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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, protagonizó un bochornoso momento en un directo de Instagram al no recibir ninguna pregunta de sus seguidores. A pesar de invitar a sus seguidores a hacerle preguntas sobre el salario mínimo y otros temas de interés, el silencio fue total. Díaz se mostró visiblemente nerviosa, gesticulando y pidiendo que se animaran a hacerle preguntas. Finalmente, decidió comenzar a hablar sin que nadie le hubiera preguntado nada. Este incidente se suma a otras polémicas recientes protagonizadas por Díaz, como sus controvertidas declaraciones sobre la prohibición del burka, argumentando que vulneraría la Constitución española. Sus palabras han generado un intenso debate en redes sociales.
El Partido Popular ha lanzado un ataque directo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de 'boicotear' la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La acusación surge tras la negativa del Ministerio del Interior a localizar a Julio Martínez Martínez, señalado como posible testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, para que comparezca en el Senado el próximo jueves 26. Según el PP, esta negativa es una 'excusa ridícula' dado que Julio Martínez Martínez fue detenido y está imputado, lo que facilitaría su localización. El PP sugiere que el intento de 'torpedear' la declaración se debe al temor de lo que Martínez podría revelar. La formación liderada por Feijóo destaca que el testimonio de Julio Martínez es 'clave' para la investigación del 'escándalo de Plus Ultra', ya que todo apunta a que podría ser el testaferro de Zapatero, habiendo cobrado una comisión por el rescate y posteriormente devolviendo el dinero a través de facturas fantasma por asesorías a Zapatero y a la empresa de sus hijas. El PP advierte que si Marlaska impide la comparecencia, buscarán fórmulas alternativas para asegurarse de que Julio Martínez rinda cuentas.
En un giro inesperado, España se queda fuera de la mesa de negociación sobre el futuro del Sáhara Occidental, pese a que la cumbre crucial se celebrará en Madrid a mediados de marzo. La reunión, convocada por Estados Unidos en su embajada, reunirá a representantes de Marruecos y el Frente Polisario, junto con emisarios de la ONU y observadores de Argelia y Mauritania. España, considerada potencia administradora según resoluciones de la ONU, brillará por su ausencia. La Administración Trump busca acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo antes del 31 de octubre, fecha en que expira el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso). Marruecos presenta un plan de autonomía, mientras el Frente Polisario insiste en un referéndum de autodeterminación pactado en 1991. El conflicto del Sáhara, enquistado durante décadas, enfrenta posturas irreconciliables. España, que abandonó la colonia en 1975 tras la Marcha Verde, ha variado su postura tradicional al respaldar el plan marroquí en 2022, en una decisión controvertida tomada por Pedro Sánchez sin consulta parlamentaria.
La polémica sobre la neutralidad de RTVE ha alcanzado un punto crítico. Un análisis del Instituto Juan de Mariana revela un sesgo izquierdista en la televisión pública, con tres impactos negativos contra la oposición por cada crítica al Gobierno. El estudio, basado en el procesamiento de datos con software especializado, cuestiona la equidad en un ente financiado con recursos públicos. Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de publicaciones del Instituto, analiza los datos en el podcast 'Economía Para Quedarse Sin Amigos', invitando a reflexionar sobre el modelo mediático actual.
En el corazón de Cataluña, la comarca de Maresme se enfrenta a un fenómeno alarmante: hay más viviendas okupadas que disponibles para alquiler. Según datos recientes, esta situación pone de relieve la gravedad de la crisis habitacional en la región. Con un parque inmobiliario considerablemente afectado por la okupación, los propietarios se ven desamparados ante la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades. La situación en Maresme no solo refleja un problema local, sino que también pone en evidencia las deficiencias en la política de vivienda a nivel nacional. Expertos señalan que la falta de regulación y control ha llevado a este colmo de la okupación. Mientras tanto, los vecinos y propietarios claman por soluciones urgentes para revertir esta tendencia que amenaza con desestabilizar aún más el mercado inmobiliario.
