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La DGT cumple 67 años y, en lugar de celebrar el pastel, se encuentra con que el invitado de honor —el conductor— ha dejado de saludarla. Desde su nacimiento el 30 de julio de 1959 como Jefatura Central de Tráfico, el organismo ha pasado por 14 directores generales. Entre ellos, Pere Navarro se llevó la medalla al más veterano con 16 años al mando, aunque probablemente también el trofeo al más odiado por quienes pagan las multas. La estrategia ha sido clara: gestionar el asfalto a base de sablazos y represión. Pero el problema de basar tu autoridad solo en la cartera ajena es que, llega un punto, la gente simplemente deja de tener miedo. El resultado es una insumisión silenciosa que hace que las nuevas normas parezcan sugerencias opcionales. Tomemos la baliza V16: un fiasco monumental donde menos del 50% de los conductores se han molestado en comprarla. La ingeniería financiera del pánico no funcionó tan bien que una de las empresas fabricantes acabó en preconcurso de acreedores. Es el mismo cuento con los patinetes; desde principios de año obligan al registro y seguro, pero ni el 10% cumple. Los ayuntamientos ahora tienen los almacenes llenos de chatarra confiscada porque nadie quiere jugar según las reglas. Mientras tanto, el móvil sigue pegado a la oreja hasta que el coche ve el uniforme. Y es que el uniforme escasea. La Agrupación de Tráfico sobrevive con menos de 9.000 agentes cuando hacen falta 11.000 para que España no sea un mapa de zonas liberadas. Hay demarcaciones que son auténticos desiertos de patrullas. Incluso los ayuntamientos, que suelen ser los primeros en obedecer por miedo al presupuesto, ya ningunean la norma de eliminar la posición ámbar y el verde peatón simultáneos. Dinero y tiempo, dicen. Traducción: 'haz lo que quieras, que ya no te creemos'.
Hacer campaña es un arte, pero hacerla con el bolsillo ajeno es una maestría. Pedro Sánchez ha decidido jugar la última carta antes del 29-N con una precisión de cirujano electoral: un 'aguinaldo' exprés para 12,5 millones de votantes. No es generosidad, es ingeniería financiera aplicada al voto. Por un lado, Yolanda Díaz acelera la maquinaria para adelantar la subida del SMI cuatro meses, saltándose la costumbre de febrero para que el trabajador sienta el billete en la mano justo antes de marcar la papeleta. Un movimiento que deja a la CEOE y Cepyme pagando el pato, mientras el SMI presume de un 66% de subida desde 2018, dejando en ridículo el 23% del incremento salarial medio. Por otro lado, tenemos el festín de las pensiones. Gracias a la ley de José Luis Escrivá, que indexa las pagas al IPC, Moncloa no tiene que inventar nada; solo tiene que esperar a que el INE suelte el dato el 27 de noviembre. Dos días antes de las urnas, 9,54 millones de jubilados sabrán que su nómina sube, probablemente un 3,5% debido a una inflación que en septiembre alcanzó el 4,9%, la más alta en 45 meses. Es el truco perfecto: el Gobierno se cuelga la medalla, pero la factura de más de 7.000 millones de euros la paga una Seguridad Social que ya arrastraba un agujero de 7.387 millones al cierre de 2025. Al final, la cuenta es sencilla. Mientras el ciudadano medio ve que la lista de la compra es un deporte de riesgo, el Estado utiliza el dinero público como un imán de votos. El resultado es una subida lineal donde quien cobra la máxima se acerca a los 3.500 euros, y el coste lo asumimos todos en la factura final de la deuda pública.
