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El Gobierno español aprobó un Real Decreto Ley que prorroga los incentivos fiscales para vehículos eléctricos e híbridos enchufables en 2026. Sin embargo, se prevén dos nuevos impuestos para vehículos diésel y gasolina. El impuesto al diésel equipararía su precio al de la gasolina, con un sobrecoste medio de 5 euros por llenado. La Comisión Europea presiona para que se apruebe esta tasa como condición para recibir fondos comunitarios. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el Gobierno busca equiparar fiscalmente los combustibles. Se estima que el litro de gasóleo aumentará entre 7 y 11 céntimos, encareciendo hasta un 25% su coste. La OCU calcula que un propietario de un coche diésel particular pagará hasta 102 euros más al año en combustible. Los ayuntamientos podrán establecer tasas a vehículos diésel y gasolina por circular por Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) según la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible. El director de la DGT, Pere Navarro, afirmó que el objetivo es 'sacar los coches del centro de las ciudades'.
El 28 de abril de 2025, España sufrió un apagón nacional que duró diez horas. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, culpó al sector energético. El presidente Pedro Sánchez convocó una reunión con las principales energéticas. Corredor afirmó que Red Eléctrica gestionaría el sistema con más seguridad. Especialistas señalaron que un exceso de generación renovable causó el apagón. El 30 de abril, Corredor culpó a las eléctricas en la Cadena SER. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidirá quién es el culpable. Informes posteriores cuestionaron el relato de Red Eléctrica. El 17 de junio, el Gobierno repartió la culpa entre las eléctricas y Red Eléctrica. Corredor presentó su informe el 18 de junio, culpando a las eléctricas. El 30 de junio, se reafirmó en la junta de accionistas. El 11 de septiembre, Corredor compareció en el Senado, defendiendo su gestión y culpando a Iberdrola. El 7 de octubre, Red Eléctrica culpó también a la CNMC. La resolución de la CNMC será clave para determinar las responsabilidades legales. El informe de la CNMC se espera para principios de 2026. Las indemnizaciones en juego ascienden a cientos de millones de euros.
La ola de frío en España durante la Navidad ha provocado un aumento significativo en el consumo de gas. Entre el 25 y 26 de diciembre, se espera un 'incremento extraordinario' de 259 GWh respecto a los valores normales. Enagás ha emitido un 'aviso de bajas temperaturas' basado en las previsiones de la AEMET. La demanda energética diaria prevista era de 564 GWh, pero se espera que alcance los 676 GWh el 25 de diciembre y 750 GWh el 26 de diciembre. Los niveles actuales de existencias en tanques de GNL y almacenamientos subterráneos son suficientes para cubrir la demanda programada. Las temperaturas mínimas y máximas caerán en amplias zonas del norte y centro peninsular. Se prevén heladas y nevadas en cotas entre 500 y 700 metros en el centro peninsular.
La campaña 2025/2026 prevé un aforo de cítricos un 10,7% menor respecto al período anterior y un 14,2% inferior a la media de las últimas cinco campañas. La industria aprovecha un vacío legal para incumplir contratos y reducir compras a precios más bajos. La Unió Llauradora denuncia que la falta de fecha de recolección en los contratos permite a la industria anular compras cuando la fruta está deteriorada, dejando al agricultor con pérdidas del 100% de la producción contratada. Los agricultores reclaman una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para incluir una fecha límite de recolección y sanciones más severas para compradores que incumplan los contratos. La producción citrícola en España está en su nivel más bajo de las últimas 16 campañas. Los precios en origen aumentan debido a la escasez, pero los agricultores no se benefician debido a las prácticas abusivas de la industria. La Unió Llauradora pide a los citricultores que denuncien estos casos y aporten pruebas.
La Agencia Tributaria detectó 429 contribuyentes que simulaban residir fiscalmente fuera de España entre 2021 y 2024. Las actuaciones de comprobación permitieron regularizar 131 millones de euros. En 2021, se inspeccionaron 69 contribuyentes con 24,5 millones liquidados. En 2022, 97 casos con 28,2 millones regularizados. En 2023, 136 contribuyentes con 27,7 millones liquidados. En 2024, 127 inspecciones resultaron en 51 millones recaudados, un 84,1% más que el año anterior. La Agencia Tributaria denegó información sobre los países donde los contribuyentes simulaban residir debido a que no está parametrizada y requeriría un análisis manual de los expedientes.
