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La Unión Europea ha exigido al Ministerio de Sanidad de Mónica García que reforme su ley antitabaco después de que varios países alertaran de que la medida propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez era «desproporcionada». La ley, que busca modificar la norma antitabaco en 2025, ha sido criticada por Rumanía, Grecia e Italia por ir más allá de lo necesario para alcanzar la protección de la salud pública y por imponer una «carga desproporcionada» a la restauración y el ocio. La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha enviado un comentario en el que se hace eco de las opiniones de estos países, señalando que la norma propuesta por España podría crear ambigüedad en la definición de productos como los cigarrillos electrónicos y que no se ha demostrado que las medidas impuestas sean necesarias para alcanzar el objetivo de salud pública. Los países críticos argumentan que España no puede limitar los derechos más allá de lo que ya haya decidido Bruselas y que la norma podría provocar una «fragmentación del mercado interior».
En un cajón de nuestra casa, probablemente se esconde un tesoro inesperado. Un estudio reciente de ETH Zurich revela que los dispositivos electrónicos que desechamos contienen cantidades significativas de oro de 22 quilates. Investigadores suizos han desarrollado un método innovador para extraer este metal precioso utilizando esponjas fabricadas a partir de fibrillas proteicas derivadas de la industria del queso. Con apenas veinte placas base antiguas, lograron obtener 450 miligramos de oro. Este descubrimiento no solo reduce la dependencia de la minería tradicional, sino que también abre un nuevo nicho laboral en el sector del reciclaje y la química aplicada. La basura electrónica, uno de los residuos que más crece en el mundo, podría convertirse en una fuente valiosa de materiales. El método suizo combina sostenibilidad y rentabilidad, justo en un momento en que la sociedad exige modelos de consumo más respetuosos con el entorno. Recuperar oro de dispositivos electrónicos no solo evita que acaben en vertederos, sino que también reduce el impacto ambiental asociado a la extracción minera, uno de los procesos más contaminantes del planeta. Este avance podría transformar la forma en que vemos los residuos electrónicos, convirtiéndolos en recursos valiosos.
La Guardia Civil en Ceuta enfrenta graves dificultades en su lucha contra el narcotráfico debido a la precariedad de sus vehículos. Veinticinco patrullas de fiscal y fronteras están en condiciones pésimas, con más de 20 años de antigüedad y sobre 400.000 kilómetros recorridos. Los vehículos presentan problemas como parachoques sujetos con bridas, focos rotos o pegados con cinta adhesiva, y algunos incluso circulan sin airbag o devolviendo gases de combustión dentro del habitáculo. Esta situación ha sido denunciada por la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), que critica la falta de medios adecuados para combatir el narcotráfico y el contrabando. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene un discurso triunfalista sobre la lucha contra los narcos, contrastando con la realidad sobre el terreno. La IGC exige una mejora urgente de los medios materiales y un refuerzo de las plantillas para garantizar la integridad de las fronteras.
En un giro inesperado, el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió a Estados Unidos para modernizar las fragatas de la Armada española por un importe de más de 1.400 millones de euros, justo antes del enfrentamiento con la Administración Trump por el conflicto en Oriente Medio. La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) de EEUU aprobó la venta de material militar por valor de 1.700 millones de dólares en enero, lo que incluye sistemas de armas Aegis, procesadores de señales digitales y radares de búsqueda de superficie de nueva generación. Esta operación se produce en el marco de un programa de modernización de las fragatas F-100 de la Armada española, valorado en 3.200 millones de euros, y que será llevado a cabo por la empresa estatal Navantia. La venta respalda los objetivos de política exterior y seguridad nacional de EEUU, según Washington, y mejorará la capacidad de España para hacer frente a amenazas actuales y futuras.
El Gobierno español ha destinado 20 millones de euros en tres años a ONU Mujeres, una organización supranacional vinculada a la ONU que lucha por la igualdad de género. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha donado estas cantidades bajo la fórmula jurídica 'subvención dineraria sin contraprestación'. Los fondos han sido registrados en la base de datos nacional de subvenciones del Ministerio de Hacienda, con cantidades que van desde un millón de euros a casi cinco millones. En enero de 2026, se registraron cinco partidas que suman 13 millones de euros. ONU Mujeres utiliza un 'Fondo para la Igualdad de Género' para entregar dinero a organizaciones civiles nacionales lideradas por mujeres que cumplan ciertos requisitos, como centrarse en mujeres 'marginadas' y demostrar alianzas con instituciones públicas. La falta de transparencia en la gestión de estos fondos genera sospechas de posibles irregularidades.