Parece que hemos confundido la Navidad con un simulacro de supervivencia. Mientras el ciudadano medio intenta que la cesta de la compra no requiera un préstamo hipotecario, el sector energético nos suelta la bomba: lo peor está por llegar. Estamos volviendo a los tiempos de la invasión rusa, pero con el agravante de que ya no nos sorprende que nos tomen el pelo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desempolvado el manual de 'recetas repetidas', aplicando descuentos en carburantes y recortes fiscales que son, en esencia, poner una tirita en una fractura expuesta. Los números no mienten, aunque intenten maquillarlos. Mibgas ya nos avisó con el MWh disparado a 75 euros, un capricho que arrastra a la electricidad hasta los 180 euros por la bendita regla de que el más caro manda en la fiesta. Pero preparen los abrigos y el ahorro, porque enero y febrero de 2027 prometen ser un auténtico sablazo. Tempos Energía, con Antonio Aceituno al timón, advierte que si el estrecho de Ormuz sigue cerrado, la luz podría bailar entre los 150 y 170 euros por MWh. Es decir, pagar el doble que el año pasado por el simple hecho de no querer congelarse en el salón. El cóctel es explosivo: la desaparición del GNL ruso el 1 de enero y una Alemania desesperada por llenar sus depósitos. En el peor de los casos, con un frío que muerda y Ormuz bloqueado, el gas podría superar los 105 euros/MWh, catapultando la luz hasta los 189 euros. Si el estrecho abre, el alivio tarda semanas porque los metaneros no vuelan. En resumen, estamos a merced de un calendario caprichoso y de una geopolítica que nos usa de moneda de cambio mientras nosotros miramos el contador de la luz con el mismo pánico que quien mira una bomba de tiempo.
Hay que tener courage, o quizás una capacidad de gimnasia mental digna de un circo romano. La UGT, bajo el mando de Pepe Álvarez, ha decidido que el próximo 11 de noviembre es el día ideal para que el país se detenga en una huelga general. El motivo: salarios dignos para que el trabajador no tenga que vivir en una caja de zapatos. Un discurso impecable, redondo y muy cómodo, siempre y cuando no mires hacia la calle Hortaleza 88, en pleno corazón de Chueca. Mientras el sindicato se llena la boca hablando de la crisis habitacional y se abraza al Sindicato de Inquilinas para coordinar la movilización, su antigua sede —un convento del siglo XVII— se está transformando en un hotel de lujo. No cualquier hotel, sino un establecimiento de la cadena Pulitzer Hoteles con 42 habitaciones donde el precio medio por noche rondará los 600 euros. Para que nos entendamos: una sola noche en ese hotel cuesta más que el alquiler mensual de muchos de los trabajadores que la UGT invita a hacer huelga. Es el clásico 'haz lo que yo digo, pero no mires mi cartera'. La ironía alcanza niveles estratosféricos si recordamos que en 2022 el edificio fue ocupado por grupos de ultraizquierda precisamente para denunciar este 'pelotazo'. En aquel entonces, la policía identificó a 25 personas que gritaban contra la especulación. Hoy, el sindicato ha decidido que la mejor forma de gestionar su patrimonio no es crear vivienda social, sino firmar un contrato de larga duración donde una hotelera internacional se gasta 10 millones de euros en reformas mientras la UGT cobra el alquiler sin mover un dedo. Una ingeniería financiera brillante que deja el discurso social en el cajón y pone el beneficio inmobiliario en el escaparate, justo a tiempo para las elecciones del 29 de noviembre.
Hay que tener una fe ciega en el mercado del cobre para pensar que saltarse la valla de una vía férrea a oscuras es un plan de jubilación viable. Dos señores, uno de 38 y otro de 63 años —una pareja intergeneracional de 'emprendedores' del metal—, decidieron que 70 metros de cable en Bedia eran el tesoro perdido que solucionaría sus problemas financieros. El plan era sencillo: cortar, amontonar y desaparecer. Lo que no calcularon es que el tendido eléctrico tiene una memoria más corta que la paciencia de un conductor en hora punta; las alarmas saltaron antes de que pudieran decir 'chatarra'. En el fragor de la huida, nuestros protagonistas aplicaron la técnica del despojo selectivo: dejaron atrás un hacha y ropa diversa, como si estuvieran montando un mercadillo improvisado en mitad del sabotaje. Mientras el personal de seguridad de la empresa ferroviaria llegaba para contemplar el desastre y el montón de cable que no llegó a ser dinero, la Ertzaintza ya estaba jugando al gato y al ratón. La persecución terminó con la localización de un turismo que, más que un coche, parecía una ferretería sobre ruedas, repleto de herramientas para manipular las vías. El desenlace es la joya de la corona de la eficiencia procesal: tras ser arrestados por robo con fuerza en grado de tentativa, los dos implicados quedaron en libertad. Básicamente, fueron a dar un paseo nocturno por las vías de Vizcaya, conocieron la hospitalidad de las dependencias policiales y volvieron a casa a esperar que el juez les mande una invitación formal para explicar por qué el cobre es más atractivo que el sueño.
