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En la política, como en el mercadillo, hay quien intenta colar el producto vencido y convencerte de que es una ganga. Lorena Suárez, quien timoneó el PSOE en Argentina entre julio de 2022 y agosto de 2024, decidió que las reglas del juego electoral eran más bien sugerencias. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un papel mal sellado, Suárez lanzó un vídeo invitando a los votantes de las generales del 23 de julio de 2023 a presentarse con el pasaporte caducado. Sí, así de sencillo: que el documento esté vencido no era un problema, sino un detalle irrelevante para inflar la hucha de votos del PSOE. La ingeniería financiera electoral no se quedó ahí. La estrategia consistía en usar el DNI argentino para retocar el censo, una maniobra de 'maquillaje' administrativo para asegurar que el voto llegara a donde interesaba. Y no estaba sola en este baile; el ministro José Manuel Albares también dio el visto bueno a votar en Buenos Aires con documentos sin foto o caducados. Es la magia de la Ley de Nietos: una fábrica de pasaportes que en Argentina alcanzó cifras delirantes. A finales de julio de 2025, el país sumaba 366.579 solicitudes (el 40% mundial), con 174.277 expedientes ya aprobados. Para rematar la jugada, el Gobierno ha enviado a sus mejores 'comerciales' a Buenos Aires. Desde José Ramón Gómez Besteiro y Adrián Barbón hasta María Chivite y la ministra Milagros Tolón, todos han aterrizado en suelo sudamericano para movilizar a este nuevo electorado. Como bien admitió Violeta Alonso, la arquitecta de este despliegue, el objetivo es lograr un 'impacto significativo' en las próximas citas. Básicamente, han convertido la nacionalidad en una herramienta de marketing electoral donde el pasaporte es el ticket de entrada y la fecha de caducidad es solo un número.
Hay una magia contable en Moncloa que ya quisiera cualquier ilusionista de Las Vegas. Mientras Pedro Sánchez ha logrado que el bolsillo del ciudadano se vacíe con 141 subidas de impuestos —una recaudación récord de 213.000 millones de euros—, el Gobierno ha decidido que invertir en el país es un lujo prescindible. No es solo que Óscar Puente esté en modo 'avión' en el Ministerio de Transportes; es que el Estado ha aplicado una ingeniería financiera digna de un libro de terror. Traduzcamos los números del IPEF y José Ramón Riera al idioma de la calle: mientras el gasto general del Estado crece un 7,7%, el de Transportes cae un 9,5%. Es como si en tu casa decidieras comprarse un coche nuevo y reformar el salón, pero dejaras que el tejado se caiga a pedazos porque 'no hay presupuesto'. El Ministerio ha recortado sus inversiones reales un 5,5%, mientras el resto del Estado se daba un festín con un aumento del 17,7%. Lo más cínico es el truco de las partidas. No es que el presupuesto fuera corto, es que Puente ha movido el dinero de sitio. Ha detraído 1.331,6 millones en 2024 y 2.349,8 millones en 2025 de las inversiones para pasarlos al gasto ordinario. En cristiano: han quitado dinero para hacer carreteras y trenes para gastarlo en el día a día del despacho. El resultado es un desastre: la infraestructura de carreteras ha perdido el 35,2% de su volumen, pasando de 2.119,9 a 1.373,9 millones de euros. Y el tren, ese gran emblema, es la cenicienta del presupuesto: con 1.801,6 millones disponibles a agosto de 2026, solo han reconocido 130,6 millones. Un 7,2% de ejecución. Básicamente, han dejado 2.917,4 millones en inversiones en el cajón, cogiendo polvo mientras el país sigue circulando por carreteras que piden clemencia.
