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Hay quien dice que el mercado inmobiliario está imposible, pero en Ceuta algunos han decidido innovar con un modelo de negocio que haría palidecer a cualquier tiburón de Wall Street. Imaginen la escena: el número 91 de la calle Real se convirtió en un Tetris humano donde una pareja de ceutíes logró encajar a 25 personas. No hablo de una acogida solidaria, sino de una ingeniería financiera donde dormir en la cocina, en una habitación hacinada o, para los más 'premium', en los descansillos y el garaje, costaba la módica suma de 300 euros al mes por cabeza. Un alquiler que, comparado con la lista de la compra actual, parece un chiste, pero que en condiciones de insalubridad evidentes es, sencillamente, un negocio con la miseria. Pero la ambición no tiene techo. Mientras la Guardia Civil desmantelaba este hormiguero, la Policía Nacional descubría que en la barriada del Príncipe el lujo era dormir en el suelo de un garaje comunitario por 900 euros mensuales. Sí, han leído bien. Nueve cientos euros por un cemento frío, un precio que deja cualquier estudio de Madrid como una ganga. Para rematar la jugada, estos emprendedores del horror cobraban entre 5 y 10 euros solo por cargar un teléfono móvil; básicamente, un impuesto al oxígeno y a la batería. Entre los 25 rescatados del primer piso había seis menores de edad, todos remanentes de la invasión de julio. La trama no terminaba en el colchón sucio: el pase a la península se tasaba en 6.000 euros, bajo un régimen de amenazas de muerte para mantener el silencio. Mientras el Gobierno envía a cárceles peninsulares a los 70 perfiles más peligrosos por agresiones y robos, en las calles de Ceuta proliferan estos 'hoteles de garaje' donde la única ley es el rédito inmediato.
En el tablero político español, Ceuta se ha convertido en el tablero de Monopoly donde los ministros juegan con casas que no existen. Mientras el ciudadano de a pie intenta que la factura de la luz no le deje en números rojos, el Gobierno ha decidido que desalojar la playa del Trampolín es como montar un mueble de IKEA sin instrucciones: se ha aplazado la operación porque el 'campamento del Puerto' aún no está rematado. Básicamente, han querido mover a 1.500 personas de las 4.000 que viven allí, pero se han dado cuenta de que no tienen dónde meterlas. Un despliegue de eficiencia que haría llorar a cualquier gestor de barrio. En los pasillos del Congreso, el ambiente es de chợ (mercado). Pedro Sánchez, con la soltura de quien pide un crédito sin avales, ha aplicado la técnica del 'balón fuera'. Cuando le preguntan por los 700 a 1.000 menas que siguen durmiendo a la intemperie, su respuesta es un dardo directo: «Eso a Vivas, pregúntele». Una jugada maestra de ingeniería administrativa: si el problema es grande, busca a alguien con un cargo inferior y échale la culpa. Mientras tanto, el PP lo tacha de «amoral» y «sinvergüenza», y Marlaska, el ministro más reprobado de la legislatura, insiste en que el trabajo es «extraordinario». Claro, extraordinario es el optimismo que hace falta para decir que todo va bien mientras la Fiscalía investiga si el delegado Miguel Ángel Pérez Triano se quedó dormido al volante de la gestión. Para rematar la función, la Diputación de Badajoz ha decidido que no pedirá el reintegro de los 427.000 euros cobrados por David Sánchez y Luis Carrero. Un agujero contable que se cierra con un sello oficial, mientras en Ceuta los estudiantes huyen a Castilla-La Mancha porque estudiar en una ciudad invadida es un deporte de riesgo. Así es la España de 2026: mucha retórica europea de Von der Leyen en Estrasburgo, pero en la calle, el desalojo sigue esperando a que terminen de montar la carpa.
