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Las mandarinas son una fruta imprescindible en una dieta saludable, recomendada por expertos para consumir entre dos y tres piezas diarias. Rica en vitamina C y minerales como potasio, calcio y magnesio, esta fruta ayuda a reforzar el sistema inmunológico, combate el estreñimiento y posee propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Sin embargo, la mayoría comete un error al consumirlas: desechar el albedo, la parte blanca y esponjosa entre la cáscara y la pulpa, que contiene hasta 20 veces más compuestos fenólicos y flavonoides que los gajos. La profesora Cristina Lora destaca que el albedo es rico en fibra soluble y antioxidantes, reduciendo los niveles de colesterol LDL en sangre. Con un consumo óptimo entre septiembre y marzo, las mandarinas ofrecen un sabor delicioso y un máximo valor nutricional.
En una escena de película, un joven de 31 años de origen ghanés se colgó de un puente en la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas tras perder un vuelo. La rápida intervención de la Policía Nacional evitó una tragedia. El hombre, desesperado por no tener dinero para comer ni para comprar otro billete, había solicitado ayuda en la Comisaría del aeropuerto apenas una hora antes. Aunque los agentes le ofrecieron comida y avisaron a Samur-Protección Civil, el hombre no se calmó. La Policía encontró al hombre sin pulso y comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Tras 20 minutos de esfuerzos, lograron reanimarlo y lo trasladaron al Hospital Ramón y Cajal con pronóstico reservado. La actuación de los agentes fue crucial para salvarle la vida.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encargado al economista Manuel Illueca, actual presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la titánica misión de movilizar 60.000 millones de euros en las empresas a través del fondo soberano del Estado español. Illueca, un experto en gestión crediticia y financiación de proyectos con dinero público, carece de experiencia en el sector privado, lo que ha generado escepticismo en algunas grandes empresas. Su nombramiento se produce en un contexto en el que España busca implementar un fondo soberano similar al de Noruega o los estados petroleros del Golfo Pérsico, con una primera partida de 10.500 millones procedentes de fondos europeos. El objetivo es movilizar un total de 120.000 millones, con la mitad proveniente de las administraciones públicas y los 60.000 millones restantes de las empresas. La iniciativa, presentada sin consultar previamente con el sector privado, ha generado dudas sobre su viabilidad. El economista Santiago Sánchez destaca que los multiplicadores de inversión previstos son muy superiores a los del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, que resultó en un fiasco en la ejecución de los PERTE. El ICO, bajo la dirección de Illueca, había impulsado líneas de inversión ligadas a fondos europeos, pero tuvo que renunciar al 95% de las partidas comunitarias por falta de ejecución. La misión de Illueca se complica aún más por la falta de confianza del sector empresarial, que ha mostrado su descontento con las políticas del Gobierno, como la reciente subida del salario mínimo interprofesional sin la presencia de representantes empresariales.
Borja Cabezón, íntimo amigo y colaborador de Pedro Sánchez, ha declarado prácticamente los mismos ahorros en sus cuentas corrientes en 2020 y 2025, pese a haber ocupado varios cargos públicos con retribuciones elevadas durante ese periodo. En 2020, declaró 17.600,83 euros en depósitos, mientras que en 2025 la cifra fue de 17.506,50 euros, apenas 94 euros menos en cinco años. Durante este tiempo, Cabezón acumuló salarios que superaron los 300.000 euros brutos. Su carrera política incluye puestos como director del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y consejero delegado de ENISA, con retribuciones anuales de hasta 98.474 euros y previsiblemente más de 100.000 euros en ejercicios posteriores. Pese a estos ingresos, el saldo en sus cuentas corrientes permaneció prácticamente congelado. La declaración de 2025 refleja cambios en otros apartados, como un aumento en el valor declarado de bienes inmuebles de 184.960,15 euros a 579.272 euros y un pasivo de 295.840,97 euros. Fuentes fiscales explican que la cifra declarada en depósitos no necesariamente refleja el total del patrimonio financiero, sino solo el saldo en cuentas corrientes o de ahorro. La estabilidad de sus ahorros coincide con una polémica sobre el posible uso de empresas y testaferros para eludir impuestos, lo que el PSOE niega. La coincidencia temporal entre la publicación de su declaración de bienes y la polémica sitúa a Cabezón en el centro del foco político.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría manipulado las primarias del PSOE en 2017 junto a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, según revelaciones de El Español basadas en el contenido del teléfono de Koldo. Los mensajes de WhatsApp muestran instrucciones para intervenir en votaciones en Navarra y otras comunidades autónomas. La expareja de Koldo, Patricia Úriz, habría introducido papeletas falsas y modificado actas. Los mensajes también señalan la implicación de otros colaboradores en Valencia, Madrid y Andalucía. La manipulación incluyó suplantación de votantes y alteración de censos. El escándalo se suma a denuncias previas de irregularidades en las primarias de 2014 y 2017. La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ya había cuestionado la legitimidad de la elección de Sánchez en 2017. Los hechos revelan una red de colaboradores y una posible trama de corrupción en el seno del PSOE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo plan para construir 15.000 viviendas al año mediante un fondo soberano de 23.000 millones de euros. Sin embargo, esta promesa se suma a una larga lista de anuncios similares que no se han materializado en nuevas construcciones. La iniciativa 'España Crece' pretende dar prioridad a la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible y social, combinando financiación a largo plazo con soluciones de inversión en capital. El anuncio se produce en un contexto de inmigración masiva e irregular, lo que podría aumentar la presión sobre el mercado de la vivienda. Según Funcas, la regularización masiva anunciada por PSOE y Podemos podría beneficiar a casi un millón de personas, lo que podría generar un efecto llamada y aumentar el flujo migratorio en otros 212.000 inmigrantes anuales. El déficit de viviendas en España es de unos 700.000 inmuebles, según el Banco de España.