En el tablero del poder, hay jugadas que no son estrategia, sino puro sabotaje con sello institucional. Mientras el ciudadano medio espera meses para que le den una cita en el médico o ve cómo la factura de la luz hace malabares con su presupuesto, en el CGPJ han decidido que el Tribunal Supremo puede funcionar con 'huecos' hasta que pasen las elecciones del 29 de noviembre. Así de sencillo: los nueve vocales sanchistas, siguiendo la partitura de Félix Bolaños, han puesto el freno de mano a los nombramientos. No es un descuido administrativo, es una gestión de inventario político. Tenemos un agujero contable de justicia: cuatro plazas en la Sala Penal (tras las jubilaciones de Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo, más un jurista) y dos en la Sala Tercera, incluida la presidencia que dejó Pablo Lucas. Pero esperen, que la lista de la compra sigue: otras nueve plazas convocadas en septiembre repartidas entre las salas Civil, Penal, Contencioso y Social, además de la presidencia del TSJM. Para llenar estos asientos hace falta el voto de 13 de los 21 miembros. Como los sanchistas no ceden, el sistema se queda en pausa. En medio de este tiroteo, Carlos Hugo Preciado, el vocal de Sumar que se atrevió a no leer el guion y apoyó el reparto paritario, ha pasado de ser un colega a ser el 'traidor' oficial del bloque izquierdista. Todo esto mientras Isabel Perelló preside un Consejo donde la independencia de criterio parece ser un concepto exótico, casi mitológico. Al final, la justicia espera, pero el calendario electoral manda. El mensaje es claro: el derecho a un juez es secundario frente a la conveniencia de un voto.
Hacienda ha decidido actualizar el software de su 'aspiradora' de fondos. A partir del 2 de noviembre de 2026, la AEAT implementa un nuevo sistema de comunicación con los bancos para que el embargo de cuentas sea más quirúrgico. La gran novedad es el 'código 13': una etiqueta digital que le avisa al banco que en esa cuenta cae el sueldo o la pensión. Suena a protección, ¿verdad? Pues no se emocionen. Que Hacienda sepa que ahí está tu nómina no significa que el dinero sea intocable, sino que ahora tienen un mapa más preciso para saber cuánto pueden morder sin que te quedes literalmente en la calle. Para los que creen que tener la nómina en la cuenta es un escudo mágico, bajen a la tierra. El código 13 no desbloquea el saldo automáticamente; es solo un aviso. Los límites legales siguen siendo los mismos: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es sagrado según el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero a partir de ahí, la escala es progresiva. Si ganas más del SMI, prepárate para que te lleven el 30% del primer tramo adicional. Es como cuando intentas ahorrar para las vacaciones y te das cuenta de que el banco ya ha pasado la factura de la luz y el seguro del coche: el dinero desaparece antes de que puedas decir 'impuestos'. El calendario es un laberinto: los bancos que usen EDITRAN empiezan el 2 de noviembre, mientras que los de REST esperan al 1 de marzo de 2027. Mientras tanto, si Hacienda te traba la cuenta, tienes veinte días naturales antes de que el dinero viaje al Tesoro. Eso sí, si quieres recuperar tu dinero, no basta con decir 'es que es mi sueldo'. Tendrás que hacerte el arqueólogo de tus propios extractos bancarios para demostrar el origen de cada céntimo, porque según el TEAC, si mezclas ahorros con nómina, la protección se vuelve borrosa. En resumen: la tecnología ha avanzado, pero el hambre de la Administración sigue siendo la misma.
Imaginen la escena: miércoles 4 de noviembre, 8:05 de la mañana. El ritual sagrado de llevar a las niñas al colegio en Pamplona. El padre llega al aparcamiento de la avenida de Carlos III, segunda planta, convencido de que su coche está más cerrado que la cartera de un político en campaña. Pero el destino, o más bien la torpeza del intruso, tenía otros planes. Las pequeñas, con esa vista de rayos X que solo tienen los niños, fueron las primeras en notar que el habitáculo no estaba vacío. Había un invitado no deseado, un hombre de origen magrebí, acomodado en el asiento como si estuviera esperando un Uber. El padre, en un despliegue de reflejos que ya quisiera cualquier portero de primera, lo atrapó antes de que pudiera hacer el truco de magia de desaparecer. Mientras el hombre levantaba las manos —bajo la sospecha razonable de que pudiera llevar algún juguete peligroso—, la gravedad hizo el trabajo de detective. Al aire volaron las pruebas: un tarjetero con cuatro tarjetas de crédito, el DNI, el permiso de conducir, la tarjeta sanitaria y la de acceso al trabajo. Básicamente, el kit completo para suplantar la identidad de alguien sin tener que hacer el esfuerzo de pensar. Para rematar la jugada, unas gafas Carrera aterrizaron en el suelo, como el trofeo de una cacería fallida. Lo más delirante es que el sujeto, ya retenido y con el agua al cuello, insistía en que tenía una mochila en 'otro coche'. Una confesión que suena a 'me he pasado el día haciendo el tour por el parking'. Mientras el dueño del vehículo se pregunta cómo demonios entró alguien en un coche con cierre automático, la Policía Municipal de Pamplona cerró el chiringuito. Una mañana normal convertida en una lección de seguridad vial y ciudadana, cortesía de un intruso con nula capacidad de camuflaje.