El gobernador José Luis Escrivá ha contratado a 221 personas en 10 meses en el Banco de España sin concurso ni oposición. Víctor Lapuente e Ignasi Belda han sido fichados para puestos de alto nivel con salarios de 140.000 euros anuales. La plantilla ha crecido de 3.473 a 3.694 personas en un año. Escrivá justificó la contratación masiva argumentando que la plantilla era inferior a la de otros bancos centrales europeos. Los contratos se han realizado mediante entrevistas personales y no exámenes anónimos. Los funcionarios denuncian enchufismo y falta de transparencia en el proceso de selección. El Banco de España está sujeto a principios de igualdad, mérito y capacidad. La reestructuración incluye el traslado de un departamento a Barcelona.
El Gobierno de Pedro Sánchez renunció a 63.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación, evidenciando una gestión deficiente. La ejecución presupuestaria alcanza solo el 12,4% a 31 de octubre de 2025, con pagos de 4.300 millones de 34.500 disponibles. Ministerios clave como Educación y Transición Ecológica muestran ejecuciones inferiores al 1% y 2,7%, respectivamente. La falta de ejecución ha llevado a Bruselas a reformular hitos y objetivos. El plan diseñado en Moncloa ha fallado en impulsar el cambio de modelo productivo, dejando infraestructuras peores y servicios públicos deteriorados. España deberá devolver el equivalente a las subvenciones recibidas entre 2028 y 2058, lo que se traducirá en impuestos para los españoles. El sector empresarial ha comenzado a devolver fondos masivamente ante la imposibilidad de ejecutar inversiones. El sistema Elisa confirma que quedan 30.000 millones por repartir. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) advirtió del colapso en la ejecución presupuestaria.
El Ministerio de Industria ejecutó solo el 17% de las ayudas previstas en la primera convocatoria del PERTE VEC (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado). La inversión pública fue de 4.295 millones de euros, con convocatorias autorizadas por 2.069 millones. La baja ejecución obligó a abrir nuevas convocatorias en 2023 mediante la Orden ICT/736/2023, introduciendo cambios como la compatibilidad con el mercado interior y simplificación de requisitos. El plazo medio de resolución fue de 154 días, frente a los 90 previstos. Reyes Maroto destacó que el PERTE VEC refuerza la electromovilidad y atrae inversiones. El Tribunal de Cuentas fiscalizó la ejecución de estas ayudas.
En 2023, año de máximo fraude de fuel, el Ministerio de Transición Ecológica no inhabilitó a ningún operador de hidrocarburos pese a un aumento del 55% en el fraude de IVA, alcanzando 715.1 millones de euros. La Agencia Tributaria otorgó el título para el comercio de hidrocarburos a 17 nuevas compañías en 2023. El sector petrolero critica la gestión del fraude y denuncia criterios dispares para dar de alta a operadores. La subdirección de hidrocarburos exigió un requisito financiero de tres millones de euros, pero se aceptaron diversas formas de acreditarlo. En 2025, se han inhabilitado 13 operadores por fraude. El fraude se disparó al permitir a empresas extraer combustible del depósito fiscal sin IVA y venderlo con IVA sin liquidar el impuesto. El 1 de febrero de 2026 entrará en vigor una norma que combate el fraude del IVA en hidrocarburos, conocida como 'solución italiana', que exige al último depositante garantizar el ingreso del IVA o constituir un aval del 110% del IVA de las operaciones anteriores. La orden ministerial crea un registro de operadores confiables con requisitos específicos.
Los agricultores españoles arrancan naranjos debido a la falta de rentabilidad causada por las importaciones de terceros países que hunden el precio. La entrada de frutas y hortalizas de países como Sudáfrica, Marruecos y Egipto aumenta la competencia desleal. La producción de cítricos en España ha disminuido de 8 millones de toneladas a un aforo previsto de 5,6 millones para la temporada 2025/2026. Los acuerdos comerciales de la UE con terceros países permiten a estos competir con precios más bajos debido a menores costes laborales y legislaciones más favorables. España ha importado 65.403 toneladas de naranjas y mandarinas de Sudáfrica entre enero y octubre, un 41,98% más que en el mismo periodo de 2024. Las importaciones de Marruecos han aumentado un 272,1%, pasando de 7.341 a 27.325 toneladas. Sin embargo, las importaciones de Egipto han caído de 105.502 a 28.805 toneladas debido a su transformación en productor de zumo de naranja.
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Alberto Martínez