Hay que tener valor. Mucho valor. José María Figaredo, el secretario general de Vox en el Congreso, ha decidido que la geopolítica del norte de África se resuelve analizando el vestuario del Real Madrid. El pecado mortal de Vinicius, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté ha sido no lucir al completo una camiseta en homenaje a Ceuta tras el partido contra el Elche. Para Figaredo, que tres futbolistas no se pongan un trozo de tela es un 'desprecio' a los españoles, casi como si el destino de la integridad territorial de la nación dependiera de la elección de vestuario de tres tipos que cobran más en una tarde que un pueblo entero en una década. Es fascinante el razonamiento: reconoce que los jugadores son 'muy libres' de defender sus causas, pero nos recuerda que nosotros también somos 'muy libres' de indignarnos porque tres millonarios no pasen por el aro. Es el clásico reproche de quien ve el mundo en blanco y negro mientras los protagonistas están jugando en otra liga, literalmente. Pero claro, la camiseta es solo el aperitivo. El plato fuerte es la insistencia de Vox en que España se retire de organizar el Mundial junto a Marruecos, alegando una 'guerra híbrida' y una 'invasión' que el Gobierno de Pedro Sánchez ignora mientras, según ellos, se queda 'cruzado de brazos'. La narrativa escala rápido. Pasamos de una camiseta no puesta a una 'traición' histórica. Figaredo ha pedido al Partido Popular que se anime a aplicar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez, quien, según el portavoz, usa la posible visita del rey Felipe VI a Ceuta como una cortina de humo para no mencionar al rey de Marruecos. Al final, la crónica es la de siempre: usar un desplante deportivo para intentar dinamitar la Moncloa, convirtiendo un asunto de marketing en el campo en una cuestión de Estado.
Hay quien juega al Monopoly con la vida real y luego se sorprende cuando llega la factura. Una mujer de nacionalidad neerlandesa decidió que el 'bijstand' —esa ayuda de último recurso que en España llamaríamos el IMV para quien no tiene ni donde caerse muerto— era un complemento ideal para su plan de ahorro secreto. Durante casi once años, la señora cobró la prestación como madre soltera, mientras en Marruecos mantenía una cuenta bancaria abierta desde julio de 2013 que, convenientemente, olvidó mencionar en los formularios oficiales. Cuando la pillaron, soltó la perla de que era para un seguro funerario; una justificación tan creativa que el tribunal decidió ignorar por completo. Pero el verdadero 'sablazo' no fue la cuenta, sino la ingeniería inmobiliaria. En 2017, la protagonista se lanzó a comprar un piso en Nador. Para que el Ayuntamiento de Den Bosch no sospechara que alguien que vive de la asistencia social tiene liquidez para ladrillos, aplicó el truco del testaferro familiar: primero puso la casa a nombre de la hermana y luego a nombre de la hija. Un juego de sillas musicales inmobiliario para ocultar que el dinero salía de su bolsillo. La casa de naipes cayó en mayo de 2024 gracias a un chivatazo sobre trabajos en negro y una pareja oculta. Aunque el servicio Weener XL no pudo acreditar los 2.000 euros mensuales de limpiezas informales ni los pagos de 37.000 y 30.000 euros por el inmueble, la opacidad fue su sentencia. El tribunal, el 14 de julio de 2025, decidió que quien oculta el patrimonio pierde el derecho al beneficio de la duda. El resultado: una deuda de 162.324,21 euros que ahora deberá devolver. Un precio carísimo por intentar vivir en dos mundos financieros a la vez.
Gobernar sin Presupuestos Generales del Estado es como llevar la tarjeta de crédito del vecino en la cartera: el límite es la imaginación y el control, inexistente. En este escenario de 'cheque en blanco', el Consejo de Ministros ha decidido que es un momento estupendo para jugar a ser el mecenas del mundo. Han soltado una primera partida de 83.778.707 euros en contribuciones voluntarias a entes como la OIT y la OMS. Resulta casi tierno el timing, considerando que Yolanda Díaz y Mónica García miran esas instituciones con el deseo con el que uno mira un escaparate de lujo. ¿Filantropía pura o estamos pagando la reserva del asiento para sus futuros cargos internacionales con el dinero de todos? Pero la generosidad no se queda en Ginebra. El Gobierno ha decidido que el agua potable es más urgente en El Salvador (4 millones), Colombia (3,1 millones para la comunidad Wayuu Las Delicias) y Yucatán (1,5 millones), mientras que en casa se crean 'comités de inversiones estratégicas' que huelen a chiringuito desde la distancia. Mientras tanto, el Ministerio de Bolaños ha priorizado el menú del día, ajustando gastos para contratar un servicio de restaurante y bar-cafetería en su sede. Prioridades. El despliegue de billetes sigue: 98 millones para helicópteros NH90, 17,2 millones en repuestos navales y 13 millones en simuladores H135. A esto sumamos 11,3 millones extra para la Agencia EFE, que ya disfruta de un presupuesto anual superior a los 60 millones, y unos 46 millones en el Ministerio del Interior para 'difundir resultados electorales'. En Ceuta, la cuenta sigue subiendo con 50 millones para autónomos y casi 400.000 euros para vallar colegios. Todo esto ocurre mientras el presupuesto oficial es, básicamente, un adorno de oficina.