En Navarra han intentado domesticar el mercado inmobiliario a base de decretos y el resultado es un accidente ferroviario en cámara lenta. Mientras el Gobierno de María Chivite y su consejera Begoña Alfaro se venden como los salvadores del alquiler, los datos del Consejo General del Notariado cuentan otra historia: una caída del 18,8 % en las compraventas de agosto. Para que nos entendamos, mientras el resto de España se desploma un 9,8 %, en Navarra el mercado no ha caído, se ha tirado por el balcón. Es la paradoja del 'estoy ayudando': declaran 21 municipios como zonas tensionadas —afectando a casi el 70 % de la población, incluyendo Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla— y, mágicamente, el acceso a la vivienda se vuelve un deporte de élite. El metro cuadrado ha escalado hasta los 1.959 euros, y los pisos han pegado un salto del 17,6 %, situándose en los 2.361 euros. Es como intentar bajar la fiebre de un paciente echándole gasolina al fuego. Incluso las casas unifamiliares han subido un 6,5 %. La ingeniería financiera del Ejecutivo foral incluye soltar 104 millones de euros para recomprar viviendas que ya eran públicas y que acabaron en manos de fondos. Básicamente, pagar el rescate de sus propios muebles. Mientras tanto, las hipotecas retroceden un 9,4 %, confirmando que el ciudadano medio prefiere mirar el catálogo de Idealista como quien mira escaparates de lujo: con deseo, pero sin cartera. Chivite y Alfaro se escudan en una encuesta propia que dice que el 80 % de los navarros los apoya, pero el mercado no lee encuestas, lee precios. Y los precios, en Navarra, están en el Everest mientras las operaciones están en el sótano.
Hacer negocios con la Administración es como jugar al póker con alguien que puede cambiar las reglas cuando ya has puesto todas tus fichas sobre la mesa. En Noáin-Esquíroz, una comunidad de propietarios decidió jugar al juego de la sostenibilidad. Instalaron placas solares para sus zonas comunes confiando en una promesa escrita: la Resolución 273E/2024, que les adjudicaba una ayuda de 4.034,80 euros. Para el ciudadano de a pie, que cuenta los céntimos en la compra del súper, cuatro mil euros son la diferencia entre un proyecto viable y un agujero en la cuenta corriente. Pero el Gobierno de María Chivite tiene un sentido del humor muy particular. Después de que los propietarios hicieran la inversión basándose en ese 'sí' oficial del 23 de agosto de 2024, el Servicio de Transición Energética decidió que, en realidad, no tenían derecho a un duro. El 30 de marzo de 2026, con los paneles ya brillando bajo el sol, llegó el sablazo administrativo: el expediente se archivaba porque la parcela no era residencial. Lo cómico es que los afectados avisaron desde el 9 de marzo de 2022 que estaban en un polígono industrial, pero la propia Administración les dijo que lo hicieran por la vía residencial. La hipocresía alcanza su cenit cuando el Departamento de Industria, el 23 de junio de 2026, se lavó las manos diciendo que todo estaba perfecto. Tuvieron que intervenir el Defensor del Pueblo con la resolución Q26/467 el 3 de agosto de 2026 para recordarles que existen cosas llamadas 'garantías jurídicas' y 'procedimientos legales'. Básicamente, le han dicho al Ejecutivo que no pueden borrar una concesión con un borrador mágico sin dejar que el afectado abra la boca. Una gestión brillante: primero te invitan a la fiesta, te hacen pagar la entrada y, cuando llegas, te cierran la puerta en la cara.
