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Una misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 ha descubierto que alrededor de la mitad de los supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de determinación de edad fueron finalmente declarados adultos. El informe, fechado el 12 de febrero de 2026, revela que Marruecos acepta únicamente el 8% de las devoluciones tramitadas por España. La delegación, encabezada por el eurodiputado polaco Bogdan Rzońca, analizó la gestión de la ruta atlántica y el funcionamiento de los sistemas de acogida en Tenerife y Gran Canaria. Las autoridades canarias informaron que se realizaron unas 1.500 pruebas de determinación de edad, de las cuales 'alrededor de la mitad' resultaron en adultos. El Gobierno autonómico destacó que había destinado 192 millones de euros a la gestión migratoria sin recibir fondos directos de los 560 millones transferidos por la UE a España. El informe también subraya la falta de cooperación de Marruecos en las repatriaciones, rechazando la mayoría de las devoluciones iniciadas por España. Frontex indicó que no tiene medios navales ni aéreos propios en la ruta canaria, limitándose a tareas de apoyo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido pillado intentando ocultar su domicilio habitual. La Audiencia de Badajoz le ha pedido que facilite su dirección para recibir una citación para un juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Inicialmente, ofreció la dirección de su abogado en Cáceres, pero la Audiencia descubrió que era el despacho del letrado y no su residencia real. Ahora, ha decidido personarse en los Juzgados para recoger la citación en persona. La vista oral está programada entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Recientes informaciones sitúan a David Sánchez viviendo en La Moncloa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional concluyendo que Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, eliminó datos de su móvil relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El análisis forense de los dispositivos incautados reveló la ausencia de información relevante en el periodo investigado, lo que obligó a los investigadores a reconstruir las comunicaciones y actuaciones acudiendo a otros dispositivos incautados. La UCO sitúa a Pardo de Vera en contacto directo con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, en fechas clave. El informe también conecta la adjudicación con el entorno de Víctor de Aldama, señalado como uno de los vértices de la trama. La Guardia Civil detectó pagos periódicos y movimientos patrimoniales coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones bajo investigación. El juez autorizó en junio de 2025 la entrada y registro en domicilios vinculados a Pardo de Vera, incautando nueve dispositivos electrónicos y diversa documentación. El oficio no formula acusaciones formales, pero consolida una línea de investigación que sitúa a Pardo de Vera en el epicentro de las decisiones adoptadas en torno al contrato de mascarillas.
El Ministerio de Cultura ha lanzado una advertencia a los beneficiarios del Bono Cultural Joven tras la difusión en redes sociales de un vídeo que muestra a un grupo de jóvenes intentando usar el bono para acceder a una discoteca de Madrid. Según el departamento dirigido por Ernest Urtasun, aquellos que utilicen el bono de forma 'fraudulenta' deberán reintegrar los importes a la Administración. Además, las empresas que permitan el uso indebido serán penalizadas y podrían ser expulsadas del programa. El Bono Cultural Joven es una ayuda de 400 euros destinada a jóvenes de 18 años para productos y servicios culturales, que puede utilizarse en más de 3.800 establecimientos en toda España. El bono se divide en tres categorías: 100 euros para productos físicos, 100 euros para productos digitales y 200 euros para artes escénicas. La iniciativa cuenta con una dotación de 170 millones de euros y ha beneficiado a 277.594 personas en su primer año, aumentando a 338.443 en 2024.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se citó con Javier de Paz, alto directivo de Telefónica, en un restaurante de Madrid el 5 de noviembre de 2023. La reunión, que duró más de una hora, se produjo apenas 72 horas antes de que el empresario Julio Martínez fuera arrestado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. De Paz fue clave en la creación de Análisis Relevante SL, la sociedad instrumental que cobró más de medio millón de euros de Plus Ultra, la aerolínea venezolana que recibió un rescate de 53 millones de euros cuando Zapatero era presidente del Gobierno. Los investigadores de la UDEF están analizando si los informes elaborados por esta sociedad eran reales o simulados. De Paz, quien ha percibido más de diez millones de euros en su carrera en Telefónica, también asesoró a Zapatero en sus desplazamientos a Venezuela para evitar dejar rastro. El próximo lunes, Zapatero comparecerá en el Senado para responder por varios escándalos de corrupción.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe que clasifica a los españoles en clase baja, media o alta según sus ingresos. Según este estudio, para ser considerado clase media en España, un individuo debe tener un salario mensual de entre 1.343 y 3.581 euros. Esta clasificación se basa en la renta mediana nacional, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en 18.316 euros en 2023. Así, aquellos con ingresos netos por debajo del 75% de la mediana (13.737 euros brutos anuales o menos) son considerados clase baja, mientras que quienes superen el 200% de la mediana (más de 36.632 euros brutos anuales) son clasificados como clase alta. El informe destaca la precariedad económica en España, donde el 25,8% de la población (12,5 millones de personas) está en riesgo de pobreza o exclusión social, y el desempleo juvenil alcanza el 25,6%, cifras que superan la media de la Unión Europea. A pesar de las declaraciones optimistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los datos reflejan una realidad económica complicada para millones de españoles.