Hay una diferencia abismal entre el despacho climatizado de Moncloa y el salitre que se come la cara en la frontera de Ceuta. Mientras Pedro Sánchez repartía felicitaciones por la 'humanidad' de los agentes, la realidad en el terreno olía a improvisación y a agua estancada. El escenario es surrealista: el Tribunal Supremo, el pasado 8 de julio, decidió cerrar el grifo de las devoluciones en caliente, y tres semanas después, la frontera se convirtió en una puerta giratoria sin llave. No fue una entrada, fue un tsunami. Más de 80.000 personas cruzaron en menos de 48 horas. Para que nos entendamos, es como si intentaras vaciar un estadio de fútbol usando una cuchara de postre mientras tu jefe te dice que lo estás haciendo con mucha sensibilidad. Los guardias civiles, que según el artículo 104 de la Constitución deben garantizar la seguridad, pasaron de ser agentes de ley a ser socorristas improvisados y, finalmente, recolectores de cadáveres. Sacaron un centenar de cuerpos que Marruecos, con la elegancia de quien ignora una factura vencida, se negó a reconocer, obligando a enterrarlos en el cementerio Sidi Embarek a partir del 21 de agosto. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva gritando que amplíen los espigones del Tarajal y Benzú desde el 6 de febrero de 2014, cuando 14 personas se ahogaron en un salto de 200. Pero en el lenguaje de la administración, 'pedir ayuda' es un deporte invisible. Ni siquiera la entrada de 10.000 personas en mayo de 2021 sirvió para mover un solo saco de cemento. Rachid Sbihi, con 30 años de servicio, lo resume con una ironía amarga: el Gobierno puso una 'boya ridícula' donde hacían falta muros. Ahora, 10.000 personas deambulan por las calles mientras los agentes se quedan con la medalla de la 'humanidad' y el vacío de no haber tenido órdenes concretas.
Hay quienes roban un móvil para sobrevivir y hay quienes montan una ingeniería logística para secuestrar perros que corren más que el presupuesto público en campaña electoral. En Bollullos de la Mitación, la tranquilidad del campo se topó con una banda que decidió que ocho galgos federados eran el botín perfecto. No eran mascotas cualquiera; eran atletas de élite, joyas deportivas con pedigrí y registro nacional, lo que en el mercado negro equivale a tener un Ferrari en el jardín. La Operación Alxaraf-lebrel no fue un paseo por el parque. El Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor tuvo que rastrear el rastro de una organización que operaba con la precisión de un reloj suizo y la ética de un buitre. El destino final de los canes: el barrio de Las Tres Mil Viviendas, en Sevilla, donde los cuatro implicados creyeron que el anonimato del hormigón borraría el rastro de los perros. Pero aquí es donde la historia pasa de ser un simple robo a una escena de horror quirúrgico. Para borrar la identidad de los animales y evitar que un lector de chips los delatara, los delincuentes aplicaron una 'cirugía de calle' brutal. A dos de los ejemplares les arrancaron el microchip con incisiones invasivas, sin anestesia ni escrúpulos, dejándolos al borde de infecciones graves que requirieron asistencia facultativa urgente. Mientras el dueño veía cómo violaban su propiedad, estos personajes trataban a los perros como si fueran electrodomésticos que necesitan un reset de fábrica. Al final, la Guardia Civil cerró el cerco. Cuatro detenidos, ocho perros recuperados y una lección de crueldad que demuestra que, para algunos, el lucro rápido justifica cualquier mutilación. El derecho a la propiedad es sagrado, dicen los juzgados; el sufrimiento animal, aparentemente, es solo un efecto colateral del negocio.
Vivir en España se ha convertido en un deporte de riesgo financiero, una especie de lotería donde el premio es un piso compartido con tres desconocidos y un alquiler que devora el sueldo antes del día diez. Mientras el ciudadano de a pie intenta hacer malabarismos con la lista de la compra, el Banco de España nos suelta una cifra que marea: un déficit de más de 700.000 viviendas. No es un agujero, es un abismo. Pero claro, la solución no es ponerse las pilas, sino tirar el freno. BBVA Research, en su última dosis de realismo, ha decidido que las previsiones eran demasiado optimistas. Han recortado la construcción de unas 20.000 casas para 2026 y 2027. Ahora esperan que se terminen entre 130.000 y 140.000 unidades, cuando antes se hacían ilusiones con el rango de 140.000 a 160.000. Es como si te prometieran una cena completa y, al final, te sirvieran solo la entrada porque 'la cocina está lenta'. La hipocresía del mercado es deliciosa: nos dicen que los precios subirán menos, pasando de un 11,5% en 2026 a un 5,5% en 2027. Para el analista en su torre de cristal, eso es una 'moderación'. Para un joven que ve cómo su salario es un chiste comparado con la hipoteca, es simplemente que el sablazo es un poco más suave, pero sigue doliendo igual. Entre los tipos de interés que muerden y una renta que no levanta vuelo, el acceso a la vivienda se ha vuelto un club privado donde solo entran los que ya tienen el patrimonio heredado. El resultado es un mercado residencial que no se ajusta, sino que se enquista, dejando a los de rentas bajas mirando la vitrina desde la acera de enfrente.