El Gobierno ha decidido jugar al 'recupera el tiempo perdido' con un Real Decreto que entrará en vigor el próximo 25 de diciembre. La jugada es sencilla: permitir que ciertos deportistas profesionales y ministros de culto de las iglesias evangélica y adventista sumen años de trabajo que, hasta ahora, eran invisibles para la Seguridad Social. Básicamente, es como si te devolvieran el cambio de una compra que hiciste hace décadas y que dabas por perdida. La medida rescata los periodos desde el 15 de marzo de 1980 hasta que cada disciplina entró en el Régimen General. Los ciclistas, que pedaleaban sin red, se integraron en 1992; los basquetbolistas, un año después, en 1993, y los del balonmano tuvieron que esperar hasta 1998. El resto de disciplinas cerraron el grifo en 2003. Para Elma Saiz, ministra de Inclusión, esto es 'hacer justicia' con colectivos que no tenían paraguas social. Muy noble, pero hay un detalle que escuece: los futbolistas se quedan fuera. Claro, los futbolistas tienen su propia normativa, su propio ecosistema y, probablemente, una cuenta bancaria que no necesita que el INSS le rescate cuatro años de cotización para llegar al 100% de la base reguladora. Para conseguir este 'bono' de jubilación, no basta con decir que se era una estrella local. Hace falta un certificado del club o, si el club ya es un recuerdo borroso, de la federación. El trámite se hace ante el INSS, ya sea presencialmente o peleándose con la sede electrónica. Eso sí, no hay magia: estos años sirven para alcanzar el mínimo o mejorar la cuantía, pero no permiten pasarse del 100% de la pensión ni duplicar cotizaciones. Es un parche generoso, pero con límites muy claros para que la caja no se desangre.
Hay niveles de cinismo que hacen que el precio de la luz parezca una broma de mal gusto. En Montijo, Badajoz, una mujer decidió que la maternidad no era una vocación, sino un modelo de negocio. Mientras cualquier ciudadano medio se rompe la espalda para pagar el alquiler, esta señora convirtió sus propios partos en una línea de montaje: algunos bebés nacían en hospitales, pero otros eran 'productos' fabricados en casa, en la clandestinidad de su vivienda de Badajoz, para evitar que el rastro administrativo arruinara la transacción. No hablamos de un desliz, sino de una ingeniería financiera del horror. La mujer vendió al menos a seis de sus hijos a una red de tráfico de menores. Seis vidas tratadas como si fueran muebles de segunda mano en un portal de ventas online. La Policía Nacional, a través de la UFAM, tuvo que jugar al detective internacional para rescatar a los pequeños, algunos de los cuales ya habían cruzado la frontera hacia Portugal. El operativo, que culminó este miércoles, no se quedó en la frontera. Hubo detenciones simultáneas en Montijo, Badajoz capital y Linares, en Jaén. En total, seis personas terminaron esposadas, incluida la madre y un hombre que la acompañaba en Montijo. Incluso se registró la casa de un matrimonio portugués, probablemente los 'compradores' que creían haber hecho una adquisición legal. Ahora, los niños están en manos de los servicios sociales, intentando entender que el amor materno, en su caso, tenía un precio de mercado. La policía ahora rastrea si esta mujer era solo una pieza del engranaje o la gerente de su propia red de suministros humanos.
Hay que tener una elasticity mental asombrosa para mirar un tsunami humano y convencerse de que es una excursión escolar. Pere Joan Pons, el delegado del Gobierno en Baleares, ha decidido que el Derecho Internacional es como el menú del día: se elige lo que conviene. Para Pons, la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio no fue una invasión, sino un desfile de 'adolescentes con camisetas de la Selección Española'. Una lectura tan optimista que roza el surrealismo, mientras el resto del mundo llamaba a aquello asedio. El contraste es, sencillamente, un sablazo a la lógica. Mientras Pons le sugiere a Manuel Pavón, director general de Inmigración del Govern balear, que 'se lo haga mirar', los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil describen una escena mucho menos inocente. No eran chavales buscando un autógrafo; eran seis navíos marroquíes —dos interceptoras, dos patrulleras y dos barcos pequeños— haciendo de 'guías turísticos' en el límite del mar territorial. Una coreografía perfecta donde los militares marroquíes se quedaron de brazos caídos, mirando cómo la avalancha superaba la frontera. Es fascinante que quien ahora coordina la seguridad en Baleares, donde las pateras llegan con la puntualidad de un reloj suizo, prefiera el debate semántico sobre la definición de 'operación militar' antes que admitir que la soberanía española fue pisoteada. Para el delegado, si no hay tanques, no hay invasión. Es como decir que no hay incendio porque no han usado gasolina, aunque la casa esté reducida a cenizas. Al final, la realidad es que mientras en los despachos de Palma se juega con el diccionario, en Ceuta se gestionó el caos y en las costas baleares se sigue tirando de una tarjeta de seguridad que parece estar siempre sin fondos.
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Rosa Muñoz