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El movimiento Black Lives Matter nació en 2014 tras el tiroteo de Michael Brown en Ferguson, Missouri. Inicialmente, testigos afirmaron que Brown había levantado los brazos y gritado 'No dispares' antes de morir. Sin embargo, investigaciones posteriores y pruebas físicas revelaron que el policía había disparado en un forcejeo. Una de las principales reivindicaciones de Black Lives Matter era que los policías llevaran cámaras corporales. Según los departamentos de policía adoptaron estas cámaras, las imágenes mostraron que la policía actúa con profesionalidad y que la mayoría de las personas tiroteadas son víctimas de sus propios actos. Los vídeos han reducido el apoyo al movimiento Black Lives Matter. Aunque sigue habiendo casos de abusos policiales, la hipótesis del racismo sistémico ha sido desmentida por las mismas cámaras que se exigieron para demostrarlo. El impacto de las cámaras corporales ha sido significativo, mostrando que la policía generalmente actúa con profesionalidad. La adopción de cámaras corporales por parte de la policía ha llevado a una reducción en el apoyo a Black Lives Matter. Las imágenes de los tiroteos han demostrado que la mayoría de las personas tiroteadas son responsables de sus propios actos. El movimiento Black Lives Matter ha perdido fuerza e influencia desde que las cámaras corporales se han vuelto comunes. La policía ha mostrado paciencia en situaciones de crisis, incluso cuando se enfrentan a personas trastornadas. El uso de cámaras corporales ha proporcionado una visión más clara de los incidentes policiales.
Pere Navarro, director general de la DGT desde 2004, ha perseguido reducir la tasa de alcoholemia. En septiembre de 2024 se modificó la tasa, reduciéndola a 0,2 g/l en sangre y 0,1 mg/l en aire. La propuesta, pendiente en el Congreso desde marzo, busca reducir accidentes. Navarro ha estado al frente de la DGT con ambos gobiernos, PP y PSOE. La tasa inicial en 1981 era de 0,8 g/l en sangre y se ha ido reduciendo progresivamente. En 2006 se endurecieron las penas por alcoholemia y se introdujo la posibilidad de que conducir bajo los efectos del alcohol se convirtiera en delito penal. La nueva tasa aún no ha entrado en vigor y Navarro ha pedido a los grupos políticos que trabajen para aprobarla cuanto antes.
Expertos informáticos analizaron la luz V16 y revelaron que transmite datos mientras está encendida. Aunque la DGT y la Agencia Española de Protección de Datos aseguran su anonimato, existen dudas sobre su privacidad. La luz V16 tiene geolocalización y puede almacenar datos de localización y trayecto. El protocolo de transmisión incluye campos como altitud y margen de error de centímetros. Existe un campo auxiliar sin uso definido que podría usarse en el futuro. La DGT podría relacionar el uso de la luz V16 con el vehículo que la porta. Los informáticos concluyen que se desconocen los planes futuros para la luz V16. La luz se conecta a una red y transmite información cuando está encendida. La DGT recibió millones de solicitudes para enviar pegatinas medioambientales en 2016. Las Zonas de Bajas Emisiones restringen la circulación según la etiqueta ambiental del vehículo. La etiqueta V16 sustituye a las antiguas pegatinas de la DGT. En 2016, la DGT envió millones de pegatinas de forma gratuita. Las restricciones de circulación aumentarán progresivamente. Los coches sin etiqueta o con etiqueta B y C serán los más afectados.
La empresa Nucleus Genomics lanzó una campaña publicitaria en Nueva York promocionando su servicio de edición genética para bebés. Ofrecen 'bebés a la carta' con características como ojos azules y cabello rubio. La campaña generó controversia por promover la eugenesia y el descarte de embriones. Nucleus Genomics colocó 1.000 anuncios en calles, 1.000 en metro y paneles en SoHo. Su fundador, Kian Sadeghi, defiende que su tecnología ayuda a evitar enfermedades genéticas. La empresa ofrece análisis de portadores y fecundación in vitro con pruebas genéticas. La campaña ha sido criticada por promover la 'cultura del descarte' mencionada por el Papa Francisco en 2021. La tecnología permite seleccionar características como altura e inteligencia. Los críticos acusan a la empresa de practicar eugenesia al promover la reproducción selectiva de rasgos humanos.
Cataluña lidera el ranking español de nacimientos en 2024 con al menos un progenitor extranjero. Gerona encabeza la lista con un 57.9%, seguida de Barcelona (52.8%), Lérida (51.5%) y Tarragona (49.7%). La media nacional es del 38.5%. La estructura económica de estas provincias, que combina turismo, industria y agricultura, ha generado una demanda constante de mano de obra, atrayendo a población inmigrante más joven y con mayores tasas de fecundidad. Esto compensa la baja natalidad de la población autóctona y envejece la pirámide de edad. Cataluña deberá gestionar esta transformación demográfica y garantizar un futuro sostenible e inclusivo. El crecimiento demográfico de Cataluña en 2024 se debe casi por completo al empuje de la población de origen extranjero. La provincia de Gerona tiene tres quintas partes de los nacidos con un progenitor extranjero. Barcelona es la provincia más poblada y el principal motor económico de Cataluña. Lérida muestra una significativa afluencia de población inmigrante debido a la necesidad de mano de obra en la agricultura y la industria agroalimentaria. Tarragona se beneficia de la actividad industrial, el turismo y la agricultura.