El telediario chino CGTN, que emite el canal de Pablo Iglesias, ha destacado la postura de España contra la guerra en Irán, liderada por el presidente Pedro Sánchez. CGTN describe a Sánchez como un mandatario que se enfrenta a EEUU sin temor a represalias. La televisión estatal china, controlada por el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino, ha resaltado la posición crítica de España tras el ataque de EEUU e Israel. Aunque China condena el uso de la fuerza, su apoyo a Irán es principalmente político y mediático. El informativo de CGTN en español recoge la crítica de Iglesias a Sánchez, cuestionando su coherencia en política internacional y sugiriendo que España debería buscar nuevos aliados, como China. El acuerdo entre Canal Red e Iglesias para emitir el informativo de CGTN en español se anunció en octubre pasado. Se espera que Sánchez visite China a principios de abril, después de que lo haga Donald Trump.
El Gobierno ha designado los cargos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), organismo encargado de vigilar los contratos públicos en España. Aunque fue concebida como una entidad independiente, su estructura institucional mantiene al Ejecutivo en una posición determinante sobre su funcionamiento. La Oirescon depende administrativamente del Ministerio de Hacienda y sus responsables son nombrados por el Consejo de Ministros. La oficina fue creada en 2017 para reforzar la supervisión del mercado público y detectar posibles irregularidades en las licitaciones. Su misión es examinar cómo se adjudican los contratos públicos y detectar problemas que puedan afectar a la competencia o al uso eficiente de los recursos públicos. La presidencia del supervisor la ocupa actualmente María Luisa Araújo, nombrada en 2020 tras la dimisión de la primera responsable, María José Santiago, quien denunció la falta de medios y presupuesto para cumplir con su mandato. La normativa original preveía una renovación parcial de los miembros del órgano mediante sorteo, pero una reforma legal aprobada en 2022 eliminó este mecanismo, permitiendo al Gobierno designar directamente a los nuevos miembros.
Forestalia, el gigante energético aragonés liderado por Fernando Samper, ha estado contratando a una docena de políticos y exaltos cargos para impulsar sus proyectos. Entre ellos figuran el exministro de Industria José Manuel Soria, los exconsejeros catalanes Felip Puig y Josep Grau, y el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón Alfredo Boné. La Guardia Civil investiga presuntos sobornos relacionados con la adquisición de empresas vinculadas a estos políticos, como Viadós, que facturó un millón de euros en 2018 y fue adquirida por una filial de Forestalia por más de cuatro millones. Los investigadores sospechan que el pago incluía un sobreprecio por servicios prestados anteriormente por los exdirigentes. Forestalia también ha fichado a otros políticos y exfuncionarios, como Carlos Ontañón, Pere Palacín y Mercè Rius, para allanar el camino a sus proyectos energéticos.
El bacalao salado es un ingrediente fundamental en muchas recetas tradicionales españolas, especialmente en platos de Semana Santa y guisos. Sin embargo, antes de cocinarlo, es crucial desalarlo adecuadamente para evitar que quede demasiado salado y arruine el plato. El proceso de desalado comienza con la preparación del bacalao, cortándolo en trozos más pequeños si es necesario, lo que facilita la entrada del agua y la salida de la sal. Un paso rápido pero importante es pasar el bacalao por agua fría del grifo durante unos segundos para eliminar la capa superficial de sal. Posteriormente, se sumerge en un recipiente con agua fría, preferiblemente con la piel hacia arriba, y se deja en la nevera. El secreto para un desalado perfecto radica en cambiar el agua varias veces, idealmente cada 8 horas, para eliminar la sal que ha salido del pescado y permitir que siga soltando más. El tiempo de desalado varía entre 24 y 48 horas, dependiendo del grosor de las piezas. Para comprobar si está listo, se prueba un pequeño trozo; si el sabor está equilibrado, está listo para cocinar. Algunos consejos adicionales incluyen desalar siempre en la nevera, ajustar el tiempo según el tamaño de los trozos y no añadir sal a la receta hasta probar el bacalao desalado. Siguiendo estos sencillos trucos, se puede lograr un bacalao desalado perfecto para disfrutar en deliciosos platos.
Una trabajadora asturiana que llevaba casi diez años en una empresa como auxiliar administrativa fue despedida en febrero de 2025 por ineptitud sobrevenida tras una larga baja por problemas de espalda y una denegación de incapacidad permanente por parte del INSS. La empresa le envió un burofax comunicando el despido el mismo día, pero este figuraba solo como 'a disposición del destinatario', sin confirmación de entrega. La trabajadora impugnó el despido al descubrir que había sido dada de baja en la Seguridad Social. Un mes después, la empresa envió un segundo burofax que sí fue recogido. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró el despido improcedente porque la empresa no acreditó la correcta entrega del primer burofax. Ahora, la empresa deberá elegir entre readmitir a la trabajadora o pagar una indemnización adicional de 15.618 euros, sumada a los 16.704 euros ya abonados y 2.225 euros de finiquito. El caso podría llegar al Tribunal Supremo. La decisión judicial subraya que no basta con enviar el burofax, sino que es necesario probar su recepción.
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Rocío Delgado