Ursula von der Leyen ha decidido que el mejor momento para recordarles a los ceutíes que no están solos es desde la comodidad de Estrasburgo, más de un mes después de que la ciudad autónoma se convirtiera en el epicentro de un caos migratorio. Con la elegancia de quien firma un cheque sin fondos, la presidenta de la Comisión Europea lanzó su mantra: «la frontera de Ceuta es la frontera de Europa». Traducción para el ciudadano de a pie: el apoyo llega en forma de discurso, pero las vallas y el estrés los pusieron los españoles. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la compra semanal, Bruselas se dedica a repasar su 'hoja de ruta' en el SOTEU, proponiendo una ley de emergencia para que la próxima crisis no sea tan improvisada. Lo fascinante es el silencio sepulcral sobre el papel de Marruecos. Von der Leyen ha esquivado mencionar al vecino del sur con la misma destreza con la que un político evita una pregunta incómoda en un debate, a pesar de que casi 80.000 personas cruzaron la frontera los pasados 30 y 31 de julio. La estrategia es clara: endurecer el Pacto de Migración y agilizar las deportaciones. Magnus Brunner, el comisario de Interior y Migración, ha sido más directo: la prioridad es 'retornar rápidamente' a quienes no tienen derecho a quedarse. Brunner aterriza en Madrid este jueves para una ronda de visitas que parece más una agenda de cortesía que un plan de rescate, reuniéndose con Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres. Y claro, porque en este juego de sillas, el PP ya ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo también recibirá al comisario. Al final, Europa 'estará ahí', pero siempre llega justo a tiempo para la foto, nunca para el primer empujón.
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de hacer desaparecer datos justo cuando el aire empieza a oler a chamusquina. Muface, que hasta ayer era un libro abierto, decidió que el 27 de febrero de 2025 sus inmuebles debían entrar en el programa de protección de testigos. De repente, las direcciones exactas y el estado de los alquileres se esfumaron de sus registros oficiales, justo siete días antes de que THE OBJECTIVE soltara la bomba sobre los alquileres de la familia de Begoña Gómez. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. Mientras el madrileño medio paga un riñón por un zulo, la familia Gómez disfrutaba de un ático de 115 metros en pleno centro de Madrid por 850 euros al mes. Un tercio del precio de mercado. Un regalo que haría llorar a cualquier inquilino que tenga que tirar de tarjeta cada fin de mes para llegar al día 30. Y no era un descuido; en el edificio de San Bernardo 38, la mutualidad tenía tres propiedades (bajo, primer piso y sexta planta) con capitales asegurados que sumaban más de 1,2 millones de euros. Datos que, curiosamente, estaban en el BOE en 2020 y en el expediente 88/2024, pero que ahora son un secreto de Estado. La excusa es la clásica: 'protección de datos personales'. Una genialidad jurídica que llega justo cuando se descubre que Sabiniano Gómez Serrano y Francisco Gómez mantenían el contrato desde 2015. Lo más delirante es que el 61,54% de las propiedades del Fondo Especial (136 de 221) están libres. Tienen el parque inmobiliario vacío, pero prefieren borrar el mapa antes que explicar por qué algunos privilegiados pagan una renta de risa mientras el resto del mundo lucha contra la inflación.
Durante años, el Gobierno vasco gestionó la estadística policial como quien esconde el ticket del supermercado para que no vean los caprichos: omitiendo el origen de los detenidos. Pero la presión del PP y Vox terminó por doblar la muñeca de Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del PNV, quien el pasado 22 de octubre admitió que el cambio de criterio era inevitable. Ahora, la radiografía es cruda y no admite maquillaje. En el primer semestre de 2026, la Ertzaintza ha esposado a 5.050 personas; de ellas, 2.963 son extranjeros. Estamos hablando de un 58,7% de detenciones para un colectivo que apenas representa el 10,2% de la población según Eustat. Un contraste que no es un error de cálculo, es un abismo. Si miramos el desglose, la cosa se pone fea. De las 107 detenciones por delitos sexuales, 79 son extranjeros (un 74%). En los homicidios, el porcentaje es casi idéntico: 73,3%. Pero el verdadero 'sablazo' estadístico llega con el Magreb. Representan solo el 1,8% de los vecinos, pero se llevan el 64% de los hurtos y el 66% de los robos con violencia. Es una desproporción que hace que cualquier balance parezca una broma de mal gusto. Lo más curioso es que mientras el PNV rompe el tabú, el ritmo de arrestos no deja de subir: de 6.903 en 2021 pasamos a 9.222 en 2025, y este año podríamos rozar las 10.100 detenciones. Y si nos vamos a las cárceles, la historia se repite. De los 1.967 presos en agosto de 2026, 722 son extranjeros. Pero el dato que realmente dinamita la narrativa es el de los menores de 25 años: el 65,9% son foráneos. La realidad ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en una tabla de Excel difícil de digerir.