Luis García Montero ha recibido 25 premios en los últimos 7 años como director del Instituto Cervantes, más del doble que en los 40 años anteriores. Entre 1980 y 2018, ganó 11 premios prestigiosos como el Loewe y el Adonais de poesía. Desde 2018, ha recibido reconocimientos como el Blanquerna de la Generalidad de Cataluña y el Juchimán de Plata de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Su perfil político ha influido en la concesión de estos premios. García Montero es considerado un escritor minoritario en ventas, pero ha mantenido su presencia en el ámbito literario gracias a su faceta política. Ha sido director del Instituto Cervantes desde 2018, cargo que obtuvo gracias a la influencia de Pedro Sánchez. Su responsabilidad al frente del Cervantes no se ajusta a su perfil de poeta y profesor, sino más bien a su perfil político. La mayoría de los premios recibidos son de índole política y no necesariamente reflejan su valor como escritor.
La Acció Cultural del País Valencià (ACPV) organizó una manifestación en Alicante el 22 de noviembre de 2025 contra la declaración del Ayuntamiento que pide reconocer a la ciudad como municipio de predominio castellano. La protesta, convocada en las escaleras del IES Jorge Juan, contó con autobuses fletados desde Valencia, Gandía y Denia. La declaración del Ayuntamiento, aprobada el 26 de junio con los votos de PP y Vox, propone revisar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983 para incluir a Alicante entre los municipios de predominio castellano. Vox fundamentó su apoyo con datos del sondeo sociolingüístico de 2021, que indicaba que más del 70% de los alicantinos usa habitualmente el castellano. La ACPV denuncia 'agresiones al valenciano' y 'retroceso lingüístico' por parte de las instituciones valencianas. La manifestación está respaldada por subvenciones de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central, que han permitido mantener el activismo catalanista en la región. En mayo de 2024, la Generalitat de Cataluña concedió 100.000 euros a Escola Valenciana, y el Ministerio de Cultura destinó otros 100.000 euros a asociaciones que promueven la 'unidad lingüística' en el arco catalán. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, propuso reformar los estatutos de la Academia Valenciana de la Lengua para renombrarla como Academia de la Lengua Valenciana, lo que requiere una mayoría de tres quintos en las Cortes Valencianas. La medida busca reforzar la identidad lingüística valenciana frente a la visión unitaria del catalán. Además, Mazón anunció una futura Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano que vetará subvenciones a entidades que promuevan las tesis de los 'países catalanes' o nieguen el valenciano como lengua diferenciada.
Dos mineros murieron tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, Cangas del Narcea (Asturias), el 5 de junio. La mina había superado una inspección el día anterior. Un tercer minero resultó ileso. El accidente ocurrió en el nivel -2 de la explotación a 1.5 km de la entrada. La Brigada de Salvamento Minero de Hunosa y servicios de emergencia se desplazaron al lugar. El presidente del Principado, Adrián Barbón, regresó de Salamanca para seguir el accidente. La mina, gestionada por TyC Narcea, fue paralizada en abril tras un accidente en otra mina de la zona. La Dirección General de Minas había dado el visto bueno el 5 de junio para reanudar los trabajos. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, expresó su preocupación por el accidente.
La prensa internacional destaca la condena de dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo dictó la sentencia por filtrar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Medios como 'The Guardian', 'Le Figaro', 'The Telegraph', 'The Washington Post' y 'BBC' señalan que esta decisión judicial supone un golpe para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió a García Ortiz durante el proceso. La condena incluye una multa económica para indemnizar a González Amador. La prensa internacional subraya que esta sentencia se suma a las investigaciones por corrupción que afectan al entorno de Sánchez, incluyendo a su esposa y hermano. El caso ha tensado las relaciones entre el Gobierno de izquierdas de Sánchez y la oposición de derechas liderada por Díaz Ayuso. La sentencia es histórica, ya que es la primera vez que un fiscal general es condenado en España.
El PSOE se ha personado como acusación popular en el caso mascarillas de Almería a pesar de haber aprobado una reforma para prohibir a los partidos políticos ejercer dicha acción. La reforma, actualmente en trámite parlamentario, busca limitar la acusación popular a entidades no vinculadas con partidos políticos o sindicatos. El caso implica a varios políticos del PP de Andalucía, incluyendo al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón. El PSOE argumenta que actúa conforme a la ley vigente, aunque planea cambiarla. La reforma ha generado controversia, con partidos como PP y Vox oponiéndose a la limitación de la acusación popular. El ministro Félix Bolaños justificó la reforma señalando que la acusación popular es utilizada por ultraderechistas para perseguir a políticos progresistas. La aprobación de la reforma es incierta debido a la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
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Cristian Sanz