Un enjambre masivo de langostas procedentes de Marruecos ha invadido las Islas Canarias, generando preocupación entre los agricultores y las autoridades locales. A pesar de la situación, las asociaciones agrarias canarias mantienen la calma, ya que están habituadas a estos episodios y cuentan con los medios necesarios para afrontarlos. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha solicitado información actualizada al Ministerio de Agricultura y ha pedido que se aclare si se van a adoptar medidas para hacer frente a la plaga. Hasta ahora, se han registrado episodios puntuales en varias islas, incluyendo Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Los expertos señalan que las precipitaciones inusuales en Marruecos han propiciado la rápida multiplicación de las langostas, que han llegado a Canarias empujadas por los vientos de componente este o sureste. Se espera que el enjambre sea de adultos que están finalizando su ciclo y no supongan un problema grave.
En un giro inesperado, el alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, ha amenazado con expedientar al policía local Jorge, quien inició una huelga de hambre el pasado martes para exigir una conciliación familiar. Jorge, padre de nueve hijos, busca un cambio de turno en su jornada laboral para ayudar a su mujer con la crianza de los pequeños. La situación se ha tensado tras un correo electrónico del comisario principal de la Policía Local de Parla, Eduardo Fernández Tejero, advirtiendo a Jorge de posibles consecuencias si persiste en su protesta. El agente ha respondido reafirmando sus derechos constitucionales y negando que su acción sea indecorosa o indigna para la institución policial. Mientras tanto, han comenzado a circular por internet fotografías manipuladas de Jorge con sus hijos, intentando desacreditarlo por supuestamente utilizar a los menores durante la huelga. Sin embargo, Jorge acude solo al Ayuntamiento, sentado en una silla, esperando una solución del Consistorio.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha visto cómo ninguna empresa se ha presentado a la licitación para revisar la seguridad de la presa de Forata, crítica durante la DANA de octubre de 2024. La revisión, obligatoria cada cinco años, lleva caducada desde 2017. La presa, considerada infraestructura hidráulica crítica, acumuló ingentes cantidades de agua durante la DANA, aunque resistió sin llegar a romperse. Finalmente, la tragedia se produjo por el desbordamiento del barranco del Poyo. El Gobierno pretende ahora subsanar las carencias de seguridad detectadas. La Mesa de Contratación se reunió el 21 de enero para evaluar las ofertas, pero ninguna empresa presentó una propuesta. El Ejecutivo admite el complejo recorrido burocrático de los proyectos para reducir el riesgo de inundación en la zona, destacando el 'riesgo muy elevado' que suponen los barrancos de rápida respuesta para la población. Entre las actuaciones proyectadas se incluye mejorar la cubierta vegetal y eliminar actividades económicas que alteran el territorio.
En un giro inesperado, Vicente Vallés ha desmontado la 'exclusiva' de Javier Ruiz en TVE sobre los audios del 23-F, revelando que las grabaciones ya se emitieron en 1997 en Antena 3 Noticias. El presentador de TVE atribuyó a su cadena el acceso a 125 horas de audio de las grabaciones del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, incluyendo una conversación entre Antonio Tejero y su mujer. Sin embargo, Vallés aclaró que estas grabaciones ya eran públicas desde hace casi 30 años. La controversia surge justo el mismo día en que Pedro Sánchez desclasificó los documentos del 23-F y en el que falleció Antonio Tejero a los 93 años. Las grabaciones originales incluían comunicaciones cruciales entre Tejero y Juan García Carrés, un dirigente del Sindicato Vertical durante el franquismo, quien fue clave en el control del golpe desde fuera del Congreso.
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Rocío Delgado