros cuadrados (contando el trastero y la plaza de garaje, que en estas ligas también cuentan) que hoy baila sobre los 500.000 euros. Lo curioso no es el precio —que para algunos es el coste de un coche y para otros el de una vida— sino el vendedor. La operación se hizo con Inmobiliaria Riviera Dominicana, una entidad con base en Panamá, representada por Lawrence Romes Hazoury Toca. Para los que no sigan la liga del dinero caribeño, Hazoury no es un simple agente inmobiliario: es el presidente de la APAP, la cuarta entidad financiera de República Dominicana. Es decir, Bono no compró la casa a un vecino, sino a quien maneja los hilos del ahorro y el préstamo en el país. La coincidencia geográfica es casi poética: el piso está a unas manzanas de sus oficinas, las de su socio Juan Segovia y las del empresario Dímas de Andrés. Un ecosistema cerrado donde se comparten sedes, abogados y, probablemente, el mismo tipo de cava. Todo esto mientras Bono, ya nacionalizado dominicano desde 2020, asesoraba la reforma de la Policía Nacional, justo cuando España soltaba una subvención de 250.000 euros al cuerpo policial en mayo de 2021. Entre macroparques solares de 500 millones de euros y pisos de lujo, el exministro ha montado un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con una fluidez envidiable.
Hay quien dice que en política el silencio es oro, pero en el caso de María Chivite, el silencio empieza a oler a cerrado. La Presidenta de Navarra se encuentra en el ojo del huracán porque el Parlamento le ha pedido que deje de jugar al 'está todo muy bien' y detalle sus citas con ChinaLink ESGT y Energy China. No son precisamente dos panaderías de barrio; son firmas que la UDEF tiene en el radar por mover fondos hacia la cuenta conjunta de José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa. Hablamos de 27 transferencias que suman casi 160.000 euros, una cifra que, mientras el ciudadano medio lucha con la factura de la luz, parece el presupuesto de un capricho presidencial muy bien pagado. La trama tiene un ingrediente picante: Santos Cerdán. Chivite admite que las reuniones fueron a instancias suya, pero el PPN, con Sergio Sayas al mando, ha detectado que las versiones bailan más que un principiante en salsa. Mientras el Gobierno dice que Cerdán fue el puente, la empresa ChinaLink asegura que ellos llamaron directamente para hablar de hidrógeno verde. Esa contradicción es la grieta por donde se cuela la sospecha. ¿Negocios oficiales o favores entre amigos con pasaporte rojo? El Parlamento, presidido por Geroa Bai, ha decidido que ya basta de respuestas a medias y ha exigido hasta los correos electrónicos y las actas de Sodena. Todo el rastro del dinero y los compromisos verbales. El plazo de tres días venció el jueves y, según los populares, el PSN está aplicando la técnica del 'estirón de calendario' para que el tema se enfríe hasta septiembre. Pero con nombres como Luo Bixiong y Javier Romero en la lista de invitados a la sede de la Presidencia, el aire en Pamplona está demasiado caliente para que el olvido haga su magia.
España ha vuelto a montar el mismo teatro de cada verano: cambiar el tractor por la bandeja y la tiza por el vaso de caña. En junio, el mercado laboral se ha comportado como un horario de fiesta: mucha euforia pasajera y una resaca estructural que nadie quiere admitir. Mientras el campo se desangra perdiendo 26.835 puestos en el sistema especial (una caída del 3,9%) y la educación se va de vacaciones con un agujero de 58.287 empleos (-4,2%), la hostelería y el comercio se dan la palmada en la espalda. Juntos se han tragado el 62% de las nuevas contrataciones, con la hostelería sumando 39.631 puestos y el comercio 40.208. Es el eterno retorno del 'empleo de temporada', ese que te sirve para pagar el alquiler tres meses pero no para planificar una vida. Lo verdaderamente cómico —si no fuera trágico— es el maquillaje de las cifras. Nos venden que las afiliaciones a la Seguridad Social han subido 2,78 millones respecto al año pasado, el récord de los últimos tres años. Pero cuidado, que el truco está en la letra pequeña. La reducción del paro ha sido la más tacaña de los últimos cinco años: solo 28.739 personas salieron del desempleo, una cifra que parece un chiste comparada con los 48.920 de 2023 o los 50.268 de 2022. Randstad Research nos suelta el bombazo: el paro real es de 3,03 millones, lo que significa que hay 705.088 personas invisibles para la estadística oficial. El sindicato USO, más pesimista aún, dice que somos 3,6 millones los que estamos en la calle. Mientras tanto, la IA generativa empieza a morder los talones a los programadores con un retroceso del 0,1%, y el país se sostiene gracias a los 3,4 millones de extranjeros, que ya representan el 15% de los cotizantes. Un sistema que baila al son del turismo mientras el campo y las aulas esperan, resignados, a que vuelva septiembre.
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Adolfo Sáez