Hay promesas que tienen la fecha de caducidad de un yogur dejado al sol. En 2022, el PSOE se puso la capa de superhéroe feminista y anunció que aboliría la prostitución con una solemnidad que ya quisiera un cardenal. Pero claro, entre la teoría del despacho y la realidad del asfalto hay un abismo. La cruzada abolicionista se ha desinflado como un globo pinchado, dejando el camino libre para que el escándalo sea el único protagonista. Porque mientras el Gobierno hablaba de salvar mujeres, la realidad se filtraba por las grietas: el caso Mediador con Tito Berni, los audios de José Luis Ábalos y Koldo García, y esas saunas del suegro de Pedro Sánchez que parecen sacadas de una novela de espionaje barata. Como bien soltó Cayetana Álvarez de Toledo, pasamos de la ley utópica a ser el Gobierno que 'le puso un piso a una puta en la Plaza de España'. El desplome fue lento pero seguro. Primero intentaron colar el abolicionismo en la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero en 2022, pero el injerto fue rechazado por el cuerpo parlamentario y casi tumba la ley entera. Luego presentaron su propia norma en junio de 2022, que murió por inanición al acabar la legislatura. Y para rematar el cuadro, en 2024, bajo el mando de Ana Redondo, ni siquiera lograron que el Congreso aceptara tramitarla. Hasta Sumar, que suele ir en el mismo barco, decidió saltar por la borda y votar en contra. Mientras los políticos juegan al Monopoly con la vida ajena, las trabajadoras sexuales viven en un limbo jurídico que es un auténtico laberinto. Sin reconocimiento laboral, quedan a merced de ordenanzas municipales de civismo que funcionan como una máquina de hacer multas. Luna Wine pone el ejemplo: una mujer con 6.000 euros en sanciones por 'uso intensivo de la vía pública'. Básicamente, el Estado no sabe si eres una trabajadora, una delincuente o un mueble urbano, pero sabe cobrarte la factura.
Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de gestionar un país es como quien gestiona una hucha que no es suya: sacudiéndola hasta que no quede ni un céntimo. Mientras el presidente se lanza a unas elecciones el 29 de noviembre tras el desplome de sus decretos de vivienda —esos que intentó colar dividiéndolos en un texto 'real' y otro 'de adorno' para engañar a Junts—, el Gobierno prefiere presumir de una economía que tiene más maquillaje que una novia el día de su boda. Nos venden un PIB envidiable, pero olvidan mencionar que está dopado con gasto público y que el paro es una obra de ficción gracias a los fijos discontinuos. Pero el verdadero espectáculo está en la factura. Según la IGAE y Funcas, la recaudación de impuestos y cotizaciones en 2025 ha alcanzado la cifra astronómica de 641.488 millones de euros. Para que nos entendamos: es el 38% del PIB. Un récord histórico que no es fruto de la prosperidad, sino de un sablazo coordinado. El incremento respecto al año anterior fue de 49.528 millones de euros, una cantidad que haría temblar a cualquier familia al mirar el extracto bancario. Lo más cínico es el reparto del botín. De ese aumento, más de 28.400 millones recaen sobre el factor trabajo (IRPF y cotizaciones), mientras que el IVA y los Impuestos Especiales aportan 16.700 millones y el Impuesto de Sociedades apenas 6.400 millones. Básicamente, el Gobierno hace lo contrario a lo que piden la Comisión Europea y la OCDE: en lugar de aliviar al trabajador, le usa como cajero automático. Y no se engañen, que con una inflación acumulada del 20,2% entre 2020 y 2025 y una previsión del 4% para 2026, la mano del Estado seguirá metida en nuestro bolsillo hasta que el cuero se rompa.
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Rosa Muñoz