El arte de pasar la pelota ha alcanzado niveles olímpicos en los pasillos del Congreso. Pedro Sánchez, con la soltura de quien devuelve un paquete que no ha pedido, ha resumido la crisis de los menores en Ceuta en cuatro palabras: «Pregúntenselo a Vivas». Así de sencillo. Mientras unos mil niños inmigrantes no acompañados hacen de mobiliario urbano en las calles y playas de la ciudad autónoma mes y medio después del asalto masivo de finales de julio, el Presidente ha decidido que su función es la de espectador con mando a distancia. La aritmética del caos es fascinante. Tenemos a Juan Jesús Vivas en el ojo del huracán porque, según la ley de extranjería, él tiene las competencias. Pero claro, el Gobierno central intenta jugar al buen samaritano con un plan de choque y un real decreto-ley para que el reparto sea 'vinculante'. Traducción: quieren obligar a las regiones del PP a abrir la puerta, pero estas han cerrado el cerrojo con llave, probablemente por los pactos con Vox. Es como intentar organizar una cena comunitaria donde nadie quiere poner la mesa ni lavar los platos. Los datos son un laberinto. El Ministerio de Juventud e Infancia hablaba de trasladar urgentemente a 500 niñas a la Península, pero la realidad es que Sira Rego cifra en más de 700 las que siguen esperando una plaza. Mientras tanto, la solidaridad se mide en gotas: María Chivite acogió a cinco niñas en Navarra y Adrián Barbón ofrece otras cinco en Asturias. Un despliegue generoso que deja a la gran mayoría en el limbo. El Gobierno ni siquiera sabe cuántos hay exactamente; pasaron de cifrar 5.000 a admitir que podrían ser más de 10.000 inmigrantes, con 1.822 expedientes de adultos en trámite. Al final, entre el mando único de Ángel Víctor Torres y las pullas de Carlos Cuerpo a Esther Muñoz, los niños son la moneda de cambio en un partido de tenis político donde el premio es no tener la culpa.
Hay que tener un don especial para el surrealismo diplomático. Mientras en Ceuta todavía se sacuden el polvo del asalto masivo de abril, España se prepara para entregarle a Rabat un juguete nuevo y brillante. El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la particular habilidad de hacer malabares con la soberanía, ultima la entrega del Moulay Hassan. Sí, un patrullero Avante 1800 de 87 metros de eslora y 2.020 toneladas que sale orgulloso de los astilleros de Navantia en San Fernando. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo: el CNI avisó a Marruecos de las entradas masivas y Rabat decidió hacer oídos sordos; incluso la Policía Nacional señaló a sus agentes como los 'animadores' del caos en la frontera. Pero hey, los negocios son los negocios. El contrato, anunciado en enero de 2021 por María Jesús Montero, se mueve con la agilidad de un tiburón. El sablazo es de 130 millones de euros. Para que nos entendamos, es una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca una broma de mal gusto. Lo más exquisito de la ingeniería financiera es que el Banco Santander puso el combustible: un crédito de 95 millones formalizado en agosto de 2022. Básicamente, le prestamos el dinero para que nos compren el barco que luego usarán para vigilar sus aguas. El buque, botado el 27 de mayo de 2025 tras un corte de chapa el 3 de julio de 2023 y una quilla el 6 de septiembre de 2024, se entrega 'desnudo', sin armamento. Navantia deja el hueco para el cañón de 76mm y las ametralladoras, permitiendo que Rabat elija sus propios juguetes. Un millón de horas de trabajo y 250 empleos en Cádiz que, irónicamente, se pagan con la moneda de quien ignora los avisos de nuestra inteligencia.
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Alex Carmona