La Administración Pública española ha gastado más de 720.000 euros en 2025 en medidas de seguridad contra la ocupación ilegal de viviendas y locales públicos, contradiciendo la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez de que la okupación es un problema 'minoritario'. Entre los contratos adjudicados se encuentran el suministro de puertas antiokupas, sistemas de alarma y cerramientos antivandálicos por parte de empresas como Wallner Europa y Grupo Torneo Seguridad. Destaca un contrato de 491.204,58 euros para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y otro de 123.420 euros para la Junta de Andalucía. Estos gastos revelan una discrepancia entre las declaraciones públicas del Gobierno y las acciones emprendidas para proteger viviendas públicas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a los guardias civiles patrullar a pie en diversas zonas de España debido a la falta de vehículos policiales. En Loja (Granada), por ejemplo, los agentes deben turnarse para patrullar a pie o en el único vehículo operativo disponible, dependiendo de las condiciones climáticas. Mientras tanto, vehículos de lujo asignados a mandos permanecen sin usarse en las instalaciones policiales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia esta situación como un 'despropósito' y critica la falta de medios para los agentes, contrastando con gastos excesivos en merchandising, jardinería y equipamiento no esencial. El número de delitos en España aumentó un 0,8% en 2025 respecto a 2024, con incrementos significativos en homicidios, secuestros y agresiones sexuales.
El chef español Ángel León compartió su secreto para freír pescado a la perfección. Según León, el truco está en no pasar el pescado por agua dulce antes de enharinarlo, ya que esto hace que pierda su sabor original. En su lugar, recomienda llevar el pescado directamente a una mezcla de tres harinas: harina de trigo, harina de garbanzos y harina de freír pescado. Esta combinación, asegura, da como resultado una fritura fina, crujiente y sin exceso de grasa. Además, León enfatiza la importancia de freír el pescado con aceite de oliva a la temperatura adecuada, ni demasiado caliente ni demasiado frío, para evitar que absorba el líquido. Para acompañar el plato, sugiere ensaladas frescas y ricas en fibra. León también destaca la importancia de escurrir bien el pescado frito sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Entre los pescados recomendados para freír están la merluza, el gatuzo, la corvina, el lenguado y la pescadilla, cada uno con sus características particulares que los hacen ideales para diferentes preparaciones.
La Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) ha enviado millones de euros en subvenciones a Cabo Verde, un archipiélago frente a las costas africanas, para proyectos que van desde el apoyo a la 'economía azul' hasta el empoderamiento de mujeres. Entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, se han registrado varias transferencias por un total de más de 4,3 millones de euros. Las partidas incluyen 600.000 euros para 'Apoyo presupuestario en Sector Economía Azul' en marzo de 2022, 800.000 euros para 'Sostenibilidad económica, social y ambiental del sector del turismo' en noviembre de 2022, y 1.000.000 euros al Ministerio de Finanzas de Cabo Verde en diciembre de 2025, entre otras. La falta de transparencia en la utilización de estos fondos y la naturaleza de los proyectos financiados han generado interrogantes sobre la gestión de estos recursos.
El juez José Ignacio Vilaplana investiga el Plan Linares Futuro, activado por la Junta de Andalucía en 2011 para recolocar a 750 trabajadores tras el cierre de Santana Motor. El auto judicial del 16 de febrero revela que 17 personas cobraron anticipos sin ser beneficiarios y que se concedió un préstamo de 1.497.343,36 euros a la Asociación '28 de Febrero' sin garantías suficientes. La investigación apunta a posibles delitos de prevaricación y malversación, involucrando a ex directivos de la Agencia IDEA y representantes de la asociación beneficiaria. El mecanismo de pago, canalizado a través de transferencias de financiación de capital de IDEA, 'eludía controles y fiscalizaciones', según el auto. Figuran como investigados Bienvenido Martínez, ex directivo de IDEA, y Francisco S. J. y Salvador C. G., representantes de la Asociación '28 de Febrero'. El plan, firmado con UGT y CCOO, incluía una prestación mensual a más de 700 ex trabajadores, prometiendo recolocación en empresas tecnológicas que nunca llegaron.
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Rocío Delgado