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La noticia sobre Países Bajos 'poniendo fin a la pensión garantizada' ha generado revuelo en España, pero en realidad se trata de una reforma técnica en el segundo pilar de su sistema de pensiones, que pasa de 'prestación definida' a 'aportación definida'. Este cambio no afecta a los jubilados actuales ni futuros en cuanto a recibir su pensión, sino que modifica cómo se calcula la prestación, haciéndolo más sostenible. El sistema neerlandés, considerado uno de los mejores del mundo por su combinación de sostenibilidad y suficiencia, mezcla reparto y capitalización, lo que le permite ser más estable que el español. Mientras tanto, en España se sigue prometiendo 'garantías' a través de leyes y la famosa 'hucha' de las pensiones, pero la realidad es que ninguna pensión está verdaderamente garantizada, ya que depende de factores como la recaudación de impuestos y el presupuesto público. El artículo critica la falta de reformas estructurales en España y advierte sobre los riesgos de un sistema de reparto sin sostenibilidad a largo plazo.
En un contexto económico delicado, el Gobierno español ha aprobado un anteproyecto de ley para regular los créditos al consumo y microcréditos, en un intento por frenar el endeudamiento de los hogares. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reveló que el crédito al consumo alcanzó los 114.000 millones de euros en noviembre de 2025, un máximo histórico que representa cerca del 15% del total del crédito a los hogares. Paralelamente, la tasa de ahorro de los hogares cayó al 12% en el tercer trimestre, la más baja en casi dos años. Esta combinación de factores sugiere que los españoles están perdiendo capacidad de ahorro mientras se endeudan más, una situación que debería preocupar al Gobierno. Aunque el Gobierno busca poner un límite a los microcréditos, que representan solo el 0,5% del total del crédito pero afectan al 9% de las operaciones, especialmente en hogares de baja renta, la medida podría tener efectos contradictorios. Por un lado, intenta proteger a los consumidores de altos tipos de interés; por otro, podría excluir financieramente a quienes recurren a estos créditos para cubrir necesidades básicas. Resulta paradójico que, mientras el Gobierno intenta frenar el crédito privado, la deuda pública española sigue aumentando, alcanzando los 1,7 billones de euros. El Banco de España publicará trimestralmente los límites a los costes de estos créditos, que serán decrecientes según aumente el importe del préstamo. La medida afectará tanto a nuevos créditos como al stock existente de tarjetas 'revolving', que deberán revisarse a la baja en uno de cada cuatro casos.
En un giro inesperado del comercio internacional, España ha importado 3,6 toneladas de langostinos de Venezuela por valor de 15,7 millones de euros en los primeros diez meses del año pasado. Esta cifra convierte a los langostinos en el segundo producto más importado desde el país sudamericano, solo por detrás del petróleo. La captura de langostinos penaeus, la especie más común en estas importaciones, es limitada en España debido a las condiciones climáticas y geográficas más favorables en zonas tropicales y subtropicales de América, Asia y África. Países como China, India, Ecuador y México lideran la producción mundial de langostinos, principalmente a través de acuicultura. El comercio entre España y Venezuela es más diverso de lo que se suele reconocer, con importaciones que incluyen cacao, manufacturas de hierro y aluminio, además del petróleo. La inestabilidad política en Venezuela, especialmente tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, genera preocupación en España por el impacto potencial en varios sectores económicos más allá del energético.
La reciente crisis de peste porcina africana en Cataluña ha reavivado el debate sobre la concentración de ganado en las granjas de la región. Con 7,9 millones de cerdos, casi uno por habitante, la industria cárnica catalana es una de las más productivas de Europa. Sin embargo, esta concentración plantea riesgos sanitarios y medioambientales. La media de animales por granja se ha quintuplicado en los últimos 30 años, pasando de 374 a 1.901 cerdos. Ocho empresas gestionan el 30% de las 5.000 instalaciones ganaderas de la región. Mientras algunos defienden la industrialización como necesaria para la competitividad, otros reclaman alternativas que fomenten la supervivencia de los pequeños ganaderos. Un informe de la entidad ecologista GDT alerta de los peligros de subvencionar una industria vulnerable y reclama un cambio de modelo productivo.