El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, ha generado un intenso debate en la izquierda madrileña al sugerir que el movimiento LGTBI no debe 'invisibilizar' a los 'chicos varones'. Sus declaraciones en eldiario.es fueron recibidas con críticas feroces por parte de compañeros de partido, como Jimena González y Carla Antonelli, quienes las calificaron de 'completo disparate' y 'torpeza inmensa'. El propio Más Madrid se desvinculó de sus palabras a través de redes sociales, afirmando que 'la mayor visibilidad del colectivo LGTBIQ+ no borra a nadie ni invisibiliza a otros'. El diputado del PSOE Víctor Gutiérrez también se sumó a las críticas, argumentando que la visibilidad LGTBIQ+ no implica la invisibilización de otros grupos. Finalmente, Delgado pidió disculpas, admitiendo que estuvo 'muy poco fino' en sus declaraciones y que tratará de explicarse mejor en el futuro.
La noticia revela que Borja Cabezón y Ferraz mintieron sobre su estructura empresarial y el uso de testaferros para eludir impuestos. Documentos de la Agencia Tributaria acreditan la existencia de un entramado mercantil con ramificaciones en Costa Rica, vinculado a Cabezón y a la sociedad británica Glengrove Limited. Estos documentos, intervenidos en abril de 2016, muestran que Cabezón continuó usando los servicios de Nummaria, un despacho dirigido por el fiscalista Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel en julio de 2025 por crear estructuras para eludir impuestos. La Audiencia Nacional detalló que Nummaria facilitó sociedades opacas en varios países, permitiendo a clientes como Cabezón evadir impuestos sin ser detectados. Cabezón y Ferraz desmintieron estos hechos, pero los documentos prueban que mintieron sobre la existencia de empresas en el extranjero y el uso de testaferros. El caso evidencia la complejidad de las redes de evasión fiscal y la implicación de figuras públicas.
En un tenso enfrentamiento dialéctico y digital, la diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, ha corregido públicamente las informaciones que circulaban sobre las intenciones de su formación y Vox respecto al uso del velo integral en España. Muñoz lanzó un ataque frontal contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusándola de 'mentir' para proteger una prenda que, según Muñoz, oprime a la mujer. La polémica gira en torno al burka, una túnica integral que cubre todo el cuerpo, incluso los ojos con una rejilla, y que es vista por Muñoz como una 'cárcel' para las mujeres, mientras que Díaz considera que prohibirlo vulnera la libertad religiosa. El debate ha llevado a aclaraciones sobre las diferencias entre hiyab, niqab y burka, prendas islámicas que han generado controversia. Muñoz subrayó que defender la libertad de la mujer es incompatible con normalizar el burka, y aclaró que su partido no busca distorsionar la realidad sobre estas prendas. La discusión se intensificó cuando Díaz vinculó la prohibición del burka con una vulneración de derechos constitucionales, específicamente los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, que garantizan la igualdad ante la ley y la libertad ideológica y religiosa. Muñoz respondió con contundencia, acusando a Díaz de mentir y de no ser feminista. El intercambio de acusaciones y aclaraciones ha puesto de relieve la complejidad del debate sobre la libertad religiosa, la igualdad de género y los límites de la libertad de expresión en España.
En un intento de fraude durante un examen de conducir en Palma, dos hombres pakistaníes de 40 y 26 años fueron imputados por la Guardia Civil por suplantación de identidad. El examen, celebrado el 12 de febrero, fue suspendido tras detectar irregularidades en la documentación de uno de los aspirantes. La investigación reveló que ambos habían pactado el intercambio de identidades para que uno aprobara en nombre del otro. El suplantador, de 26 años, tenía antecedentes por hechos similares en Zaragoza y viajó desde Barcelona hasta Mallorca para realizar la prueba. La Guardia Civil considera que el acuerdo fue premeditado y organizado. Ambos hombres fueron imputados por un presunto delito de falsedad documental.
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Rocío Delgado