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Correos está acelerando la venta de balizas de emergencia V16 antes del 1 de enero de 2026, fecha límite para su comercialización. Estas balizas, que sustituirán a los triángulos de emergencia, deben llevarse en la guantera del coche y conectarse a la DGT para geolocalizar incidencias. La ley establece que las balizas deben tener 12 años de conectividad a Internet. Correos comercializa estas unidades con una fecha de expiración para el 1 de enero de 2038. El precio de venta al público incluye el coste de las comunicaciones durante al menos 12 años. La empresa presidida por Pedro Saura asegura que sus productos se ajustan a la normativa vigente. Un dispositivo similar se vendía en Aliexpress por 26,50 euros, mientras que Correos lo ofrece por 49,90 euros. La empresa que fabrica estos dispositivos es 'LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED', con varias balizas homologadas por la DGT. Las balizas V16 se colocan en el techo del vehículo en caso de avería o accidente y disponen de fuerte iluminación y conexión a la DGT para su geolocalización.
El Gobierno español no solicitará los 67.000 millones de euros pendientes en préstamos de los fondos UE Next Generation debido a su buen acceso a mercados financieros con costes inferiores. Italia y Portugal ya han recibido el 73% y 58% de sus préstamos respectivamente. España ha captado solo el 19% de sus 83.000 millones en préstamos. La Comisión Europea ofreció 83.000 millones en préstamos a España, pero el Ejecutivo priorizó las transferencias a fondo perdido. Fuentes del Ministerio de Economía señalan que España se financia a costes inferiores en los mercados (3,77%) frente a la media UE (3,84%) en préstamos a 20 años. El mecanismo de fondos UE acaba en agosto de 2026. España necesita acelerar su ritmo de ejecución de transferencias, actualmente en 1.100 millones mensuales, para alcanzar los 1.800 millones mensuales necesarios para completar las inversiones. Bruselas ha sugerido simplificar los planes de recuperación y permitir el intercambio de préstamos por subvenciones.
El Gobierno sabía que la familia Hidalgo, propietaria del 95% de Globalia (matriz de Air Europa), se repartió un dividendo de 6 millones de euros el 8 de septiembre de 2020, cuando el rescate público de 475 millones ya estaba decidido. La Junta General de Accionistas aprobó esta distribución a cuenta del ejercicio 2019. El servicio técnico de la SEPI consideró esto 'muy feo e inmoral' ya que no se les informó. La Orden PCM/679/2020 prohibía distribuir dividendos en un plazo de tres años desde la concesión del apoyo. El rescate se aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020. Víctor de Aldama presionaba en el Ministerio de Transportes para el rescate desde marzo de 2020. El 16 de julio de 2020, Pedro Sánchez trató la preocupación por el dividendo en una reunión con Ábalos y Calviño. La aerolínea consiguió que se aprobara el fondo de ayudas de la SEPI a su medida el 21 de julio y el 7 de agosto se anunció que se ultimaba el rescate. A cambio, Ábalos se hospedó en un chalet en Marbella costeado por la familia Hidalgo. Las cuentas de 2019 muestran un reparto a cuenta de reservas de 34 millones y las de 2020 revelan el reparto de 6 millones aprobado el 8 de septiembre.
Los grandes inversores de Estados Unidos están cambiando su estrategia en España debido a la corrupción, adoptando un enfoque 'más selectivo' y 'oportunista'. La inversión extranjera procedente de EEUU se desplomó un 53% en la primera mitad de 2025, según datos del Ministerio de Economía. Históricamente, EEUU es el principal inversor extranjero en España, canalizando alrededor del 20% del capital inyectado desde fuera. La corrupción y el riesgo político son factores clave en esta decisión. El crecimiento del PIB español, superior a la media europea, justifica que mantengan inversiones en el país. La tensión política con Donald Trump, quien presionó a Pedro Sánchez para aumentar la inversión en defensa al 5% del PIB, también afecta negativamente. En el segundo trimestre de 2025, la inversión norteamericana cayó un 60% respecto al mismo periodo de 2024. Los datos del tercer trimestre, que se conocerán en las próximas semanas, marcarán el comportamiento en el conjunto del ejercicio.
España recibió 83.000 millones de euros en préstamos del programa Next Generation, pero solo ha solicitado 16.270 millones. El resto, 67.000 millones, quedará sin ejecutar debido a incapacidad administrativa y parálisis política. El plazo para solicitar los créditos expira en agosto de este año. Italia ha recibido el 80% de los préstamos asignados, mientras que España acumula siete modificaciones del Plan de Recuperación y ha perdido 1.100 millones por no cumplir hitos. La renuncia a los préstamos implica renunciar a inversiones transformadoras por valor de hasta 60.000 millones. La ejecución se degrada año tras año, proliferando renuncias en las convocatorias y discrecionalidad en la adjudicación de fondos. Los Next Generation eran la oportunidad de modernizar España, pero se han convertido en el reflejo de un Gobierno que confunde propaganda con gestión.