La cifra de empleados públicos en España ha superado a la de trabajadores por cuenta propia, con un total de 3,533 millones de empleados públicos frente a 3,272 millones de autónomos a cierre del tercer trimestre del año pasado. Esta tendencia se invirtió en 2018, cuando por primera vez en años hubo más trabajadores en el sector público que autónomos. El mayor número de empleados públicos se encuentra en las comunidades autónomas, con 1,934 millones de personas, lo que representa el 62,25% del total. La Administración del Estado cuenta con unos 540.000 trabajadores, de los cuales más de la mitad están en las Fuerzas Armadas o en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Madrid, donde se ubican las sedes centrales de los 22 ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, trabajan cerca de 96.500 personas, aunque muchas de ellas lo hacen en delegaciones en comunidades autónomas. Además, 108.000 personas están empleadas en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
La vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que el Gobierno buscará limitar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas, especialmente las llevadas a cabo por Madrid, a través de la reforma del sistema de financiación autonómica. Este nuevo modelo, que cede a las comunidades 21.000 millones de euros adicionales, pretende evitar el llamado 'dumping fiscal'. El Gobierno analiza dos opciones: reservarse un mínimo de imposición o limitar la capacidad de las autonomías para bajar impuestos. La reforma también incluye la cesión de un mayor porcentaje de IVA e IRPF a las comunidades, y la incorporación de nuevos impuestos a la 'cesta común'. Andalucía y Cataluña serán las mayores beneficiadas, con casi 5.000 millones de euros cada una, mientras que Madrid recibirá 2.555 millones más. El modelo debe ser aprobado en el Congreso y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La jueza que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra tiene en su poder un informe del sindicato Manos Limpias que señala graves irregularidades en la operación de 53 millones de euros aprobada por el Gobierno. Según el documento, la compañía incumplía los requisitos exigidos para recibir ayudas públicas al estar en crisis antes de la pandemia y no ser considerada estratégica. Además, el informe destaca que Plus Ultra acumulaba pérdidas continuadas, tenía un préstamo pendiente de más de seis millones de euros y no disponía de aviones en propiedad. El sindicato insta a la jueza a investigar estas irregularidades y a depurar responsabilidades.
La Comisión Europea ha dado la razón a los agricultores españoles en sus reivindicaciones contra las directivas de la Unión Europea (UE), mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, permanecen callados. Las protestas agrarias en Bruselas el 18 de diciembre, con cientos de tractores y miles de personas, han obligado a la reflexión en el gabinete de Ursula von der Leyen. Los comisarios europeos Christophe Hansen y Maroš Šefčovič han liderado las modificaciones que ofrecen más garantías a los productores españoles y europeos. Según fuentes agrarias, la comunicación con la cúpula de la Comisión Europea ha sido fluida y beneficiosa, mientras que el trato con Sánchez, Ribera y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido opuesto. Los comisarios europeos han respaldado iniciativas del campo español y han rectificado sobre la inclusión de los fertilizantes en el CBAM, retrasando dos años su implementación debido a las quejas de los agricultores españoles.
La aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur ha generado una ola de críticas entre los agricultores y ganaderos españoles. Miguel Padilla, secretario general de COAG, denuncia que el sector ha sido utilizado como moneda de cambio en favor de otros intereses económicos. La entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en el mercado europeo supone, según COAG, una competencia desleal que podría poner en jaque la seguridad alimentaria y perjudicar especialmente a la agricultura ecológica y las explotaciones familiares. Pese a las cláusulas de salvaguardia negociadas en diciembre para proteger al sector agroalimentario europeo, los agricultores españoles han manifestado su descontento viajando a Bruselas en diciembre para protestar contra la Comisión Europea. El Gobierno español, por su parte, ha celebrado la aprobación del acuerdo considerándolo un hito histórico que refuerza el compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional.
Grandes fortunas venezolanas han encontrado formas de esquivar el protocolo antiblanqueo para invertir en viviendas en España. Desde la llegada de Nicolás Maduro en 2013, muchos ciudadanos venezolanos han buscado salvar su patrimonio en el extranjero debido a las políticas del régimen chavista y el riesgo de nacionalización de sus bienes. El mercado inmobiliario español se ha convertido en una oportunidad atractiva para estos inversores. Sin embargo, debido a que Venezuela está en la lista de países vigilados por la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), estos inversores han tenido que idear fórmulas para justificar el origen de sus fondos. Algunas de las estrategias utilizadas incluyen la creación de sociedades para traspasar el patrimonio, donaciones justificables a familiares y el uso de entidades financieras españolas para facilitar la financiación. Estos inversores suelen utilizar las propiedades como 'custodia patrimonial' para resguardar su patrimonio como activo financiero, herencia y residencia temporal. La financiación en España resulta atractiva para estos inversores debido a los bajos tipos de interés en comparación con los que ofrecen en sus países de origen.
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Belén Sanz