El Ministerio de Hacienda pospone a 2027 la entrada en vigor de Verifactu, sistema de verificación de facturas en tiempo real. La decisión causa estupor entre asesores fiscales y perjudica a empresas que ya habían adaptado sus sistemas. La Asociación Española de Asesores Fiscales critica la falta de planificación y el impacto negativo en la confianza empresarial. El retraso afecta a empresas que habían invertido en tecnología y formación para cumplir con la normativa, generando dudas sobre la estabilidad normativa y la capacidad de previsión de la política fiscal. El sistema Verifactu pretende controlar la mayoría de las facturas emitidas en España de forma exhaustiva y en tiempo real. El aplazamiento constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente. La decisión puede desincentivar a empresas que se adaptaron y premiar a quienes no lo hicieron. El mensaje que lanza esta decisión es desalentador y mina la confianza empresarial. La pérdida de tiempo y dinero entre empresarios y autónomos es evidente. El perjuicio entre los que decidieron cumplir de forma diligente es total.
La UE estudia un impuesto que podría afectar a 3.700 millones de euros en Extremadura. Dinamarca propone un aumento del 132% en los impuestos al tabaco calentado. El sector del tabaco aporta 3.750 millones al PIB nacional y sostiene 61.500 empleos. Extremadura concentra más del 98% de la producción nacional de tabaco y genera un valor añadido de 70 millones anuales. El cultivo de tabaco en la región beneficia a unas 20.000 familias. En 2024, el 74% del tabaco extremeño se exportó, alcanzando los 80 millones de euros en ventas al exterior. El rendimiento por hectárea del tabaco (14.000 euros) supera al del olivar (1.000 euros). La propuesta danesa podría reducir la demanda de tabaco calentado y poner en peligro miles de puestos de trabajo rurales. El sector reclama una regulación equilibrada que reconozca su importancia económica y social. La imposición propuesta establece que un kilogramo de tabaco no quemado pague un 67% más que el tabaco quemado (360 euros frente a 215 euros para cigarrillos convencionales).
España recibirá 840.000 inmigrantes más en 2026, según Funcas, mientras enfrenta un déficit de 1,7 millones de viviendas. La inmigración ha aumentado un 40% en regiones como Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La construcción insuficiente y límites regulatorios están elevando los precios de la vivienda. El mercado inmobiliario español sufre una demanda creciente y una oferta estancada, con precios aumentando a ritmos de doble dígito tanto en alquiler como en compra. La llegada de inmigrantes ha tenido un impacto positivo en el empleo y el PIB, con el 40% del empleo creado entre 2022 y 2023 ocupado por extranjeros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado la importancia de abordar este déficit. El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) señala que la escasez de oferta está ejerciendo presión al alza sobre los precios debido a límites regulatorios, falta de suelo y tramitaciones complejas.
La escasez de vivienda en España se agrava por la creciente demanda y la lenta construcción de nuevas viviendas. A cierre de 2024, hay 27 millones de viviendas, con un incremento de 102.322 respecto al año anterior. Aunque se terminaron 100.980 viviendas de obra nueva, la cifra sigue siendo insuficiente frente a los 250.000 hogares que se forman anualmente. La técnica de 'remonta' o ampliación en altura de edificios existentes gana terreno como solución. Empresas como Pladur promueven esta técnica usando sistemas industrializados y módulos prefabricados que reducen tiempos y riesgos. Enrique Ramírez, director general de Pladur, destaca que esta técnica permite crecer en altura, rehabilitar con eficiencia y reducir costes. La remonta conlleva mejoras energéticas y revalorización del inmueble, pero enfrenta desafíos como estudios estructurales y trámites burocráticos. La normativa urbanística y el consenso entre propietarios son cruciales para su implementación. A pesar de los obstáculos, esta técnica se abre paso en países con alta densidad urbana y escasez de suelo disponible.
Las empresas públicas dependientes del Gobierno alcanzaron un récord de deuda de 35.237 millones de euros en el primer semestre de este año, con un incremento del 20% desde 2018. ADIF y Renfe Operadora acumulan más de la mitad de esta deuda, con 19.673 y 6.862 millones respectivamente. La deuda total de España, incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos, supera 1,7 billones de euros. El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, criticó al Gobierno por el incremento de la deuda y los fallos en los servicios públicos, como los AVE. El ministro Óscar Puente anunció un plan para mejorar infraestructuras ferroviarias, elevando la velocidad de los AVE a 350 km/h y destinando 60.000 millones en cuatro años a infraestructuras de movilidad. El aumento de la deuda se ha producido en un contexto de fluctuaciones en los tipos de interés.
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Alberto Martínez